Editorial
Otro caso más que pone en entredicho el sistema de justicia nacional.
El desenlace que tuvo este lunes el caso Antipulpo, independientemente de las razones que lo motivan, pone en un cuestionamiento permanente al sistema de justicia nacional.
Por un lado, pone en tela de juicio la capacidad del Ministerio Público por no haber hecho la diligencia necesaria para que el caso tomara otro curso, lo cual no es nada nuevo, y por otro lado impacta negativamente la credibilidad de los jueces que intervienen en los casos.
Todo ello tiene su razón de ser, porque si se hace un simple ejercicio de análisis, se puede concluir que resulta difícil hablar de confianza en el sistema de justicia nacional cuando ya han fracasado los casos Odebrecht, Super Tucanos, Félix Bautista, entre otros.
De manera, que este caso que involucra a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, lleva a cualquier ciudadano a pensar que todas estas persecuciones terminarán de la misma manera, lo cual no parece ser una coincidencia.
Ello así, porque nadie puede negar el hecho de que los peledeístas se cuidaran de tener al frente de la Suprema Corte de Justicia a verdaderos cuadros políticos como Mariano Germán y ahora Luis Henrry Molina, ambos miembros de su Comité Político y Central.
En realidad, aunque una cosa aparenta no tener nada que ver con la otra, pero quién será tan inocente para pensar que ese elemento no tiene un gran peso a la hora de juzgar casos como el de Antipulpo.
Se entiende que no es de justicia que una persona sea mantenida en prisión preventiva por más de 18 meses que establece el Código Procesal Penal en los casos declarados complejos y que también se debe evitar el cumplimiento de una pena anticipada y todavía peor cuando se violenta el principio universal de la presunción de inocencia.
Todo ello justifica, podría decirse, la variación de la medida de coerción, pero la pregunta que cualquier ciudadano común y corriente se hace es por qué todo tiene que terminar de la misma forma o es que la defensa técnica tiene tantas herramientas y argumentos para doblegar y deslucir el papel del Ministerio Público.
Estas preocupaciones y reflexiones no quitan méritos a la gallardía y arrojo del Ministerio Público en las personas de Miriam German, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes honran a este órgano del Estado, pero evidentemente que comienza a fracasar su estrategia procesal.
Porque una pregunta simple que surge a propósito de la decisión del juez Deibi Timoteo Peguero es por qué el Ministerio Público no introdujo las pruebas y la acusación formal en contra de los imputados y no manejó este caso complejo de nombre Antipulpo por partes, que el primero se conectara con el segundo y el tercero con cualquier otro a través de la figura jurídica de la litispendencia, pese a que ella no es tan aplicable en lo penal porque podría traer consigo otra herramienta como lo es el sobreseimiento.
Es sólo una pregunta en virtud de que al tratarse de un caso super complejo la inversión de tiempo y energía conlleva mucho esfuerzo y recursos y cuya circunstancia podría tumbar el caso o por lo menos arrojar como resultado lo ocurrido con Alexis Medina y los demás imputados.
De cualquier modo, el caso Antipulpo ha llegado a un punto que va a servir de referencia para otros que están en fase de juicio preliminar y que igual pudiera ocurrir en lo que respecta al cambio de la medida de prisión carcelaria preventiva, lo cual crea una percepción perjudicial para el Ministerio Público en razón de que los precedentes no ayudan mucho.
Ojalá que lo ocurrido con Alexis Medina no sea la pendiente para que todos los demás casos, que son muchos, terminen por el mismo bajadero y la sociedad dominicana pierda la oportunidad de recuperar lo robado y castigar a los que van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo.
La preocupación ahora es más por la percepción que por lo que implica cambiar la medida de coerción de prisión carcelaria preventiva a domiciliaria, porque para la gente ésta se trata de una libertad disfrazada que no conlleva el castigo que demanda el caso.
Esta creencia también está fundamentada en que aquel que sale en libertad condicional, que es naturalmente otra figura jurídica, prácticamente no regresa a cumplir ninguna condena y muchos menos se somete a los requerimientos que manda el sistema.
De cualquier modo, ya veremos!
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.
La principal labor de los ayuntamientos del país es procurar resolver la recogida de basura, la cual es la que requiere mayor inversión económica de los gobiernos locales.
Pero de igual modo es la principal fuente de promoción de corrupción, porque los contratos casi siempre se manejan a discreción del ejecutivo municipal, no importa cómo se llame.
Sin embargo, la llegada de Ulises Rodríguez hace muy poco tiempo parece representar la mayor amenaza en contra de la estabilidad económica de la alcaldía de Santiago.
Se ve a leguas la falta de planificación y de la implementación de políticas publicas que pueda llevar a un buen comino a la ciudad corazón como también se conoce.
Es motivo de alarma la cantidad de dinero invertido en la recogida de la basura y para llevarla a su destino final, cuyas sumas involucradas son realmente desproporcionadas y abusivas.
Es urgente que haya una explicación convincente sobre los gastos excesivos en la recogida de desperdicios sólidos que tiene el ayuntamiento de Santiago en la actual administración.
Las sumas involucradas crean mucha preocupación de que la ciudad termine en la quiebra total como resultado de una mala gestión y por un abuso del actual ejecutivo municipal.
Ulises Rodríguez está en la obligación de darles una explicación a los munícipes de Santiago, porque las sumas involucradas no parecen tener ninguna justificación.
Se impone una rigurosa fiscalización y seguimiento a las andanzas del actual alcalde Ulises Rodríguez, quien ha sido señalado como inepto e irresponsable frente a las finanzas del gobierno local.
Antes de que sea tarde, el munícipe de Santiago debe lanzar una mayor voz de alarma para que las cosas no sigan de mal en peor.