Nacionales
Surge propuesta para mover elecciones de mayo para julio y reducir candidaturas presidenciales.
Dirigentes del Foro de Partidos Políticos.
La Junta Central Electoral (JCE) recibió la propuesta del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom) para mover las elecciones presidenciales y congresuales del 17 de mayo para el 12 de julio y una probable segunda vuelta para el último domingo del mismo mes que se estará a 26.
Sugieren abrir la posibilidad de nuevas alianzas para auspiciar que se realice una sola elección, para lo cual se deben abrir nueva vez los plazos de alianza y coaliciones para incentivar a la unificación de propuestas electivas, de manera que existan menos candidaturas, sin menosprecio al respeto de los derechos de los partidos.
Argumentaron que esto debe tratarse como lo es, una situación de excepción, ya que esta medida influye positivamente en la concentración del esfuerzo en la menor cantidad de candidatos.
Propusieron que, dado los inconvenientes de implementación del voto dominicano en el exterior, de casi 600 mil electores, que se estudie la posibilidad de tomar decisiones claras al respecto, debido a la imposibilidad material en la que se encuentran los ciudadanos dominicanos en el exterior para ejercer el sufragio, preferiblemente suspendiendo el proceso hasta la fecha en la que sea posible realizarlo.
«Se sugiere que los colegios sean excepcionalmente disminuidos a 150-200 electores, que voten en horario por edad (por ejemplo, grupos de 20 a 25 electores, compuestos por electores de edades comprendidas entre un grupo de edad definido, de 8 a 10 a.m.)», expresaron.
Recomendaron ampliar el horario de votación por lo menos dos horas, de 6:00 am a 6:00 pm para evitar aglomeración en las filas y para que los ciudadanos voten todo el día con fluidez, sin necesidad de hacer filas que obliguen al contacto físico.
Sugirieron mantener las comunicaciones con los centros de votación, con las Juntas Electorales Municipales, con otras autoridades y con los partidos, y que la JCE implemente un sistema de videoconferencia, incentivando el registro y participación activa de los principales representantes de partidos.
«Ante la realidad de que no se debe estar haciendo campaña de la forma tradicional, el gobierno, en acuerdo con el Congreso, debe crear una servidumbre radioeléctrica por el tiempo de campaña», indicaron.
Propusieron colocación de publicidad en TV, radio, prensa escrita y digital, de las candidaturas presidenciales en lo nacional, para las congresuales en los medios locales de provincias, respetando siempre la libertad de expresión y libre empresa a los medios, esto con la un tiempo límite (tope) por día para finalidad de crear cierto nivel de equidad en la difusión de las campañas y la publicidad.
Plantearon proveer a los electores y funcionarios de los equipos físicos que garanticen el sufragio sin riesgo.
Además, garantizar, mediante análisis de rigor, que los miembros del colegio electoral y los delegados de partidos están libres del virus.
Dijeron que esa medida debe tomarse con los miembros y funcionarios de las Juntas Municipales y los delegados de los partidos.
El documento fue enviado a los candidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Fuerza del Pueblo, así como organizaciones de la sociedad civil, está firmado por Elías Wessin Chávez, presidente, y José Francisco Peña Guaba, secretario general del Comité Ejecutivo.
«Se prohibiría a los Partidos tener personal alguno en las afueras de los recintos. Los ciudadanos, después de votar, deberían marcharse de inmediato a sus casas, sin que se les permita permanecer en las inmediaciones de los centros de votación. La Policía Militar Electoral tendrá la obligación de garantizar el cumplimiento fiel de estas disposiciones”, expresaron.
Dijeron que la medida ya asumida de la JCE, en cuanto a la grabación del escrutinio por parte de los Observadores de Escrutinio, tiene que ser implementada y ampliada puesto que no sólo contribuye a transparentar el proceso electoral, sino que también disminuye la necesidad de tener que hacer reconteo en las Juntas Electorales municipales.
«Todas las grabaciones que se remitan a la JCE y no habría que recontar en caso de que así se solicite, bastaría comprobar con la grabación cómo se produjo el escrutinio», indicaron.
Sugirieron medidas especiales para personas que sufren discapacidad y adultos mayores, a fines de que se les garantice acceso especial aparte para evitar contagio.
«En cualquier momento en que las elecciones presidencial y congresual de 2020 sean definitivamente celebradas, entendemos que la Junta Central Electoral tiene el deber de solicitar asesoría a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), a fines de posibilitar las elecciones en tiempos del coronavirus», indicaron.
Nacionales
Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.