Santo Domingo, RD.-Los partidos políticos tenían exactamente hasta las cuatro de la tarde de este lunes cuando se vencía el plazo otorgado por la Junta Central Electoral (JCE) para que depositaran sus propuestas con relación al documento presentado por esa entidad para formalizar un compromiso cívico y democrático, que procura garantizar la integridad electoral con mira a las elecciones del 2024 y poner fin al proselitismo a destiempo.Nacionales
Partidos apoyan documento propuesto por la JCE para parar “proselitismo a destiempo”
Santo Domingo, RD.-Los partidos políticos tenían exactamente hasta las cuatro de la tarde de este lunes cuando se vencía el plazo otorgado por la Junta Central Electoral (JCE) para que depositaran sus propuestas con relación al documento presentado por esa entidad para formalizar un compromiso cívico y democrático, que procura garantizar la integridad electoral con mira a las elecciones del 2024 y poner fin al proselitismo a destiempo.Desde ya, los partidos políticos han comenzado han expresar sus posiciones y en su mayoría se han mostrado a favor de lo propuesto por el pleno de la JCE y su presidente Román Jáquez Liranzo.
En ese sentido, el vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, indicó a varios medios de comunicación que ven la propuesta como “muy oportuna y conveniente”, por lo que depositaron una posición a favor de lo propuesto por el órgano electoral.
“Estamos comprometidos con la integridad electoral en el partido, porque lamentablemente en los procesos anteriores, eso no ocurrió ni tampoco se procuró la equidad en los procesos; nosotros estamos de acuerdo con la equidad, así como lo reclamamos en la oposición y ahora apoyamos como gobierno”, manifestó Olivares.
Con relación a los señalamientos realizados por los partidos oposición, poniéndolos como parte de los causantes; este defendió el accionar de su organización política indicando que “no fueron ellos los que iniciaron”.
“La televisión está ahí, no miente; están los vídeos, las reseñas periodísticas, que son las que dicen quien empezó y quién no. Nosotros no hemos elegido a ningún candidato, ni hemos hecho ninguna elección aparte de la interna; las actividades proselitistas se iniciaron en esta ocasión más temprano que nunca y no fuimos nosotros, fueron los dos partidos de oposición”, exclamó Olivares.
Con relación al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, expresó al LISTÍN DIARIO que estos apoyaran la convocatoria; en ese orden, Tácito Perdomo, representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dijo que ese partido hará lo mismo, sin embargo reiteró que los regímenes legales que existen en la actualidad no son “suficientes” para establecer un paro.
“Reiteramos que la ley no es lo suficientemente clara al respecto y los reglamentos que pueden haberse hecho de palabra en blanco y negro tampoco resulta suficientemente contundente para frenar esta actividad, sin embargo puede primar un acuerdo de buena fe”, expresó Perdomo.
FP solicita prorroga
Manuel Crespo, representante de la Fuerza del Pueblo, indicó que a pesar de que valoran como positivo la propuesta de acuerdo de la JCE solicitaron una prorroga de 48 horas para depositar un posición oficial con relación a la misma, ya que se encuentran ponderando varios factores.
Hasta el momento, el acuerdo está pautado para ser firmado a las 10 de la mañana de este jueves en la sede del órgano electoral.
El acuerdo
Una vez firmada la propuesta de la JCE, los partidos se comprometerán a que en este período previo al de la precampaña, solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas, a la vez de respetar las prohibiciones contempladas en el artículo 8 de la Resolución No. 28/2021, que emitió el Pleno de la Junta el 13 de octubre de 2022.
Conforme a esa resolución, están prohibidas las siguientes actividades:
1) Realización de Mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos.
2) La colocación de vallas, afiches o cruza calles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios, y que no sean visibles al exterior del mismo.
3) La colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre otros.
4) La promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los y las aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.
5) La utilización de altoparlantes, bocinas y disco light promocionando a los aspirantes ante la población.
6) La producción y uso de propaganda alusiva a los aspirantes, en grupo de personas como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales; salvo que los mismos sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna.
7) La Contratación para la difusión de publicidad o propaganda a través de los medios de comunicación televisivos, radial y redes sociales y que tengan como propósito promocionar a los aspirantes; entre otras establecidas en la referida resolución.
8) La realización de marchas, mítines o propaganda de cualquier tipo en los actos públicos realizados por entidades estatales, que promuevan un determinado aspirante y que afecte la solemnidad institucional que debe caracterizar a estos eventos: entre otras establecidas en la indicada resolución.
“Ante las violaciones a estas prohibiciones la Junta Central Electoral tomará las acciones y sanciones correspondientes», indica el documento.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.