Uno de los proyectos que señala la acusación es el acueducto de la Línea Noroeste, contrato firmado en 1999, y que tuvo una adenda el 7 de marzo de 2002 por un monto de US$161 millones.

La Procuraduría cita a Ernesto Sá Viera Baiardi, pasado ejecutivo de la constructora, quien asegura que para la aprobación del financiamiento de ese proyecto supuestamente sobornó a los presidentes de las cámaras legislativas, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco.

“Esta última adenda se realiza para incrementar los beneficios de la empresa constructora y facilitar los pagos dados en soborno a los imputados Juan Roberto Rodríguez Hernández, Porfirio Andrés Bautista y Alfredo Pachecho”, señala la acusación.

La acusación dice que Roberto Rodríguez Hernández, a su salida de la dirección del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), depositó 100 millones de pesos en una cuenta del Banco Popular entre el 21 y 22 de abril de 2006, certificado por la Superintendencia de Bancos el 22 de marzo de 2017, supuestamente producto del soborno recibido, según la Procuraduría. Esos depósitos de dinero no habrían sido incluidos en su declaración jurada.

Ese mismo proyecto del acueducto vincula a Víctor Díaz Rúa, que sustituyó a Rodríguez Hernández en Inapa en 2004. A su cargo estuvo la adenda número III del acueducto, elevando la suma del proyecto a US$161 millones.

En enero de 2005, Díaz Rúa firmó un contrato para la ampliación del acueducto, que tuvo un monto de US$79 millones. Cuatro meses después, dice la acusación de la Procuraduría, se realiza una adenda aumentando el valor de la obra en US$10 millones.

“Por esta obra el imputado Ángel Rondón recibió US$1,597,000”, asegura la Procuraduría. “Suma utilizada para el pago de sobornos al imputado Víctor Díaz Rúa, a los imputados Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, que recibieron estos valores para facilitar tanto la contratación como para acortar el tiempo de la aprobación de los préstamos”, indica el expediente acusatorio.

El pasado lunes el ministerio público dominicano arrestó a diez personas durante allanamientos en sus viviendas, vinculadas supuestamente a la trama de sobornos de la constructora brasileña.

En total se tienen órdenes de arresto contra 14 personas. En el grupo hay tres legisladores activos, dos senadores del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Julio César Valentín y Tommy Galán, y un diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco. También el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás.

ACUERDO CON ODEBRECHT Y LAS INVESTIGACIONES
La Constructora Odebrecht admitió en diciembre pasado haber pagado US$9 2millones en sobornos en República Dominicana, esto a raíz de un acuerdo de colaboración firmado con las autoridades judiciales norteamericanas.

En República Dominicana la investigación comenzó tan pronto salieron a la luz estas informaciones y desde entonces el camino en búsqueda de justicia incluye un acuerdo de colaboración con la Constructora, en la que el país declinó perseguir penalmente a la empresa a cambio de pruebas y testimonios que explicaran la trama de sobornos.

Por ese acuerdo de colaboración la Constructora se comprometió a pagar el doble del dinero dado en sobornos, un dinero que sería entregado por partes durante los próximos años.

Acusados Con órdenes de arresto figuran Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín, quienes gozan de inmunidad parlamentaria por sus funciones. También, el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; Radhamés Segura, César Sánchez, Ruddy González; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Bernardo Antonio Castellanos de Moya y Máximo de Óleo.

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