Editorial
Otro caso más que pone en entredicho el sistema de justicia nacional.
El desenlace que tuvo este lunes el caso Antipulpo, independientemente de las razones que lo motivan, pone en un cuestionamiento permanente al sistema de justicia nacional.
Por un lado, pone en tela de juicio la capacidad del Ministerio Público por no haber hecho la diligencia necesaria para que el caso tomara otro curso, lo cual no es nada nuevo, y por otro lado impacta negativamente la credibilidad de los jueces que intervienen en los casos.
Todo ello tiene su razón de ser, porque si se hace un simple ejercicio de análisis, se puede concluir que resulta difícil hablar de confianza en el sistema de justicia nacional cuando ya han fracasado los casos Odebrecht, Super Tucanos, Félix Bautista, entre otros.
De manera, que este caso que involucra a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, lleva a cualquier ciudadano a pensar que todas estas persecuciones terminarán de la misma manera, lo cual no parece ser una coincidencia.
Ello así, porque nadie puede negar el hecho de que los peledeístas se cuidaran de tener al frente de la Suprema Corte de Justicia a verdaderos cuadros políticos como Mariano Germán y ahora Luis Henrry Molina, ambos miembros de su Comité Político y Central.
En realidad, aunque una cosa aparenta no tener nada que ver con la otra, pero quién será tan inocente para pensar que ese elemento no tiene un gran peso a la hora de juzgar casos como el de Antipulpo.
Se entiende que no es de justicia que una persona sea mantenida en prisión preventiva por más de 18 meses que establece el Código Procesal Penal en los casos declarados complejos y que también se debe evitar el cumplimiento de una pena anticipada y todavía peor cuando se violenta el principio universal de la presunción de inocencia.
Todo ello justifica, podría decirse, la variación de la medida de coerción, pero la pregunta que cualquier ciudadano común y corriente se hace es por qué todo tiene que terminar de la misma forma o es que la defensa técnica tiene tantas herramientas y argumentos para doblegar y deslucir el papel del Ministerio Público.
Estas preocupaciones y reflexiones no quitan méritos a la gallardía y arrojo del Ministerio Público en las personas de Miriam German, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes honran a este órgano del Estado, pero evidentemente que comienza a fracasar su estrategia procesal.
Porque una pregunta simple que surge a propósito de la decisión del juez Deibi Timoteo Peguero es por qué el Ministerio Público no introdujo las pruebas y la acusación formal en contra de los imputados y no manejó este caso complejo de nombre Antipulpo por partes, que el primero se conectara con el segundo y el tercero con cualquier otro a través de la figura jurídica de la litispendencia, pese a que ella no es tan aplicable en lo penal porque podría traer consigo otra herramienta como lo es el sobreseimiento.
Es sólo una pregunta en virtud de que al tratarse de un caso super complejo la inversión de tiempo y energía conlleva mucho esfuerzo y recursos y cuya circunstancia podría tumbar el caso o por lo menos arrojar como resultado lo ocurrido con Alexis Medina y los demás imputados.
De cualquier modo, el caso Antipulpo ha llegado a un punto que va a servir de referencia para otros que están en fase de juicio preliminar y que igual pudiera ocurrir en lo que respecta al cambio de la medida de prisión carcelaria preventiva, lo cual crea una percepción perjudicial para el Ministerio Público en razón de que los precedentes no ayudan mucho.
Ojalá que lo ocurrido con Alexis Medina no sea la pendiente para que todos los demás casos, que son muchos, terminen por el mismo bajadero y la sociedad dominicana pierda la oportunidad de recuperar lo robado y castigar a los que van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo.
La preocupación ahora es más por la percepción que por lo que implica cambiar la medida de coerción de prisión carcelaria preventiva a domiciliaria, porque para la gente ésta se trata de una libertad disfrazada que no conlleva el castigo que demanda el caso.
Esta creencia también está fundamentada en que aquel que sale en libertad condicional, que es naturalmente otra figura jurídica, prácticamente no regresa a cumplir ninguna condena y muchos menos se somete a los requerimientos que manda el sistema.
De cualquier modo, ya veremos!
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.
Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.
Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.
El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.
Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.
La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.
En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.
El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.
Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.
La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.
La elección de Mandami no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.