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Partidos plantean Presidente Abinader consenso enfrentar crisis COVID-19
SANTO DOMINGO.- El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM) manifestó este martes su apoyo al Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader para enfrentar la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19.
Durante un almuerzo en el Palacio Nacional, directivos de las organizaciones políticas se pusieron a disposición de las autoridades para construir una alianza en la búsqueda de soluciones.
La propuesta, recogida en el documento “Compromiso Estratégico Programático para el Consenso Político” procura reducir el impacto de la pandemia en diferentes ámbitos.
Sugieren la creación de diez mesas de consenso político sobre estrategias contra COVID-19, que incluye desplazamiento, salud, economía, turismo y asuntos internacionales, empleos y zonas francas, protección social, educación y género.
Participantes
Por el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) José Francisco Peña Guaba; José Francisco Peña Tavárez; primer vicepresidente; María de los Ángeles Peña Peña, secretaria general.
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Ramón Rogelio Genao, secretario general; Máximo Castro, primer vicepresidente, Tácito Perdomo, delegado político, José Balaguer, secretario de Organización.
Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) Elías Wessin Chávez, presidente, Eduardo de Jesús Veras, secretario general.
Partido Movimiento Democrático Alternativo (MODA) Emilio Rivas, presidente; Isidro Díaz, delegado político.
Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán, vicepresidente y José Ricardo Taveras, secretario general.
Partido Cívico Renovador (PCR) Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, presidente; Franklin White, secretario general.
Partido Revolucionario Independiente (PRI) Trajano Santana, presidente, Martilio Santana, delegado político.
Partido Acción Liberal (PAL) Maritza López de Ortiz, presidenta; Anatalio Aquino Fulcar, secretario general.
Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) Juan Cohén Sander, presidente, José Ignacio Méndez, delegado político.
Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta Moreta, presidente; Leonardo Antonio Suero, secretario general.
Partido de Unidad Nacional (PUN) Pedro Corporán Cabrera, presidente; Pedro Emilio Ramírez, secretario general.
Partido Liberal Reformista (PLR) Esther Castillo, secretaria general, Amaury Guzmán, delegado político.
Partido Verde Dominicano (PVD) José Antolín Polanco Rosa, presidente, Roberto Acevedo, secretario general.
Partido Demócrata Popular (PDP) Nelson Didiez, presidente, Matilde Ogando, secretaria general.
Partido Demócrata Institucional (PDI) Pedro Galán, secretario general, Luis Valdez Carrasco, secretario Nacional de Empresarios.
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Peggy Cabral, presidenta en funciones; Junior Santos, secretario general, Janet Camilo, vicepresidenta, Rafael Vásquez, secretario de Organización, Héctor Guzmán, vicepresidente.
Generación Servidores, Carlos Peña, presidente.
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.