Nacionales
Pedro Castillo, un preso con un trato preferencial
Pedro Castillo acudió ayer al tribunal de San Cristóbal donde se conoce su solicitud de prisión domiciliaria por seis meses. (Carlos Mejía)
A pesar de que el procurador, Francisco Domínguez Brito, anunció con bombos y platillos la eliminación de los privilegios en las cárceles, la práctica sigue en Najayo.
Al menos así consta en el acta de inspección que levantó el juez del Tribunal para la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Bayoan Rodríguez Portalatín, en la celda de Pedro Castillo, condenado a 10 años de prisión por desfalco al Banco del Progreso. Según el acta, levantada el pasado 28 de diciembre, la celda del recluso es un cuarto compuesto por una sala, un dormitorio y un baño.
En la sala tiene un sillón, tres mesas, una meseta con fregadero, despensas arriba y abajo, una nevera con freezer, un microondas, una computadora laptop, un aire acondicionado, un deshumidificador, cuatro sillas plásticas, una silla de hierro, un radio, un nebulizador, un inversor, un bebedero, dos lámparas, un módem para Internet y un aparato de teléfono. En el dormitorio tiene una cama full, un aire acondicionado, dos mesas de noche, una lámpara, un nebulizador, un ionizador de aire, un televisor plasma, un reproductor de DVD y muebles con gavetas. El baño consta de una bañera en condiciones limpias, un inodoro y un ionizador de aire.
La orden que dio el Procurador al director de Prisiones, mayor general Tomás Holguín la Paz, para que termine los privilegios no se ha cumplido, a pesar de que el 28 de septiembre, cuando Domínguez Brito hizo pública la decisión, afirmó que lo más vergonzoso de los privilegios carcelarios es que benefician a quienes cumplen prisión por delitos graves por los que se han hecho poseedores de grandes fortunas.
Castillo ha salido 83 veces del penal
Castillo solicitó que se le varíe la prisión carcelaria por la domiciliaria por un periodo de seis meses, según sus alegatos porque debido a la humedad y hongos que hay en su celda, una bacteria se le alojó en los pulmones, situación que ha complicado sus quebrantos de hipertensión y asma. Durante la inspección a su celda, Castillo se quejó de que no está apta para preservar su salud debido a que cuando llueve en el baño caen 152 goteras que él ha contado.
En la audiencia de ayer para conocer el caso, el magistrado se reservó el fallo de esa solicitud, a la que se opone el Ministerio Público, para el 23 de este mes. Francisco Álvarez, abogado del Banco del Progreso, afirmó que en los tres años que lleva Castillo preso ha salido 83 veces del penal supuestamente para chequeos médicos en clínicas como la Abel González, Corazones Unidos, Cedimat y la Plaza de la Salud.
“Trabajamos a mano pelada”
El auxiliar de enfermería de Najayo le confesó al juez Rodríguez Portalatín que trabajan a “manos peladas”. Miguel Álvarez reveló que no cuentan con aparatos para medir la presión ni para hacer electrocardiograma en ese centro. Debido a esas precariedades, Castillo le aclaró al juez que solo ha llegado hasta la puerta del dispensario del penal de Najayo porque además carece de aparatos para entubar y oxígeno.
Álvarez afirmó que el dinero para suplir algunas de las necesidades del centro lo aportan los médicos o el alcaide, Faustino Pulinario, y que en la mayoría de los casos no hay ni jeringas.
El auxiliar de enfermería también reveló que en el penal se habilitó un área especial porque han tenido dos casos de cólera.
Camión de la basura es ambulancia de Najayo
Aunque no es el caso de Castillo, quien según fotos a las que tuvo acceso elCaribe, se traslada a los centros de salud en una yipeta, los presos que se enferman en la cárcel de Najayo son transportados en el camión de la basura debido a que la ambulancia de que dispone el centro está dañada desde hace más de un año. Según las declaraciones que le dio el auxiliar de enfermería del penal, Miguel Álvarez a Rodríguez Portalatín, días antes al 28 de diciembre o, murió un interno en el penal que padecía sífiles, sida y tuberculosis debido a que no había médicos para asistirlo y el camión de la basura usado como ambulancia también se dañó.
En el acta del levantamiento, el interno Pedro Castillo le afirma al magistrado que él contribuyó con el penal tanto para la ambulancia como para el camión de la basura. “La ambulancia que contribuimos se la llevaron para arreglarla y todavía no se ha podido, el camión que contribuimos también está todavía dañado”, le explicó Castillo a Rodríguez Portalatín. Según declaró el auxiliar de enfermería al magistrado, Castillo también fue quien donó el único nebulizador que tiene Najayo.
El Caribe
Fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana la resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que suspendió el contrato adjudicado a Transcore Latam, S.R.L., en el marco de una licitación pública nacional organizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Este fallo, que se produce tras un recurso presentado por la empresa afectada, busca aclarar la legalidad del proceso de suspensión y garantizar la transparencia en el manejo de los contratos públicos.
El 21 de noviembre de 2023, Transcore Latam interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la DGCP y el INTRANT, impugnando la resolución RIC-156-2023.
Esta resolución suspendió el contrato No. DJ-CBS-009-2023, el cual se firmo en el contexto de la Licitación Pública Nacional No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Según la empresa, la suspensión se tomo sin un respaldo legal adecuado, y argumenta que se vulneraron sus derechos constitucionales.
Por su parte, la DGCP defendió su decisión, alegando que la suspensión estaba justificada bajo la normativa vigente, específicamente la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas.
Esta ley otorga a la DGCP la facultad de tomar medidas cautelares cuando existen dudas sobre la legalidad de un contrato público.
El origen de la suspensión del contrato está relacionado con una serie de denuncias presentadas por otras empresas, como ESC Group, S.R.L., y otras firmas competidoras, que señalaron presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
Entre las acusaciones se incluyen la apropiación indebida de documentos, la falsificación de información y la alteración de resultados.
La DGCP, en su calidad de autoridad rectora en los procesos de compras públicas, adoptó medidas precautorias para evitar que dichos posibles vicios afectaran el interés general del Estado.
El Tribunal Superior Administrativo emitió un fallo que valida la medida provisional de suspensión del contrato, lo que permite que las investigaciones sobre las irregularidades continúen.
La decisión del tribunal se basa en que la DGCP actuó dentro de sus competencias y conforme a la ley, garantizando que todas las partes pudieran presentar sus alegatos y defenderse de las acusaciones en su contra.
La resolución de la corte subraya que la medida adoptada no implica una decisión final sobre la legalidad del contrato, sino que se trata de una suspensión temporal hasta que se aclaren las denuncias.
Irregularidades en el contrato de Transcore Latam
Las investigaciones del Ministerio Público señalaron que hubo varios elementos que cuestionan la transparencia del proceso de adjudicación del contrato con Transcore Latam.
Se identificó que Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras, habría influido en la modificación de los pliegos de condiciones de manera extemporánea.
Esto habría dificultado una evaluación técnica adecuada y propiciado la selección de una oferta con posibles irregularidades.
Además de Hugo Beras, Gómez Canaán y otros funcionarios mencionados en el proceso, se encuentran imputados por su presunta implicación en la corrupción administrativa y el desfalco de fondos públicos.
La investigación ha extendido sus alcances, involucrando a varios otros personajes clave del Intrant, como Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología, y Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
En libertad a pesar de todo
El 11 de noviembre, después de cumplir un mes y diez días en prisión preventiva, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Jochi Gómez y Pedro Padovanni los liberaron con condiciones que establecen una garantía económica, la prohibición de salir del país y la obligación de los implicados de presentarse regularmente ante las autoridades..
Santo Domingo, R.D.-Los controles militares en la frontera no ha detenido el trafico ilegal de haitianos hacia la República Dominicana, ya que esa representa una lucrativa actividad ilícita para quienes operan el negocio clandestino.
Sin embargo, las fuerzas militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) han logrado desmantelar múltiples redes criminales manejadas tanto por dominicanos como por haitianos, llevando a más de 170 implicados ante la justicia en los últimos cinco meses.
En el último operativo, militares del ejército detuvieron el 24 de diciembre a un haitiano que transportaba a 11 compatriotas indocumentados e intentó sobornar a los uniformados.
El detenido, Franklin Pie, conducía un Toyota Pixis blanco, placa AA24038, con los extranjeros indocumentados a bordo.
Al ser arrestado, el detenido intentó sobornar a los militares del puesto de chequeo Botoncillo con RD$ 15,000, quienes lo llevaron a la Fortaleza San Fernando para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Los extranjeros detenidos en situación migratoria irregular fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para su repatriación.
El Ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, han ordenado la continuidad de los operativos de interdicción migratoria y combate al tráfico de indocumentados y mercancías ilegales en la frontera entre ambas naciones.
También aseguraron que continuarán apoyando a la Policía Nacional en su labor de garantizar la seguridad ciudadana en todas las áreas bajo responsabilidad del Ejército durante las festividades navideñas.
Santo Domingo, R.D.-La «Gracia Navideña» ha sido recibida por más de 300 mil dominicanos concedida a través de la Dirección General de Aduanas con motivo de las fiestas navideñas.
Este año Aduanas incrementó a un 30 % el valor total de artículos y regalos que los dominicanos residentes en el exterior exonerados de los aranceles.
La gracia navideña aplica tanto para los dominicanos que ingresen al país por vía aérea como marítima, siempre que el valor Free on Bord (FOB) de los bienes transportados no sea superior al monto establecido y no sea en cantidades comerciales, permitiéndose, solamente, una unidad de cada tipo.
Esta exoneración se aplica por familia, y para aquellos que tienen al menos seis meses o más sin venir a la República Dominicana.
Los vuelos comerciales procedentes de Nueva York, Miami, San Juan, Puerto Rico, New Yersey, Atlanta y otras ciudades de Estados Unidos, están llegando con casi un 100% por ciento de ocupación.