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Lentitud en casos de corrupción ve Participación Ciudadana en R.D.
Santo Domingo, (EFE).- En la República Dominicana hubo avances en la organización de las elecciones, según Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, aunque destacó que en ellas se registró una menor participación y al propio tiempo califico como negativo la lentitud de los casos de corrupción en la justicia nacional.
Al presentar su balance de 2024, la organización citó entre los factores negativos esa lentitud en el avance de dichos casos, la norma que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de imputado y la ralentización de la lucha contra la corrupción, «lo que se evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control, como la Cámara de Cuentas, Dirección de Ética, Congreso Nacional y la Contraloría General».
Por el contrario, en el lado positivo subrayó el buen desempeño de la economía dominicana a la cabeza de la región, con un crecimiento que ronda el 5 %, así como la estabilidad y control de la inflación.
No obstante, el nivel de deuda sigue en aumento, por lo que llama al Gobierno a reducir el ritmo de endeudamiento público y atender las necesidades de inversión con una modificación y mayor eficiencia fiscal.
En cuanto a las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo, Participación Ciudadana indicó que se desarrollaron con relativa normalidad y con una «excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral».
Agregó que las impugnaciones fueron muchas menos que en ocasiones anteriores, pero «la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores avances».
Por otro lado, considera positiva la aprobación de la reforma constitucional que dificulta más de dos mandatos presidenciales, al igual que excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante propuesta que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión en este organismo del presidente del Tribunal Constitucional.
Para Participación Ciudadana, el que el período del procurador general sea de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, le resta independencia.
Esta organización tampoco comparte la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha y lamenta que «se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, por lo que para 2025 instó al Gobierno a retomarla y a avanzar en las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, reforma policial, Código Penal y modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, entre otras.
En lo relativo a Haití, «PC entiende que el país debe ser prudente, equilibrado y firme en torno a la difícil situación en que nos encontramos al compartir la isla con un país que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social, pero que, al mismo tiempo, mantiene y debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un controlado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios».
Agregó que, respetando el debido proceso y los derechos humanos, se ha de seguir protegiendo las fronteras, acabar con la corrupción en el trasiego de haitianos y establecer mecanismos para la estabilidad de los trabajadores de origen haitiano. EFE
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.