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Sigue la defensa de ministro de Medio Ambiente Ceara Hatton
SANTO DOMIONGO.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana y el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) apoyaron las medidas que ha adoptado Miguel Ceara Hatton en el Ministerio de Medioambiente y rechazaron los ataques de que, a su juicio, está siendo objeto se sectores políticos.
PC tildó de «despiadados” esos ataques» y opinó que «ante esta grave situación, el presidente Luis Abinader está en el deber de seguir apoyando la limpieza de ese Ministerio».
«De ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente, estaría enviando un triste y negativo mensaje y traicionaría sus promesas de cambios en el área medioambiental», dice la entidad apartidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
PC emite estos criterios en una carta pública a Ceara Hatton, copia de la cual entregó a ALMOMENTO.NET.
La misma se produce en momentos en que hay un resaltante conflicto entre dicho Ministro y dirigentes del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM). La causa es una declaración de este funcionario a un programa de televisión de que se ha visto precisado a desvincular de Medio Ambiente a unas 600 personas que no realizaban ningún trabajo.
LA CARTA
El texto de la carta, firmada por la coordinadora de PC Lizzie Sanchez Padilla, es el siguiente:
«Señor
Miguel Ceara Hatton
Ministro de Medio Ambiente
Su despacho.-
Estimado Miguel:
A nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, tengo el encargo de hacerle llegar nuestro cariño, admiración y respaldo ante los despiadados ataques a los que ha sido sometido desde que fue designado en la función de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Nunca olvidaremos que fue uno de los fundadores de nuestra organización, a la que en sus primeros años aportó tiempo voluntario de calidad en la misión que emprendimos, enfocada en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Luego pasó a asumir responsabilidades en organismos nacionales e internacionales que, aunque lo alejaron de las actividades de nuestra organización, nos han hecho sentir orgullosos de su trayectoria y aportes a la democracia y confiados en que los mismos principios y valores que lo acercaron a Participación Ciudadana le acompañan en todo lo que hace.
Queremos expresarle que no está solo en la difícil misión de enfrentar los intereses particulares que han adversado cualquier medida destinada a preservar nuestros recursos naturales. El medio ambiente es uno de los ámbitos de la sociedad en los que lamentablemente confluyen más intereses espurios, mafias, abusos y amenazas. Son de las áreas en las que hay que tener más valor y coraje para cambiar las cosas, en las que se corren mayores riesgos al enfrentar a sectores de todos los niveles sociales, pero sobre todo a aquellos que han acumulado fortunas a costa de la contaminación y depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Por eso no es de extrañar los ataques constantes, los intentos de descalificarle y las presiones para hacerle saltar del puesto.
En este momento está bajo los ataques, por un lado, de sectores políticos y, por otro lado, de personajes oscuros que pretenden reproducir las mismas prácticas que tanto daño han hecho al país.
Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los organismos estatales que ha sido utilizado desde hace décadas para colocar en nominillas a cientos de militantes del partido que esté en el poder y hasta nominillas de personas particulares, acción que se convierte en un acto de corrupción porque estos no realizan labor alguna para el Estado dominicano.
También es costumbre la infiltración en ese Ministerio de personas que negocian concesiones con las mafias que destruyen el medio ambiente y los recursos naturales.
Por estas razones, los fondos que cada año se asignan en el presupuesto no alcanzan para realizar las verdaderas labores para las que fue creada esa institución estatal, con las nefastas consecuencias medioambientales y a los recursos naturales que están a la vista de todo el mundo.
Ya el país pasó por la tragedia que se llevó la vida del anterior ministro, Orlando Jorge Mera. Ante esta grave situación, el presidente Luis Abinader está en el deber de seguir apoyando la limpieza de ese Ministerio. De ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente, estaría enviando un triste y negativo mensaje y traicionaría sus promesas de cambios en el área medioambiental.
Participación Ciudadana seguirá combatiendo la corrupción y el abuso del poder para beneficios particulares. Dentro de nuestras labores de observación electoral, estaremos poniendo mucha atención a la nómina pública, la existencia o introducción de nominillas destinadas exclusivamente al financiamiento subrepticio del partido en el poder o de personas particulares.
Reiterándote nuestro apoyo a toda acción que contribuya a adecentar ese Ministerio, le saluda,
Afectuosamente,
En nombre y representación del Consejo Nacional
Lizzie Sanchez Padilla
Coordinadora General»
ACADEMIA DE CIENCIAS
La Academia de Ciencias, de su lado, dijo que Ceara Hatton, ha estado adoptando medidas para “lograr el adecentamiento administrativo y el manejo pulcro de los magros recursos financieros que dispone ese ministerio”.
Mediante un comunicado, la institución científica manifiesta que son múltiples las funciones que dicha institución tiene que emprender para cumplir con las ineludibles tareas que le asignan las leyes 64-00., la 202-04, así como la Constitución de la República para la protección, cuidado, manejo y gestión efectiva de los Recursos Naturales de la República Dominicana, tareas que no permiten el dispendio y uso inapropiado de los recursos.
Señala que “el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es una institución de profesionales, nunca una entidad clientelista, que pueda utilizarse para incluir en su nómina a personas ajenas a los cometidos para los que fue creado. Mucho menos utilizar los fondos con los que cuenta, para recompensar a miembros de grupos políticos por su apoyo a cualquier candidatura del partido que sea”.
“Es ampliamente conocido que el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), viene acumulando un deterioro progresivo en todo lo relativo a su protección efectiva, falta de personal calificado, falta equipos, medios de transporte, casetas de vigilancias maltrechas, personal desmotivado, todo esto dificulta la conservación efectiva del patrimonio natural y cultural que tiene ese ministerio bajo su responsabilidad”, expresa la ACRD
“En todos sus actos de su vida en nuestra academia el Dr. Ceara Hatton ha actuado apegado a los principios éticos y ha cumplido con todos los postulados contenidos en nuestros estatutos y reglamentos”, dice la nota.
sp-am
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.