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Otro eslabón más en la cadena de irresponsabilidad que prevalece en el sistema de justicia. – La Republica Online

Editorial

Otro eslabón más en la cadena de irresponsabilidad que prevalece en el sistema de justicia.

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El Distrito Judicial de Santiago está lleno de fiscales y jueces irresponsables que poco les importa la impartición de justicia, ya que generalmente son cómplices de lo mal hecho.

Todo el que busca resarcir los daños causados y que, por ejemplo, interpone un recurso de amparo o un referimiento, que busca evitar una turbación mayor para las víctimas, termina frustrado porque regularmente los mismos son fallados tardíamente.

Hay casos de referimientos que en el Distrito Judicial de Santiago han sido fallados más de uno y hasta dos años después, cuyas ordenanzas ya no surten ningún efecto porque el caso prácticamente se ha extinguido.

Peor aun cuando se trata de querellas presentadas ante la fiscalía, la cual dictamina el archivo provisional o definitivo de las mismas en franca violación de la normativa procesal que está claramente establecida en los artículos 182 y 183 del Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio público.

El problema tiene un alcance tan preocupante que a cualquier ciudadano le pueden violar sus derechos y afectar seriamente su honra y sus propiedades y no hay una respuesta al respecto de la justicia porque  los  jueces  del Distrito Judicial de Santiago parecen tener un consenso para fallar en contra cualquier demanda en daños y perjuicios.

Es un problema tan grave que los dominicanos corren el riesgo de que en la jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago se incrementen las vías de hechos, es decir, que las victimas decidan hacer justicia con sus propias manos, todo como resultado del fenómeno de la complicidad, la ineptitud o la negligencia de la justicia y del Ministerio Público.

La explosión hace algunos días de una envasadora de gas en  Licey es un ejemplo muy elocuente del comportamiento de los jueces, porque ante lo que se veía venir los abogados de la alcaldía de ese municipio sometieron un recurso de amparo para que la misma fuera cerrada y chocaron con una sentencia que dictaba lo contrario.

La tragedia y su consecuente luto  hoy los sufren los residentes en la zona donde se produjo la explosión, pero los propietarios de la envasadora y el juez que negó el recurso de amparo duermen y comen tranquilos conjuntamente con sus familias, mientras las victimas tienen que conformarse con su profundo dolor.

En realidad, no hay forma de determinar cuál será la solución al problema que se produce en el Distrito Judicial de Santiago, el cual no puede ser desvinculado de una debilidad estructural y, podría decirse, que hasta integral que sufre la sociedad dominicana como consecuencia de  la existencia de un Estado con muy poco nivel de supervisión, fiscalización y de sanción en contra de los que violan sus mandatos.

Lo ocurrido en el municipio de Licey, donde sus residentes lloran una tragedia que pudo haberse evitado, debe servir de motivación para que las autoridades tomen  cartas en el asunto antes de que la solución al problema pueda llegar demasiado tarde.

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