Editorial
Otro eslabón más en la cadena de irresponsabilidad que prevalece en el sistema de justicia.
El Distrito Judicial de Santiago está lleno de fiscales y jueces irresponsables que poco les importa la impartición de justicia, ya que generalmente son cómplices de lo mal hecho.
Todo el que busca resarcir los daños causados y que, por ejemplo, interpone un recurso de amparo o un referimiento, que busca evitar una turbación mayor para las víctimas, termina frustrado porque regularmente los mismos son fallados tardíamente.
Hay casos de referimientos que en el Distrito Judicial de Santiago han sido fallados más de uno y hasta dos años después, cuyas ordenanzas ya no surten ningún efecto porque el caso prácticamente se ha extinguido.
Peor aun cuando se trata de querellas presentadas ante la fiscalía, la cual dictamina el archivo provisional o definitivo de las mismas en franca violación de la normativa procesal que está claramente establecida en los artículos 182 y 183 del Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio público.
El problema tiene un alcance tan preocupante que a cualquier ciudadano le pueden violar sus derechos y afectar seriamente su honra y sus propiedades y no hay una respuesta al respecto de la justicia porque los jueces del Distrito Judicial de Santiago parecen tener un consenso para fallar en contra cualquier demanda en daños y perjuicios.
Es un problema tan grave que los dominicanos corren el riesgo de que en la jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago se incrementen las vías de hechos, es decir, que las victimas decidan hacer justicia con sus propias manos, todo como resultado del fenómeno de la complicidad, la ineptitud o la negligencia de la justicia y del Ministerio Público.
La explosión hace algunos días de una envasadora de gas en Licey es un ejemplo muy elocuente del comportamiento de los jueces, porque ante lo que se veía venir los abogados de la alcaldía de ese municipio sometieron un recurso de amparo para que la misma fuera cerrada y chocaron con una sentencia que dictaba lo contrario.
La tragedia y su consecuente luto hoy los sufren los residentes en la zona donde se produjo la explosión, pero los propietarios de la envasadora y el juez que negó el recurso de amparo duermen y comen tranquilos conjuntamente con sus familias, mientras las victimas tienen que conformarse con su profundo dolor.
En realidad, no hay forma de determinar cuál será la solución al problema que se produce en el Distrito Judicial de Santiago, el cual no puede ser desvinculado de una debilidad estructural y, podría decirse, que hasta integral que sufre la sociedad dominicana como consecuencia de la existencia de un Estado con muy poco nivel de supervisión, fiscalización y de sanción en contra de los que violan sus mandatos.
Lo ocurrido en el municipio de Licey, donde sus residentes lloran una tragedia que pudo haberse evitado, debe servir de motivación para que las autoridades tomen cartas en el asunto antes de que la solución al problema pueda llegar demasiado tarde.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana