Editorial
Otro caso más que pone en entredicho el sistema de justicia nacional.
El desenlace que tuvo este lunes el caso Antipulpo, independientemente de las razones que lo motivan, pone en un cuestionamiento permanente al sistema de justicia nacional.
Por un lado, pone en tela de juicio la capacidad del Ministerio Público por no haber hecho la diligencia necesaria para que el caso tomara otro curso, lo cual no es nada nuevo, y por otro lado impacta negativamente la credibilidad de los jueces que intervienen en los casos.
Todo ello tiene su razón de ser, porque si se hace un simple ejercicio de análisis, se puede concluir que resulta difícil hablar de confianza en el sistema de justicia nacional cuando ya han fracasado los casos Odebrecht, Super Tucanos, Félix Bautista, entre otros.
De manera, que este caso que involucra a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, lleva a cualquier ciudadano a pensar que todas estas persecuciones terminarán de la misma manera, lo cual no parece ser una coincidencia.
Ello así, porque nadie puede negar el hecho de que los peledeístas se cuidaran de tener al frente de la Suprema Corte de Justicia a verdaderos cuadros políticos como Mariano Germán y ahora Luis Henrry Molina, ambos miembros de su Comité Político y Central.
En realidad, aunque una cosa aparenta no tener nada que ver con la otra, pero quién será tan inocente para pensar que ese elemento no tiene un gran peso a la hora de juzgar casos como el de Antipulpo.
Se entiende que no es de justicia que una persona sea mantenida en prisión preventiva por más de 18 meses que establece el Código Procesal Penal en los casos declarados complejos y que también se debe evitar el cumplimiento de una pena anticipada y todavía peor cuando se violenta el principio universal de la presunción de inocencia.
Todo ello justifica, podría decirse, la variación de la medida de coerción, pero la pregunta que cualquier ciudadano común y corriente se hace es por qué todo tiene que terminar de la misma forma o es que la defensa técnica tiene tantas herramientas y argumentos para doblegar y deslucir el papel del Ministerio Público.
Estas preocupaciones y reflexiones no quitan méritos a la gallardía y arrojo del Ministerio Público en las personas de Miriam German, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes honran a este órgano del Estado, pero evidentemente que comienza a fracasar su estrategia procesal.
Porque una pregunta simple que surge a propósito de la decisión del juez Deibi Timoteo Peguero es por qué el Ministerio Público no introdujo las pruebas y la acusación formal en contra de los imputados y no manejó este caso complejo de nombre Antipulpo por partes, que el primero se conectara con el segundo y el tercero con cualquier otro a través de la figura jurídica de la litispendencia, pese a que ella no es tan aplicable en lo penal porque podría traer consigo otra herramienta como lo es el sobreseimiento.
Es sólo una pregunta en virtud de que al tratarse de un caso super complejo la inversión de tiempo y energía conlleva mucho esfuerzo y recursos y cuya circunstancia podría tumbar el caso o por lo menos arrojar como resultado lo ocurrido con Alexis Medina y los demás imputados.
De cualquier modo, el caso Antipulpo ha llegado a un punto que va a servir de referencia para otros que están en fase de juicio preliminar y que igual pudiera ocurrir en lo que respecta al cambio de la medida de prisión carcelaria preventiva, lo cual crea una percepción perjudicial para el Ministerio Público en razón de que los precedentes no ayudan mucho.
Ojalá que lo ocurrido con Alexis Medina no sea la pendiente para que todos los demás casos, que son muchos, terminen por el mismo bajadero y la sociedad dominicana pierda la oportunidad de recuperar lo robado y castigar a los que van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo.
La preocupación ahora es más por la percepción que por lo que implica cambiar la medida de coerción de prisión carcelaria preventiva a domiciliaria, porque para la gente ésta se trata de una libertad disfrazada que no conlleva el castigo que demanda el caso.
Esta creencia también está fundamentada en que aquel que sale en libertad condicional, que es naturalmente otra figura jurídica, prácticamente no regresa a cumplir ninguna condena y muchos menos se somete a los requerimientos que manda el sistema.
De cualquier modo, ya veremos!
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana