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Editorial

Otro eslabón más en la cadena de irresponsabilidad que prevalece en el sistema de justicia.

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El Distrito Judicial de Santiago está lleno de fiscales y jueces irresponsables que poco les importa la impartición de justicia, ya que generalmente son cómplices de lo mal hecho.

Todo el que busca resarcir los daños causados y que, por ejemplo, interpone un recurso de amparo o un referimiento, que busca evitar una turbación mayor para las víctimas, termina frustrado porque regularmente los mismos son fallados tardíamente.

Hay casos de referimientos que en el Distrito Judicial de Santiago han sido fallados más de uno y hasta dos años después, cuyas ordenanzas ya no surten ningún efecto porque el caso prácticamente se ha extinguido.

Peor aun cuando se trata de querellas presentadas ante la fiscalía, la cual dictamina el archivo provisional o definitivo de las mismas en franca violación de la normativa procesal que está claramente establecida en los artículos 182 y 183 del Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio público.

El problema tiene un alcance tan preocupante que a cualquier ciudadano le pueden violar sus derechos y afectar seriamente su honra y sus propiedades y no hay una respuesta al respecto de la justicia porque  los  jueces  del Distrito Judicial de Santiago parecen tener un consenso para fallar en contra cualquier demanda en daños y perjuicios.

Es un problema tan grave que los dominicanos corren el riesgo de que en la jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago se incrementen las vías de hechos, es decir, que las victimas decidan hacer justicia con sus propias manos, todo como resultado del fenómeno de la complicidad, la ineptitud o la negligencia de la justicia y del Ministerio Público.

La explosión hace algunos días de una envasadora de gas en  Licey es un ejemplo muy elocuente del comportamiento de los jueces, porque ante lo que se veía venir los abogados de la alcaldía de ese municipio sometieron un recurso de amparo para que la misma fuera cerrada y chocaron con una sentencia que dictaba lo contrario.

La tragedia y su consecuente luto  hoy los sufren los residentes en la zona donde se produjo la explosión, pero los propietarios de la envasadora y el juez que negó el recurso de amparo duermen y comen tranquilos conjuntamente con sus familias, mientras las victimas tienen que conformarse con su profundo dolor.

En realidad, no hay forma de determinar cuál será la solución al problema que se produce en el Distrito Judicial de Santiago, el cual no puede ser desvinculado de una debilidad estructural y, podría decirse, que hasta integral que sufre la sociedad dominicana como consecuencia de  la existencia de un Estado con muy poco nivel de supervisión, fiscalización y de sanción en contra de los que violan sus mandatos.

Lo ocurrido en el municipio de Licey, donde sus residentes lloran una tragedia que pudo haberse evitado, debe servir de motivación para que las autoridades tomen  cartas en el asunto antes de que la solución al problema pueda llegar demasiado tarde.

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Editorial

Un problema que no se ve a simple vista.

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La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.

Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.

La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.

El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.

De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.

Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.

De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.

Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.

La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.

Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.

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Editorial

El Oncológico es un espejo de un problema de un gran alcance.

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No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.

Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.

Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.

Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en  realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.

Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.

El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.

El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.

Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.

Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural,  es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que  ponen en tela de juicio las  bases de la dominicanidad.

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Editorial

Nueva York da un ejemplo al mundo.

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Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.

Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.

El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.

Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.

La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.

En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.

El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.

Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.

La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.

La elección de Mandami  no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en  el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.

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