Santo Domingo, (EFE).- En la República Dominicana hubo avances en la organización de las elecciones, según Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, aunque destacó que en ellas se registró una menor participación y al propio tiempo califico como negativo la lentitud de los casos de corrupción en la justicia nacional.
Al presentar su balance de 2024, la organización citó entre los factores negativos esa lentitud en el avance de dichos casos, la norma que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de imputado y la ralentización de la lucha contra la corrupción, «lo que se evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control, como la Cámara de Cuentas, Dirección de Ética, Congreso Nacional y la Contraloría General».
Por el contrario, en el lado positivo subrayó el buen desempeño de la economía dominicana a la cabeza de la región, con un crecimiento que ronda el 5 %, así como la estabilidad y control de la inflación.
No obstante, el nivel de deuda sigue en aumento, por lo que llama al Gobierno a reducir el ritmo de endeudamiento público y atender las necesidades de inversión con una modificación y mayor eficiencia fiscal.
En cuanto a las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo, Participación Ciudadana indicó que se desarrollaron con relativa normalidad y con una «excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral».
Agregó que las impugnaciones fueron muchas menos que en ocasiones anteriores, pero «la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores avances».
Por otro lado, considera positiva la aprobación de la reforma constitucional que dificulta más de dos mandatos presidenciales, al igual que excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante propuesta que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión en este organismo del presidente del Tribunal Constitucional.
Para Participación Ciudadana, el que el período del procurador general sea de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, le resta independencia.
Esta organización tampoco comparte la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha y lamenta que «se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, por lo que para 2025 instó al Gobierno a retomarla y a avanzar en las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, reforma policial, Código Penal y modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, entre otras.
En lo relativo a Haití, «PC entiende que el país debe ser prudente, equilibrado y firme en torno a la difícil situación en que nos encontramos al compartir la isla con un país que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social, pero que, al mismo tiempo, mantiene y debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un controlado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios».
Agregó que, respetando el debido proceso y los derechos humanos, se ha de seguir protegiendo las fronteras, acabar con la corrupción en el trasiego de haitianos y establecer mecanismos para la estabilidad de los trabajadores de origen haitiano. EFE