Comunidad en el exterior
P. RICO: Aún espera justicia por asesinato acusaron dominicana
Georgina Ortiz Ortiz
GUAYAMA, Puerto Rico.- En un acto de desafío contra el olvido, José Palau Ortiz escribió hace dos semanas una corta misiva dirigida a las personas vinculadas en el asesinato de su madre Georgina Ortiz Ortiz, esposa del exjuez del Tribunal Supremo, Carlos Irizarry Yunqué.
La carta no menciona nombres, pero recoge su frustración ante la incapacidad del Departamento de Justicia de esclarecer el asesinato de su madre, ocurrido el 17 de agosto de 2010. Ninguna persona ha sido convicta por este crimen y tampoco se ha detenido a nadie posterior al veredicto que emitió un jurado el 1 de agosto de 2013 que declaró no culpable del asesinato de Ortiz a la empleada doméstica Aida de los Santos, única persona a quien el Ministerio Público acusó hasta el momento.
«Escribo estas breves líneas para recordarle a todos los que de alguna manera tienen que ver con su muerte. En especial aquel que tiene que despertar sabiendo que mató a una gran persona tal vez por razón de un tercero miserable», lee la corta misiva. «Lamento haber sido ignorante en defender a mi vieja. En la vida real sí hay seres que representan la vocación del diablo… Amo a mi vieja y lo haré hasta el día que me muera. Sé que ella piensa igual y eso sí no me lo pueden quitar. Maldita sea la justicia», concluía la carta a la que tuvo acceso este medio.
Estas son las primeras expresiones públicas de Palau Ortiz tras el veredicto del jurado declarando a De los Santos no culpable.
En entrevista con Primera Hora, el hijo menor de Ginny -como le decía su familia- explicó que escribió esas líneas para zarandear la conciencia de las autoridades, que luego del veredicto guardaron en la gaveta la investigación sobre la muerte de su señora madre.
Al cumplirse el cuarto aniversario de su muerte, Ortiz criticó el trato amable que las autoridades dieron al exjuez durante la investigación del crimen y cuestionó que asignaran a una agente novata a un caso que involucraba a una figura «influyente» en el País.
También pidió a las autoridades que inicien una nueva investigación en la que no descarten ningún ángulo, incluyendo a la familia de Irizarry Yunqué.
«Después de que la señora salió no culpable de allí, pues eso es como si hubieran matado a mami por segunda vez. Es algo que te entristece, pero realidad, cuando le das ‘rewind al cassette’, ves que se hicieron muchas cosas mal», indicó.
Desde el inicio, Palau Ortiz sospechó del esposo de su mamá, un destacado jurista y profesor universitario nombrado al Supremo por el exgobernador Rafael Hernández Colón, y de su familia.
No ha vuelto a conversar con Irizarry Yunqué desde el 12 de octubre de 2010 cuando el exjuez procuró la asistencia de un abogado que mediara en las conversaciones entre ambos.
«Don Carlos está envuelto definitivamente en la muerte de mami», apuntó con seguridad y atribuyó el supuesto vínculo del exjuez a la ‘dejadez con la que las autoridades manejaron la investigación.
En el juicio contra De los Santos, a quien se le acusó de haber cometido el crimen en concierto y común acuerdo con otra persona que nunca se identificó, surgió que la Policía ocupó la guagua de Irrizarry Yunqué para ver si aparecía material biológico o sangre de su esposa dos meses antes de la radicación de cargos contra la empleada doméstica y dos años después del crimen.
La guagua se ocupó, según las autoridades, porque se pensó que pudo haber sido utilizada para transportar a las personas que cometieron el crimen. Las autoridades también tardaron 90 días en tomar una declaración jurada a Irizarry Yunqué.
Palau Ortiz no quiso especular sobre las razones que pudo haber tenido el exjuez para matar a su mamá, pero indicó que ella había expresado su intención de divorciarse y que no existían capitulaciones entre la pareja. En el juicio trascendió que el matrimonio tenía problemas, que antes de casarse el exjuez le ocultó a su esposa que era impotente y que la víctima parecía tener amantes.
Palau Ortiz también rechazó que el exjuez padezca de demencia senil como declaró su nieta para justificar su ausencia del proceso judicial.
Otro tipo de justicia
Pese a que el Departamento de Justicia nunca radicó cargos contra el exjuez, Palau Ortiz apuntó que el hombre ha pagado un precio por sus supuestas acciones.
«El juez Irizarry Yunqué está viviendo lo que hizo. Está viviendo como un miserable, solo», indicó.
«Lo que tú viviste y lo que recuerdas con amor eso va a ser eterno, pero don Carlos está viviendo una vida mierd… encerrado como el carey que guarda la cabeza para que no lo vean o como los avestruces con la cabeza enterrada», concluyó.
Para Palau Ortiz la radicación de cargos contra De los Santos fue prematura porque no se había identificado a la otra persona que supuestamente participó en el crimen.
«Con respecto a Doña Aida yo nunca estuve de acuerdo con que la llevaran directamente y la acusaran de asesinato. ¿Tú sabes por qué? Porque desde un principio se había dicho que esto fue en concierto y común acuerdo, o sea que habían varias personas», señaló.
Negó que su mamá y la empleada doméstica fueran amigas y refutó que su madre le hubiera pedido dinero a De los Santos como surgió en el juicio.
El hijo de la víctima planteó que la empleada doméstica presenció el crimen y que cree que de ser interrogada nuevamente, revelaría más información, porque no recibió el apoyo esperado del exjuez.
«Yo creo que a ella le vendría bien (contar lo que pasó). A mí no, yo no voy a tener satisfacción porque esto no cambia mi vida en nada», aseguró.
«Yo no me preocupo porque mami no era ninguna ‘cascarita’ (tenía un genio fuerte) y cuando esta gente se muera se van a encontrar en el mismo sitio (se ríe) y mami le va a dar una clase de catimba cuando los coja», agregó.
almomento.net
Por Jhonny Trinidad
NUEVA YORK.- Son dominicanos los dos hombres baleados la noche del pasado Domingo de Pascua en el distrito de Brooklyn, en esta ciudad, uno de los cuales murió.
Las víctimas son José Ureña Morán, de 30 años, y otro hombre de 50 que no ha sido identificado.
El agresor es el hondureño Michael Mendoza Cardona, de 24 años, quien fue acusado el pasado lunes de asesinato, intento de asesinato y posesión ilegal de armas.
El tiroteo ocurrió frente a un edificio de la calle Fulton, en el sector Cypress Hills.
Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso disparó contra Ureña Morán y el otro hombre mientras se encontraban debajo de la plataforma elevada del metro de la línea J, entre las calles Cleveland y Elton, cuando estaban de pie en la acera, cerca de un grupo de tres personas.
Después de que uno de los hombres pareciera dirigirse al grupo, el presunto atacante sacó un arma y disparó varias veces contra él y otro hombre que se encontraba a su lado.
Las imágenes también muestran que el atacante continuó disparando contra las víctimas, incluso, mientras estas permanecían inmóviles en la acera.
Ambos hombres fueron trasladados en estado crítico al Centro Médico Universitario Brookdale. Posteriormente, Ureña Morán, residente de Cypress Hills, fue declarado muerto, de acuerdo con la policía.
jt-am-sp
COLUMBIA.- Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, con el objetivo de resguardar información sensible y garantizar un proceso judicial adecuado.
En el marco del proceso, Cordero, nacido en San Francisco de Macorís, tiene previsto comparecer este lunes a las 12:30 del mediodía ante un tribunal federal de Estados Unidos para la celebración de su audiencia preliminar, luego de que la misma fuera aplazada el pasado mes de marzo.
La disposición, firmada por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh en el Distrito de Columbia, establece que todos los materiales entregados por el Gobierno como parte del proceso solo podrán ser utilizados por la defensa exclusivamente para este caso.
El tribunal ordenó que dichos documentos no podrán ser divulgados ni utilizados en otros procedimientos, y su acceso queda limitado al equipo legal del acusado, excluyendo a familiares, amigos o terceros no autorizados.
Además, la medida pone especial énfasis en la protección de información considerada sensible, como datos personales, identidades de testigos, fuentes confidenciales, agentes encubiertos, registros médicos y detalles de investigaciones en curso.
NO PUEDE RESENTARSE EN DOCUMENTOS JUDICIALES ABIERTOS
Según la orden, este tipo de material no podrá hacerse público ni presentarse en documentos judiciales abiertos, salvo autorización expresa del tribunal, y deberá ser manejado bajo estrictas condiciones de confidencialidad.
El juez también estableció que, aunque los abogados pueden mostrar parte de la evidencia al acusado para preparar su defensa, no pueden entregarle copias ni permitirle registrar información personal contenida en los documentos.
Asimismo, se dispone que cualquier disputa sobre el carácter confidencial de las pruebas deberá ser resuelta inicialmente entre las partes antes de acudir al tribunal.
La orden permanecerá vigente incluso después de concluido el caso, y no modifica las obligaciones del Gobierno de entregar pruebas conforme a la ley.
Con esta medida, las autoridades buscan proteger la integridad de la investigación, la seguridad de testigos y la privacidad de las personas involucradas, mientras avanza el proceso judicial.
TAMBIÉN PROHIBIÓ DIVULGACIÓN DE:
Números de teléfono, correos electrónicos, licencias de conducir u otra información identificativa; información sobre fuentes confidenciales del gobierno, Identidad de agentes encubiertos, Información que ponga en riesgo la seguridad de testigos.
Asimismo, información privada de terceros no relacionados con el caso, historial médico o de salud mental, métodos de investigación de las autoridades e información que afecte investigaciones en curso o futuras.
También está prohibido divulgar datos de sistemas internos policiales y declaraciones o información tributaria.
an/am
NUEVA YORK.- Cuatro hombres de origen dominicano fueron acusados de agredir a un policía tras una serie de robos de convertidores catalíticos que derivo una persecución en Long Island.
Henry Cruz, de 25 años; Luis Acosta, de 24; Jeorge Santana Sánchez, de 34, y Madinson Silverio Ventura, de 27, enfrentan cargos por lesiones físicas graves a un agente del orden.
El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo en Lindenhurst.
De acuerdo con la investigación, los acusados se desplazaban en un Maserati Levante 2021 por calles de Lindenhurst, donde seleccionaban principalmente vehículos Toyota Prius para sustraer sus convertidores catalíticos.
El grupo operaba de forma organizada: apagaban las luces del vehículo, uno vigilaba, otro utilizaba un gato hidráulico y otro cortaba la pieza con una sierra eléctrica antes de huir en busca de otro objetivo, según una nota de prensa.
Alrededor de las 4:37 de la madrugada del pasado 7 de marzo, agentes intentaron detener el vehículo, pero el conductor emprendió la huida, dando inicio a una persecución que se extendió hasta la autopista Southern State Parkway, donde presuntamente alcanzaron velocidades superiores a 90 millas por hora.
Durante el operativo, otra patrulla desplegó dispositivos para detener el vehículo, logrando desinflar sus neumáticos. Los acusados abandonaron el automóvil y huyeron a pie. En medio de la persecución, un agente cayó y sufrió una fractura de tobillo que requirió cirugía de emergencia en el Hospital Universitario de Stony Brook.
Cruz y Acosta fueron arrestados ese mismo día, Santana Sánchez y Silverio Ventura el 19 de marzo en un hotel de El Bronx.
Silverio Ventura también enfrentaba una orden de arresto previa por un robo similar ocurrido en 2023.
El pasado 1 de abril, los cuatro imputados fueron presentados ante el juez de la Corte Suprema Timothy P. Mazzei, enfrentando cargos que incluyen agresión a un oficial de policía, desmantelamiento de automóvil en primer grado, daños a la propiedad y posesión de propiedad robada.
La próxima audiencia fue fijada para el 6 de mayo de 2026.
Cada uno de los imputados enfrenta hasta 15 años de prisión.
jt-am