Otro capítulo más del daño que causa la partidocracia a la democracia nacional.

La República Dominicana no sale de un escándalo que pone en entredicho la credibilidad de la democracia.

Ahora es la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE), cuyos responsables de estos mensajes equivocados que se le envían diariamente a la ciudadanía tienen como protagonistas principales a los partidos políticos.

Todo se reduce a la manipulación del poder por parte de la llamada partidocracia, la cual está conformada por prácticamente todos los partidos, los grandes y los pequeños, que conforman la vida política nacional.

Son los grandes y los pequeños los que mantienen sumergido el país en un pantano que no parece tener salida en el futuro inmediato, porque su papel es sólo buscar dinero sin importar a qué precio.

La Cámara de Cuentas, que no hay forma de que cumpla con su rol,  y por su parte  la propia Junta Central Electoral, otro órgano corrompido hasta los tuétanos, pero que en el presente caso referido a la resolución emitida sobre la reserva de candidaturas, tiene toda la razón y algo más.

Sólo basta recordar el procedimiento del PRM, PLD, PRD y la propia Fuerza del Pueblo cuando de elegir un candidato democráticamente se trata.

Es de muy mala recordación la conducta del PRM cuando se debió escoger candidatos en algunas circunscripciones, cuya circunstancia fue aprovechada para violarlo todo, absolutamente todo, cuya conducta no es exclusiva de uno de los que conforman la partidocracia, sino de todos, absolutamente todos.

 La reserva de candidaturas, aparte de que lesiona la democracia interna de los partidos, representa una forma de presentar como candidatos a personas seriamente comprometidas con el bajo mundo y la ilegalidad nacional e internacional.

Ahí está la explicación de que el Congreso Nacional esté saturado de personas que no reúnen las condiciones éticas y morales para hacer las leyes que regirán la sociedad.

Por esta y por muchas más razones tienen toda la razón el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral con la emisión de una resolución que busca mejorar el derecho constitucional de elegir y ser elegible.

También es una forma de recuperar, aunque sea mínimamente, la credibilidad perdida por la democracia a través de los órganos y entes del Estado, así como de los mecanismos creados por éste para tener una mejor nación.

De manera, que la reacción de los partidos políticos no tiene otro propósito que darle continuación a maniobras poco éticas e inmorales a través de los procesos internos para escoger los candidatos a los diferentes cargos electicos que habrán de seleccionarse en el próximo certamen electoral.