Comunidad en el exterior
P. RICO: Encuentran causa para arresto contra sospechosa muerte dominicano
Por Yaritza Rivera Clemente
SAN JUAN.- A días de que inicie el juicio en su contra por la muerte de su expareja, Heidy Michelle Marmolejo García, alias “La Diabla, fue imputada este miércoles, en el Tribunal de San Juan, por el asesinato de un comerciante dominicano ocurrido el 10 de octubre de 2022 en una residencia en la calle Tavares de Barrio Obrero.
Tras examinar la prueba presentada por las fiscales Sarimar Andreu y Bárbara Pérez, la jueza Brenda Y. Sala Rivera determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $3 millones que Marmolejo García no prestó, por lo que será ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.
“Será ingresada en la institución penal y el proceso seguirá”, dijo la licenciada Jane Hoffmann Mouriño, quien no ha decidido si representará a Marmolejo García en este caso. “No he tomado la determinación que corresponde. La familia no está en posición en estos momentos de contratar un abogado”, agregó.
Por el asesinato de Emmanuel Edmond, de 62 años y oriundo de El Seibo, en la República Dominicana, la Fiscalía de San Juan formuló tres cargos de asesinato en primer grado y violaciones a los artículos 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas, por portación de un arma de fuego sin licencia y disparar un arma de fuego, respectivamente.
Andreu precisó que Marmolejo García fue “acusada de asesinar al señor Emmanuel Edmond, el día 10 de octubre de 2022, a eso de las 5:00 a.m., en Barrio Obrero”. Sin embargo, no precisó si el móvil del crimen fue por robo. “No podemos comentar sobre eso, de si ese fue el móvil”, sostuvo la fiscal.
Aunque la vista debió comenzar a las 9:00 a.m. en la Sala de Investigaciones, no fue hasta la 1:06 p.m. que se llamó el caso. En ese momento, El Nuevo Día observó cómo se le colocó las esposas a la joven, quien estaba acompañada de sus padres Tania García y Ricardo Marmolejo.
Hasta la celebración de la vista de esta tarde, Marmolejo García se encontraba bajo arresto domiciliario y supervisión electrónica mediante un recurso de “habeas corpus”, pues transcurrieron más de seis meses sin que comenzara el juicio por el asesinato de su expareja, Edgar Paul Tejada García, de 31 años.
Según la investigación de las autoridades, el asesinato de Edmond se reportó a las 5:00 a.m. del 10 de octubre de 2022, tres semanas antes de la muerte de Tejada García, conocido en la industria de la música urbana como “El Ministro”, que se reportó durante la madrugada del 29 de octubre de 2022 en Carolina.
“Dentro de la investigación, tenemos testigos, grabaciones y evidencia pericial”, dijo a El Nuevo Día la teniente primera Idamaris Morales, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
“Son varias fuentes que tenemos como evidencia y por eso se le radicó el cargo de asesinato y dos cargos (por violación) a la Ley de Armas”, añadió Morales, quien precisó que “el asesinato ocurre en un apartamento que él tenía alquilado (a un matrimonio) en Barrio Obrero, en la calle Tavares”.
NEW HAMPSHIRE.- Una dominicana fue sentenciada a 24 meses de cárcel y tres años en libertad condicional por tráfico de drogas.
María Camacho, de 44 años, se declaró culpable en mayo pasado de un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas.
“La acusada era una agente de una importante organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts que suministraba drogas aquí en New Hampshire, lo que alimentaba la crisis de los opioides”, dijo la fiscal Jane E. Young en un comunicado.
De su lado, la agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, Jodi Cohen, explicó que “a pesar de tener una fuente de ingresos alternativa, María Camacho no tenía vergüenza de traficar con veneno letal en New Hampshire en nombre de una gran organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts”.
“La sentencia de hoy responsabiliza a esta narcotraficante por el daño que ha infligido tanto a sus clientes como a la comunidad. El FBI quisiera agradecer a nuestros socios en la aplicación de la ley por trabajar con nosotros para desmantelar organizaciones de tráfico de drogas en expansión como esta con el fin de hacer que nuestras calles sean más seguras”, añadió.
jt/am
CONNECTICUT.- Un oficial de policía de origen dominicano fue acusado de varios cargos criminales tras un incidente de violencia doméstica.
A Julio Gil Martínez, del departamento de policía en el distrito de Waterford, se le imputan amenazas, asalto, estrangulamiento, restricción ilegal e interferencia con una llamada de emergencia.
El incidente supuestamente ocurrió en una casa donde vivía la pareja en New London.
A Gil Martínez le fue fijada una de 75,000 dólares y fue puesto bajo licencia.
jt/am
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.