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Usan de forma escandalosa recursos públicos para fines electorales.
Santo Domingo, R.D.-La gran cantidad de recursos públicos usados en la actual campaña electoral fue criticado por Participación Ciudadana, cuya organización comparó ese abuso con lo ocurrido durante los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno.
«En la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023», señala la organización.
El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual. Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado, se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones.
A manera de ejemplo, en la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado en dicho año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.
Para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones destinados a “publicidad, impresión y encuadernación”, de los cuales en los primeros tres meses y 12 días ya se gastaron 2,790 millones de pesos, particularmente en los meses de febrero y marzo, cuando se intensificó.
De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024 seis veces más que en igual período del año anterior.
La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.
No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo esperable por parte de la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor.
Otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Particularmente destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos que ayudan a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron 52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y 11,594 millones en los primeros dos meses de este año, registrándose un incremento de 20% respecto a enero-febrero del 2023.
Santo Domingo, R.D.-Unos 34 recursos directos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) han sido acogidos por el órgano facultado para garantizar el apego de las disposiciones y leyes a la carta magna y a la protección de los derechos fundamentales, el cual está obligado a poner por encima el derecho internacional y continental sobre el derecho interno en materia de derechos humanos.
Según la página web de consulta de este organismo extrapoder, desde enero de 2020 al 26 de diciembre de 2024, se han conocido aproximadamente 148 recursos de acción directa de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que busca declarar contraria a la Constitución alguna disposición normativa.
En estos cuatro años, 34 acciones han sido acogidas por la alta corte, lo que significa que en el 22.9 % de los casos, el TC ha tenido que declarar no conforme con la Constitución uno o varios artículos de una ley.
El año en el que se fallaron más acciones directas de inconstitucionalidad fue el 2021, con 38 sentencias. Asimismo, el año con menos decisiones en esta categoría fue el 2024.
El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, informó que, hasta el 6 de noviembre del 2024, esa alta corte falló 976 expedientes.
Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fue relativo a derechos fundamentales.
El magistrado aseguró que los togados del Tribunal Constitucional han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La ley de la DNI
Uno de los casos más recientes en los que se ha declarado la inconstitucional una ley data del 6 de diciembre, cuando el TC anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la Sentencia TC/0767/24, acogió la acción incoada por partidos de oposición alega que afectaba un derecho fundamental de forma indirecta o incidental.
De acuerdo con el último resumen del Tribunal Constitucional, desde el 2012 al 30 de septiembre de 2024 se han recibido 10,201 casos y los jueces han logrado la aprobación y publicación en el portal web institucional de 7,823 recursos fallados.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido fusionados unos 242 expedientes y la «revisión constitucional de sentencia de amparo» ha sido el proceso más destacado.
SANTO DOMINGO. Los directores de Elecciones, de Informática, del Voto dominicano en el Exterior, de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad Personal y Electoral y de Registro Electoral fueron ratificados por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE)
La el órgano explicó que la ratificación fue acogida sin objeciones por los principales partidos políticos del país, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.
Además, otros partidos como la Alianza por la Democracia, el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), la Unión Demócrata Cristiana y Dominicanos por el Cambio también respaldaron la decisión.
Este proceso de ratificación sigue la línea de la reciente reelección de cuatro de los cinco titulares de la JCE por parte del Senado en noviembre pasado, incluidos su presidente, Román Jáquez, y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, mientras que Hirayda Fernández Guzmán fue seleccionada por primera vez.
Con esta resolución, la JCE refuerza su estructura operativa y garantiza la estabilidad y transparencia en la administración de los procesos electorales y el registro civil del país.
Azua.-Un autobús con 70 haitianos indocumentados fue detenido por el Ejército en Azua cuando eran trasladados durante la madrugada de este viernes.
El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.
Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.
Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.