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Alarma ante situación en la Cámara de Cuentas
Santo Domingo.- Una gran preocupación existe en diferentes sectores de la vida nacional, entre ellos la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana, la cual dejó sentada este miércoles su alarma por la situación de la Cámara de Cuentas, organismo de control de los recursos públicos y lucha contra la corrupción y la impunidad, de lo que la entidad tiene conocimiento desde hace más de un año.
Miembros del capítulo dominicano de Transparencia Internacional se reunieron con el pleno de la entidad y con algunos de sus miembros de manera individual tras conocer que «intereses particulares habían imposibilitado los acuerdos necesarios para sacar a esa institución del descrédito en que había caído en gestiones anteriores».
Entre los principales problemas que la organización ha identificado en la Cámara de Cuentas es que algunos de sus integrantes encabezados por su presidente han realizado fuertes cuestionamientos a más de un centenar de auditorías que quedaron sin firmar por la pasada gestión.
Las auditorías carecen de calidad técnica y tanto miembros en activo como de gestiones anteriores afirman que han sido “maquilladas” con el objetivo de ocultar situaciones y beneficiar a funcionarios que habrían incurrido en irregularidades, indicó la entidad en un comunicado.
La Cámara de Cuentas no exige ni a sus miembros ni a su personal formación especializada en auditoria, la mayoría son contadores, lo que explica la ineficacia para detectar irregularidades y el robo de los recursos públicos porque las auditorias se hacían sin cumplir con las normas internacionales en esta materia.
Una gran parte de los empleados más cualificados ha renunciado por los bajos salarios o por las presiones que tienen que sufrir en el desarrollo de su trabajo y en cerca de tres años no se ha podido evaluar, renovar y completar el personal, apunta la nota de Participación Ciudadana.
Parte de los integrantes actuales del pleno ha rechazado la propuesta del presidente de organizar los trabajos en cuatro áreas especializadas, encabezadas por auditores expertos seleccionados por concurso.
Agrega que algunos imputados que cuentan con enormes recursos financieros contratan firmas privadas para tratar de desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas, mientras otros que están siendo investigados intentan influir a su favor.
El esquema de gobernabilidad de este organismo «propicia la paralización, el anquilosamiento, la indisciplina y la confabulación», ya que su presidente no tiene autoridad para tomar ninguna medida administrativa.
El personal de la Cámara de Cuentas no se somete a evaluación ni se mide su rendimiento, incluso «se dice que muchos trabajan para intereses particulares de funcionarios actuales o del pasado, sin el temor de ser removidos porque cuentan con una estructura de protección y resguardo».
Según la entidad, personal del pleno ha impedido que se sacaran a concurso más de cien plazas vacantes y ha bloqueado un proyecto de automatización y modernización de los procesos para hacer más eficiente y dotar de mayor calidad a las auditorias.
La conclusión de Participación Ciudadana es que la situación de ingobernabilidad en que ha caído la Cámara de Cuentas es insostenible, a pesar de los esfuerzos que algunos han realizado para enderezar la situación.
Espera que el Congreso Nacional asuma la parte de responsabilidad que le asigna la Constitución, incluida la revisión de la ley para hacer este organismo más operativo y gobernable. EFE
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.