SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento cívico Participación Ciudadana advirtió que la Procuraduría General de la República está alimentando la posición de los sectores que piensan que en el Ministerio Público se comenten errores intencionales en el caso de corrupción de Odebrecht, con el fin de fomentar la impunidad.

Consideró razonable que el Ministerio Público solicite una prórroga antes de presentar el expediente del caso de corrupción Odebrecht al Juez Especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco Ortega Polanco, pero llamó la atención de la forma en que se ha dirigido esta investigación en República Dominicana, al compararse con otros países en los cuales ya se han producido condenas, incluso de un vicepresidente.

A juicio de Participación Ciudadana, nueva vez manifiesta el órgano acusador su dificultad de reconstruir los  hechos materiales de los actos de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht, reconocimiento que desacredita no sólo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales.

Advirtió que de esta forma se fomentan las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.

Para el movimiento cívico la cooperación jurídica internacional es determinante para la reconstrucción material de los hechos, y sostuvo que el tiempo se está convirtiendo en el peor enemigo de las actuaciones del Ministerio Público.

“Debe activar otras diligenciase incluir a los reales responsables que aún no han sido identificados pero que es notoria la necesaria inclusión de otras personas que han tenido participación en los hechos investigados”, precisó.

Asimismo, expresó que los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores, no pueden refugiarse en la demanda del respeto al debido proceso, que todos deben de  preservar, y reconocer la gravedad del caso de gran corrupción que ha generado tanta indignación en la sociedad dominicana, a la que están obligados a pedir excusas y proceder  firme y decididamente a implementar reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que nos agobian.

A continuación la declaración de Participación Ciudadana:

Ante la solicitud de extensión del Ministerio Público en el caso Odebrecht

Después de un análisis ponderado de la solicitud de extensión de la Procuraduría General de la República (PGR), para concluir y presentar actos conclusivos contra las personas imputadas por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, Participación Ciudadana formula los siguientes planteamientos:

1.- Como se esperaba, la Procuraduría General de la República ha solicitado una extensión del plazo para completar la investigación de los hechos “que se han tornado por las circunstancias que los rodean de difícil reconstrucción material”.

2.-Frente a la complejidad del caso, es razonable la necesidad de la prórroga ante la confesión del Ministerio Público de que aún no está listo para presentar acusación.  Sin embargo, las actuaciones de Procurador General de la República se comparan con otras acciones procesales de otros países, donde ya se cuentan con condenas incluso hasta de un vicepresidente de la República.

3.- Nueva vez manifiesta el órgano acusador su dificultad de reconstruir los  hechos materiales de los actos de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht, reconocimiento que desacredita no sólo el caso más importante del país, sino la labor de los fiscales, y fomentan las posiciones de aquellos que creen que se trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.

4.- La cooperación jurídica internacional es determinante para la reconstrucción material de los hechos, pero hay que recordarle al Ministerio Público que el tiempo se está convirtiendo en el peor enemigo de sus actuaciones, y que debe activar otras diligenciase incluir a los reales responsables que aún no han sido identificados pero que es notoria la necesaria inclusión de otras personas que han tenido participación en los hechos investigados.

5.- Es ya conocido queentre el 2007 y 2015, se realizaron transferencias por unos 81.2 millones de dólares realizadas por cinco empresas de Odebrecht a dos empresas del imputado Ángel Rondón, identificado por la propia constructora como su representante y repartidor de sobornos a funcionarios dominicanos, para contratación y ejecución de obras públicas por un valor de 5 mil millones 957 mil 457 dólares.

6.- Es preocupante que los documentos recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con la Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la Procuraduría General. Esta justificó el acuerdo alegando que el mismo “ayudaría a obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios sobornados y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el acuerdo y el mismo sería terminado”. A la fecha, todavía no se conocen las pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa, aún no hay un claro entendimiento sobre lo prometido y no cumplido por la empresa Odebrecht.

7.- Es penosa la escasa “vocación” para desentrañar este escándalo, ya que la propia Procuraduría General de la República ni siquiera se ha referido a la instancia que presentó el Centro Social Juan XXIII, Fundación Masada, Santiago Somos Todos y PC  para que se investigue el destino de los 4 millones 396 mil dólares transferidos de empresas de Odebrecht en Perú a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao Santana y Mónica Moura, los asesores políticos del presidente Danilo Medina.

8.- Las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentasy la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante.

9- Los líderes políticos nacionales, incluyendo al presidente Danilo Medina y sus antecesores, no pueden refugiarse en la demanda del respeto al debido proceso, que todos debemos preservar, y reconocer la gravedad del caso de gran corrupción que ha generado tanta indignación en la sociedad dominicana, a la que están obligados a pedir excusas y proceder   firme y decididamente a implementar reformas estructurales para conjurar la enorme corrupción y la impunidad que nos agobian. Se debe priorizar de inmediato con la aprobación de las leyes del régimen electoral y de partidos políticos hace años demandadas para reducir el desmesurado costo de la democracia nacional.-

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