Primera Plana
Paraguayos se movilizan contra ley privatizadora del Gobierno
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Manifestaciones piden derogación de la Ley de Alianza público-privada
Sindicatos y organizaciones campesinas paraguayas comenzaron esta semana a movilizarse por diferentes ciudades del país, en rechazo a la gubernamental Ley de Alianza Público-Privada, que ha sido seriamente cuestionada por una sociedad civil que solicita su inmediata derogación por poseer un carácter privatizador.
Entre las organizaciones que respaldan las protestas destacan la Federación Nacional Campesina, la Corriente Sindical Clasista, la Organización de Trabajadores de la Educación y el partido Paraguay Pyahurá, de raíz guaraní, entre otros sectores sociales.
Las medidas de protesta comenzaron con movilizaciones pacíficas y la distribución de panfletos en las calles céntricas de Asunción (capital) y demás departamentos del país, repudiando la intención del Gobierno de entregar empresas estatales al capital privado.
De igual manera, un comunicado conjunto adelantó que se tienen previstos actos de protesta en barrios, municipios y departamentos, hasta culminar en una demostración nacional el próximo 5 de junio en Asunción.
Precisamente, ese día se efectuará el congreso “Tierra, Producción y Soberanía Construyendo un Nuevo Paraguay”, donde se plantearán nuevas estrategias para intensificar la lucha por derogar la mencionada ley y rechazar el dominio de la economía por las transnacionales.
Los manifestantes rechazan también el latifundio vigente en Paraguay, la injusta distribución de la tierra y la sustitución del modelo agroexportador que permite a los grandes intereses dominar la economía paraguaya.
Otras consignas fundamentales que aspiran compartir con la sociedad son la batalla por una salud y educación totalmente gratuitas y de calidad, la concreción de la ansiada reforma agraria y el control de los precios de la canasta familiar.
La Ley de Alianza público-privada fue aprobada por el Congreso y constituye un instrumento de promoción de las inversiones en infraestructura, bienes y servicios a cargo del Estado y que otorga poderes al presidente Cartes para celebrar los contratos.