Santo Domingo, RD.-Los partidos políticos tenían exactamente hasta las cuatro de la tarde de este lunes cuando se vencía el plazo otorgado por la Junta Central Electoral (JCE) para que depositaran sus propuestas con relación al documento presentado por esa entidad para formalizar un compromiso cívico y democrático, que procura garantizar la integridad electoral con mira a las elecciones del 2024 y poner fin al proselitismo a destiempo.Nacionales
Partidos apoyan documento propuesto por la JCE para parar “proselitismo a destiempo”
Santo Domingo, RD.-Los partidos políticos tenían exactamente hasta las cuatro de la tarde de este lunes cuando se vencía el plazo otorgado por la Junta Central Electoral (JCE) para que depositaran sus propuestas con relación al documento presentado por esa entidad para formalizar un compromiso cívico y democrático, que procura garantizar la integridad electoral con mira a las elecciones del 2024 y poner fin al proselitismo a destiempo.Desde ya, los partidos políticos han comenzado han expresar sus posiciones y en su mayoría se han mostrado a favor de lo propuesto por el pleno de la JCE y su presidente Román Jáquez Liranzo.
En ese sentido, el vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, indicó a varios medios de comunicación que ven la propuesta como “muy oportuna y conveniente”, por lo que depositaron una posición a favor de lo propuesto por el órgano electoral.
“Estamos comprometidos con la integridad electoral en el partido, porque lamentablemente en los procesos anteriores, eso no ocurrió ni tampoco se procuró la equidad en los procesos; nosotros estamos de acuerdo con la equidad, así como lo reclamamos en la oposición y ahora apoyamos como gobierno”, manifestó Olivares.
Con relación a los señalamientos realizados por los partidos oposición, poniéndolos como parte de los causantes; este defendió el accionar de su organización política indicando que “no fueron ellos los que iniciaron”.
“La televisión está ahí, no miente; están los vídeos, las reseñas periodísticas, que son las que dicen quien empezó y quién no. Nosotros no hemos elegido a ningún candidato, ni hemos hecho ninguna elección aparte de la interna; las actividades proselitistas se iniciaron en esta ocasión más temprano que nunca y no fuimos nosotros, fueron los dos partidos de oposición”, exclamó Olivares.
Con relación al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, expresó al LISTÍN DIARIO que estos apoyaran la convocatoria; en ese orden, Tácito Perdomo, representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que ese partido hará lo mismo, sin embargo reiteró que los regímenes legales que existen en la actualidad no son “suficientes” para establecer un paro.
“Reiteramos que la ley no es lo suficientemente clara al respecto y los reglamentos que pueden haberse hecho de palabra en blanco y negro tampoco resulta suficientemente contundente para frenar esta actividad, sin embargo puede primar un acuerdo de buena fe”, expresó Perdomo.
FP solicita prorroga
Manuel Crespo, representante de la Fuerza del Pueblo, indicó que a pesar de que valoran como positivo la propuesta de acuerdo de la JCE solicitaron una prorroga de 48 horas para depositar un posición oficial con relación a la misma, ya que se encuentran ponderando varios factores.
Hasta el momento, el acuerdo está pautado para ser firmado a las 10 de la mañana de este jueves en la sede del órgano electoral.
El acuerdo
Una vez firmada la propuesta de la JCE, los partidos se comprometerán a que en este período previo al de la precampaña, solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas, a la vez de respetar las prohibiciones contempladas en el artículo 8 de la Resolución No. 28/2021, que emitió el Pleno de la Junta el 13 de octubre de 2022.
Conforme a esa resolución, están prohibidas las siguientes actividades:
1) Realización de Mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos.
2) La colocación de vallas, afiches o cruza calles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios, y que no sean visibles al exterior del mismo.
3) La colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre otros.
4) La promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los y las aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.
5) La utilización de altoparlantes, bocinas y disco light promocionando a los aspirantes ante la población.
6) La producción y uso de propaganda alusiva a los aspirantes, en grupo de personas como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales; salvo que los mismos sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna.
7) La Contratación para la difusión de publicidad o propaganda a través de los medios de comunicación televisivos, radial y redes sociales y que tengan como propósito promocionar a los aspirantes; entre otras establecidas en la referida resolución.
8) La realización de marchas, mítines o propaganda de cualquier tipo en los actos públicos realizados por entidades estatales, que promuevan un determinado aspirante y que afecte la solemnidad institucional que debe caracterizar a estos eventos: entre otras establecidas en la indicada resolución.
“Ante las violaciones a estas prohibiciones la Junta Central Electoral tomará las acciones y sanciones correspondientes», indica el documento.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.