Latinoamericanas
Pagaron 200,000 dólares por la muerte del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio
AP
Ecuador.-Un testigo protegido en el caso del asesinato de un candidato presidencial de Ecuador declaró el martes en la primera jornada de juicio que por la muerte Fernando Villavicencio se pagaron 200,000 dólares y que detrás estaba la banda criminal Los Lobos, considerada por Estados Unidos como la organización de narcotráfico más grande del país.
El juicio por el asesinato de Villavicencio el año pasado días antes de las votaciones inició el martes y en las primeras horas de audiencia comparecieron policías que intervinieron inmediatamente después del crimen.
Lo más destacado fue la declaración de un testigo protegido, identificado por la fiscalía como José Patricio A.M. quien aseveró que intervino en la planificación inicial del asesinato pero que se negó a ser parte de la ejecución.
Según la fiscalía en un mensaje en X, antes Twitter, el testigo dijo que uno de los implicados —José M. alias el Cura, quien fue asesinado en la cárcel después de ser detenido— le confesó durante la planificación del crimen que «esa cabeza (de Villavicencio) valía 200,000 dólares y el gobierno de Rafael C. (Correa) lo mandó a hacer (matar)».
El Ministerio Público no ha informado hasta ahora que haya líneas de investigación abiertas contra el expresidente ecuatoriano o contra sus colaboradores por este caso.
Las autoridades aún no han identificado a los autores intelectuales del crimen de Villavicencio, quien había denunciado vínculos entre la política y el crimen organizado. También había asegurado haber recibido amenazas por parte de grupos delictivos.
El mismo testigo dijo que la banda criminal Los Lobos, considerada por Estados Unidos como «la organización de narcotráfico más grande de Ecuador» que «contribuye significativamente a la violencia que azota al país» en un comunicado reciente, organizó el asesinato de Villavicencio.
Mencionó que quienes querían asesinarlo consideraban que «si llegaba a la presidencia iba a cambiar los resultados de las drogas e iban a cambiar los códigos de las penas».
Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del año pasado a tiros a la salida de un acto electoral en Quito, días antes de la primera vuelta de las elecciones que terminó ganando el actual presidente Daniel Noboa, en un crimen que sacudió al país.
El político, de 59 años, también fue asambleísta y una figura reconocida por haber denunciado diversos casos de corrupción que llevaron a prisión a ministros y otros altos funcionarios, especialmente del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Un mes después del crimen, siete de los 13 detenidos fueron asesinados en el interior de cárceles de Guayaquil y Quito, donde se encontraban en prisión preventiva.
Familiares y amigos del político han realizado protestas frente a la Corte para exigir celeridad en el proceso judicial.
La fiscalía también informó en X que el testigo señaló como responsable de organizar al equipo de gatilleros al presunto líder de la organización criminal Los Lobos, identificado como Carlos L. alias «Invisible», quien guardaba prisión en una cárcel de Latacunga, en el centro andino del país.
En el atentado, otras 13 personas quedaron heridas de bala.
Por el asesinato de Villavicencio serán procesados, entre otros, Carlos Angulo, uno de los cabecillas de Los Lobos, a quien la fiscalía atribuye ser el coordinador del crimen, así como Laura Castillo, acusada de coautora por entregar a los gatilleros vehículos, armas y dinero, y otras tres personas señaladas como cómplices.
De ser hallados culpables los procesados podrían recibir una pena de entre 22 y 26 años de prisión.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Angulo, en su calidad de líder de una facción del grupo criminal que operaba en el sur de la capital, fue el organizador del crimen, lo que quedó registrado en mensajes a teléfonos celulares.
«Escuchar el relato de los peritos cuando hablan de la autopsia y cómo fue la trayectoria de la bala es muy fuerte, pero hay que enfocarse en lo importante y descubrir a los autores intelectuales de la muerte de Fernando«, dijo a la AP Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio.
Añadió que «por el bien de la sociedad y del país, esperamos que la Fiscalía haga bien su trabajo y dé con los responsables».
En los exteriores y en los pasillos de acceso a la Corte Nacional de Justicia se instaló desde muy temprano una fuerte custodia policial que revisaba detenidamente a cada persona que accedía al recinto.
Villavicencio era uno de los ocho postulantes registrados para la pugna presidencial de agosto pero no estaba entre los favoritos.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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