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Editorial

Otro eslabón más en la cadena de irresponsabilidad que prevalece en el sistema de justicia.

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El Distrito Judicial de Santiago está lleno de fiscales y jueces irresponsables que poco les importa la impartición de justicia, ya que generalmente son cómplices de lo mal hecho.

Todo el que busca resarcir los daños causados y que, por ejemplo, interpone un recurso de amparo o un referimiento, que busca evitar una turbación mayor para las víctimas, termina frustrado porque regularmente los mismos son fallados tardíamente.

Hay casos de referimientos que en el Distrito Judicial de Santiago han sido fallados más de uno y hasta dos años después, cuyas ordenanzas ya no surten ningún efecto porque el caso prácticamente se ha extinguido.

Peor aun cuando se trata de querellas presentadas ante la fiscalía, la cual dictamina el archivo provisional o definitivo de las mismas en franca violación de la normativa procesal que está claramente establecida en los artículos 182 y 183 del Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio público.

El problema tiene un alcance tan preocupante que a cualquier ciudadano le pueden violar sus derechos y afectar seriamente su honra y sus propiedades y no hay una respuesta al respecto de la justicia porque  los  jueces  del Distrito Judicial de Santiago parecen tener un consenso para fallar en contra cualquier demanda en daños y perjuicios.

Es un problema tan grave que los dominicanos corren el riesgo de que en la jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago se incrementen las vías de hechos, es decir, que las victimas decidan hacer justicia con sus propias manos, todo como resultado del fenómeno de la complicidad, la ineptitud o la negligencia de la justicia y del Ministerio Público.

La explosión hace algunos días de una envasadora de gas en  Licey es un ejemplo muy elocuente del comportamiento de los jueces, porque ante lo que se veía venir los abogados de la alcaldía de ese municipio sometieron un recurso de amparo para que la misma fuera cerrada y chocaron con una sentencia que dictaba lo contrario.

La tragedia y su consecuente luto  hoy los sufren los residentes en la zona donde se produjo la explosión, pero los propietarios de la envasadora y el juez que negó el recurso de amparo duermen y comen tranquilos conjuntamente con sus familias, mientras las victimas tienen que conformarse con su profundo dolor.

En realidad, no hay forma de determinar cuál será la solución al problema que se produce en el Distrito Judicial de Santiago, el cual no puede ser desvinculado de una debilidad estructural y, podría decirse, que hasta integral que sufre la sociedad dominicana como consecuencia de  la existencia de un Estado con muy poco nivel de supervisión, fiscalización y de sanción en contra de los que violan sus mandatos.

Lo ocurrido en el municipio de Licey, donde sus residentes lloran una tragedia que pudo haberse evitado, debe servir de motivación para que las autoridades tomen  cartas en el asunto antes de que la solución al problema pueda llegar demasiado tarde.

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Editorial

El mismo problema de siempre

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Desde hace años en el país ha habido un debate sobre las debilidades más perjudiciales de la sociedad dominicana y entre ellas está la improvisación, la falta de planificación estratégica.

La consecuencia de ese mal es lo que deja como resultado lo ocurrido este martes en la discoteca Jet Set, donde han fallecido unas 124  personas y hay docenas de heridos.

La razón de ser de esta tragedia tiene que ver con el hecho de que en el país no se fiscaliza nada y producto de esa irresponsabilidad del Estado podrían producirse muchas más desgracias como la ocurrida.

En todo el territorio nacional los techos de los edificios, ya sean residenciales o comerciales, están llenos de plantas eléctricas de alto cilindraje y tinacos con un peso que muchas veces no soporta la edificación.

Pero el Estado no reacciona frente esa irregularidad y se verá como en pocos días todo vuelve a lo que es normal dentro del desorden y es que nadie ni mencione lo ocurrido.

Son incontables los edificios que están amenazados de colapsar por esta causa, pero quienes tienen la misión de darle seguimiento a ese peligro sencillamente no lo hacen.

Ahora lo que viene es enterrar a los muertos y que todo lo anormal siga su curso y la gente prepararse para derramar lágrimas en el próximo evento de igual o peor magnitud.

Entonces, siendo así las cosas, la recomendación de este periódico es que este asunto se maneje desde una perspectiva política y  no hay otra opción que el ciudadano se empodere para ver si son posibles los cambios que impidan que estas tragedias ocurran.

Pudiera parecer descabellado el planteamiento al respecto, pero para que por lo menos los riesgos sean menores, porque nunca se estará libre de acontecimientos desagradables como éstos, pero si se promueve una cultura de prevención, los resultados podrían ser totalmente diferentes.

Luchemos por una sociedad donde prevalezca la planificación estratégica, la regulación, la fiscalización y la prevención para evitar todo lo que puede ocurrir por una visión contraria por parte de los que manejan el Estado.

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Editorial

Un tema para pensarlo.

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Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.

En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.

La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.

Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.

Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.

Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.

Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.

El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.

La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.

El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.

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Editorial

Sentencia del Tribunal Constitucional crea clima importante en democracia dominicana.

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Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.

Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.

 Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.

Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.

Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.

En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.

Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.

Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.

 Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.

Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor,  ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.

Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios  del pueblo dominicano por una sociedad mejor.

 

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