Santo Domingo, RD.-Más de la mitad de los 281 pacientes ingresados en diferentes unidades de cuidados intensivos del país, unos 160 enfermos del COVID-19, permanecían ayer conectados a ventiladores mecánicos o con respiración asistida.Nacionales
Pruebas PCR y falta de camas desespera a pacientes.
Santo Domingo, RD.-Más de la mitad de los 281 pacientes ingresados en diferentes unidades de cuidados intensivos del país, unos 160 enfermos del COVID-19, permanecían ayer conectados a ventiladores mecánicos o con respiración asistida.Las UCI son los servicios destinados al ingreso y la atención de pacientes críticamente enfermos, mientras que aquellos que requieren de respiración asistida o ser conectados a ventiladores presentan condiciones aún más complejas de salud.
Ayer la ocupación de equipos de ventiladores subió a 41% de la disponibilidad del país destinada a la atención de pacientes con COVID-19 y la de las camas de UCI alcanzó el 56%, de las 502 disponibles para esos fines.
El número de pacientes hospitalizados en camas regulares para COVID era de 1,063 para una ocupación a nivel nacional de 41%, con mayores porcentajes de ocupación en las ciudades de mayor demanda y circulación del virus, como el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Duarte, entre otros.
475 nuevos casos
El boletín COVID número 292 emitido ayer, notifica 475 nuevos casos confirmados del virus para un acumulado de 175,849 casos, de los cuales 39,099 mantienen el virus activo y 134,331 se han recuperado.
Las muestras de laboratorio procesadas fueron ayer 2,417, de las cuales 475 resultaron positivas. La positividad diaria se colocó en 29.21% y la de las últimas cuatro semanas en 17.77%.
Hasta la fecha se han procesado en todo el país 887,402 muestras en total equivalentes a 84,931 por cada millón de habitantes.
Ninguna muerte nueva
En las últimas 24 horas el sistema no notifica ninguna muerte nueva a causa del COVID-19, por lo que se mantienen las mismas cifras de 2,419 fallecimientos desde marzo a la fecha. La tasa de letalidad se estableció en 1.38%. De los fallecidos el 32.45% tenía la hipertensión como comorbilidad y el 20.79% la diabetes.
Alta ocupación
El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae), Julio César García, aseguró ayer martes que el 90% de las camas habilitadas para pacientes con Covid-19 están ocupadas en algunos hospitales del Gran Santo Domingo. “Que no nos cuenten las camas de los pueblos donde no hay Covid o donde hay pocos casos, que nos cuenten las camas de aquí (Santo Domingo)”, expresó García.
Detalló que en los hospitales Francisco Moscoso Puello, Marcelino Vélez Santana y General de la Policía Nacional, así como de Santiago y San Francisco de Macorís, no hay camas disponibles para pacientes con Covid-19. “Están todas llenas”, añadió.
A sus casas
Como no hay camas para tantos pacientes con coronavirus, médicos de centros de salud públicos y privados de Santiago están enviando a muchos de ellos a sus casas para su recuperación. Esas personas afectadas de Covid-19 dicen que se recuperan y se han curado con tés y otros remedios caseros.
Cifras
Sectores.
El sistema registra un acumulado de 309 embarazadas notificadas con el virus, 565 trabajadores de la salud y 17,721 menores de 20 años. La mayor cantidad de casos nuevos se reportaron ayer en el Gran Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y La Altagracia.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.