Santo Domingo, RD.-Una profunda crisis político-electoral afecta a la República Dominicana como resultado de la suspensión y posterior anulación de las elecciones municipales nacionales a sólo 90 dias de las presidenciales y congresionales.Nacionales
La República Dominicana en medio de una profunda crisis electoral
Santo Domingo, RD.-Una profunda crisis político-electoral afecta a la República Dominicana como resultado de la suspensión y posterior anulación de las elecciones municipales nacionales a sólo 90 dias de las presidenciales y congresionales.Millones de personas que permanecían en largas filas en los recintos de votación expresaron su indignación y desaliento tras la decisión de Castaños Guzmán, mientras los líderes de los principales partidos políticos cuestionaron a la JCE y la población comenzó a demandar la renuncia en pleno de sus directivos, colocándolos en el filo de la navaja.
Una dimisión de los cinco miembros del pleno de la institución de elecciones y sus suplentes agravaría aún más la situación, planteando un vacío de autoridad que tendría que solucionar de urgencia el Senado de la República, controlado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Esta atribución está contenida en el acápite 4 de artículo 80 de la Constitución, el cual otorga a los senadores la facultad de eligir a los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes.
Los integrantes de la JCE son Julio César Castaños Guzmán, que es su presidente, y los miembros titulares Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano y Henry Mejía. Sus suplentes son José Miguel Minier, Luis García, Rafael Evangelista, Juan Bautista Cuevas y José Lino Martínez.
Otro escenario que se plantearía es que lo sometan a un juicio disciplinario. Entonces el proceso se iniciaría en la Cámara de Diputados, según el artículo 83, que le atribuye como una de sus trabauciones exclusivas las de “acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones”.
Dice que la acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula, y que cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación.
En este caso los acusados serían sometidos al Senado, donde el artículo 80 de la Constitución precisa: “Son atribuciones exclusivas del Senado:
Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula”.
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.
Santo Domingo, R.D.-Fue levantada la prisión domiciliara en favor del mayor general Adán Cáceres por parte de un tribunal que también le quitó el grillete electrónico al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral.
Durante el conocimiento de revision dela medida de coercion, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, ademas le mantuvo la garantia economica que pesa en contra de Cáceres, así como el impedimento de salida.
De acuerdo a la defensa de este imputado, indicó que el tribunal entendió que esta medida era desproporcional y no correspondía con lo que se había “lucidado” en el comportamiento de su defendido.
Cáceres estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero luego un tribunal le varió la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.
En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte, en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo.
Varios meses y audiencias después, al imputado, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), le levantan la prisión domiciliaria.
Nacionales
El Dotolcito otra vez frente a tribunal el 31 de octubre para ver si anulan su sentencia.
Santo Domingo, R.D.-Quedó en estado de fallo la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para ver si anula la sentencia que condena a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión y otros dos por su participación en la muerte del joven Joshua Fernández.
El tribunal presidido por Rosalba Garib Holguín e integrado por Teófilo Andújar y Delio German fijaron para el 31 de octubre la lectura de su decisión de si confirma la condena, ordena la celebración de un nuevo juicio o si por el contrario dicta su propia sentencia.
Durante la audiencia del recurso de apelación los abogados de El Dotolcito, Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) condenado a 30 años de prisión y Luis Alberto “Luisito” Brito condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra.
Los doctores Carlos Balcácer y Jaime Caonabo Terrero, consideraron que en la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el pasado 24 de abril, se violaron normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio.
Asimismo, pidieron al tribunal anular la sentencia para que se conozca el juicio de nuevo desde cero por otro tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia condenatoria dictada en contra del grupo y que se mantenga la prisión que pesa en su contra.
Chuquito y Luisito, al tomar un turno en la Corte alegaron que no fueron bien asesorados por sus anteriores abogados sobre lo que tenían que decir en el tribunal de primera instancia donde fueron sentenciados.
Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, ya que él quiere salir de prisión, debido a que tiene dos hijos y que además tiene dos semanas con disípela.
Mientras que El Dotolcito dijo que no es cierto que él siempre se mantuviera en el vehículo el día que en ocurrió el hecho de sangre y que él llegó a entrar a la discoteca Kiss Bar.
En tanto que Bertina Decena, madre de Joshua declaró en la Corte que aspiraba a una mayor sentencia para El Dotolcito, pidiendo a los jueces que se mantenga la sentencia dictada en su contra en primera instancia.