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Para “rescatar” el emblemático PRD, Gómez Mazara y otros dirigentes recorrerán el país

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Queremos anunciar que para nosotros es importante la elección de un nuevo Tribunal Superior Electoral, porque el día después de su juramentación vamos a depositar una instancia respecto a temas que entendemos son violatorios de los estatutos y del ordenamiento legal del PRD»

Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, agrupados en una corriente de nombre “Por el rescate del PRD”, anunciaron que recorrerán el país con el propósito de edificar a toda la militancia de esa organización política “sedienta” de orientación institucional y decidida a trazar su propio rumbo.

Aníbal García Duvergé, Andrés Henríquez y Guido Gómez Mazara, junto a otros dirigentes del partido del ‘jacho prendío’, encabezaron una rueda de prensa donde resaltaron lo “dañino” que ha sido para el sistema de partidos la noción de repartos alrededor de grupos que insertan sus representantes en mecanismos llamados a administrar justicia que, terminan deformados en instancias al servicio de intereses políticos, y fuente principal del descreimiento del Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Estamos anunciando que vamos a recorrer todo el país y este fin de semana iniciaremos en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Una fuerza de toma de conciencia y de contacto con la dirigencia del partido para reiterar nuestro compromiso institucional y nuestra vocación porque en el marco del próximo proceso convencional se elijan nuevas autoridades que garanticen un PRD diferente, democrático, plural, participativo y opositor”, precisó Gómez Mazara en un documento.


“Este acuerdo ha beneficiado a un reducido grupo de perredeistas; cuando usted coge la nómina (del Gobierno) solo puede ver que han sido nombradas unas doscientas o 300 personas”

Para los integrantes de la corriente “Por el rescate del PRD”, en el país existe una tradición autoritaria dentro de la dinámica interna de las organizaciones políticas que impiden la pluralidad, diversidad y desarrollo de liderazgos como resultado del talento personal y la vocación de servicios, y a la vez, se instrumentalizan las jerarquías y mandos en los partidos para obedecer al jefe de turno que estructura los reglamentos en función de criterios personales.

Los dirigentes perredeistas reiteraron que las violaciones internas bajo el criterio de “poderes especiales” han servido para que Miguel Vargas Maldonado desarrolle una política de acomodos que burlan la institucionalidad “porque el sentido de la designación y promoción en el ámbito partidario trastorna los reglamentos y estatutos del PRD, habilitando las condiciones para que el nuevo Tribunal Superior Electoral sirve de instancia en capacidad de devolver a la organización a su propia legalidad”.

Adelantaron que en la próxima semana depositarán una instancia ante el nuevo TSE, con el propósito de “que este organismo valide o no, todo un tinglado de violaciones ejercidas bajo criterio de raíz autoritaria y negadoras de la vocación plural, abierta y participativa de un partido como el de la esperanza nacional”.

“Queremos anunciar que para nosotros es importante la elección de un nuevo Tribunal Superior Electoral, porque el día después de su juramentación vamos a depositar una instancia respecto a temas que entendemos son violatorios de los estatutos y del ordenamiento legal del PRD. Creemos que no pueden haber democráticos sin demócratas y el país sabe perfectamente las características como se ha ejercido esta gestión institucional partidaria”, Guido Gómez Mazara.

El dirigente Andrés Henríquez, por su parte, dijo estar de acuerdo con la propuesta hecha por el vicepresidente nacional de esa organización Tonty Rutinel Domínguez de abolir el pacto suscrito con el PLD, ya que según explicó solo ha beneficiado a un grupo muy mínimo a nivel nacional.

“Este acuerdo ha beneficiado a un reducido grupo de perredeistas; cuando usted coge la nómina (del Gobierno) solo puede ver que han sido nombradas unas doscientas o 300 personas. Y ese es el PRD, esas son las bases del partido, están ahí representadas. Usted va provincia por provincia como hemos estado visitando en la que solo uno o dos compañeros son nombrados y en otras ni un solo, en otras hay cinco, ese no es el PRD. Es por ello que entendemos que este pacto no ha dejado ningún beneficio”, dijo Henríquez.EFE

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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.

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Por Elba García

El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.

El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.

Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.

La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.

Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.

Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.

Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.

El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una  nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales,  morales, económicos y políticos,  lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con  el ordenamiento actual.

Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.

Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.

Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también  de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron  su llegada al poder en  que en  la República Dominicana se consolidaba un  partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.

Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.

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Mantienen en arresto domiciliario a coronel acusado de pertenecer a red de sobornos

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Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.

La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.

De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.

El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

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Apelarán no ha lugar que favorece a hombre imputado de crimen.

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Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por  el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de  Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.

El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.

Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.

La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.

Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.

El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

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