Editorial
Peligra en el país el Estado Social Democrático y de Derecho?
No hay otra explicación de que lo que se produce entre los que defienden y los que rechazan las candidaturas independientes no es otra cosa que lo que muchos tratadistas del tema han calificado como una fuerte confrontación entre la ciencia política y el derecho.
Y no es menos de ahí, porque todo el mundo sabe que los partidos políticos tienen el control total del poder público, desde el poder Legislativo hasta el Ejecutivo y el Judicial, pero además este tipo de organización también tiene el monopolio del sistema electoral.
De tal suerte que cuenta con las herramientas para sabotear cualquier alternativa de participación democrática que permita por lo menos modificar la democracia que se ha construido en el país, la cual hasta el año 2010 era totalmente desigual, pero que falta ver si toma fuerza la corriente de proteger los derechos fundamentales o que la Constitución sea un pedazo de papel o una pantalla, que no tiene nada que ver con el nuevo constitucionalismo que se practica e impacta mundo.
El derecho comparado habla muy claro con respecto a la referida figura jurídica de las candidaturas independientes, las cuales tienen su aparición y vigencia en prácticamente todos los países del hemisferio, como Colombia, Paraguay, argentina, Chile, El Salvador, Honduras, entre muchos otros.
El director de este diario ha dicho en muchos de los escenarios en los que ha hecho sentir su enfoque sobre las candidaturas independientes, que éstas no representan necesariamente una vía para que por ahí aparezca sólo un santo, sino también un diablo, pero que en razón de que los partidos son instrumentos muy corrompidos, las mismas tienen que ser una opción inaplazable para buscar mejorar la democracia nacional.
Este es un riesgo que debe correrse la democracia nacional, porque ya ha habido otros tantos que sólo han traído malestar y violación de los derechos sociales y fundamentales, total que tanto los que preconizan el Estado Liberal como el Estado Social defienden la libertad individual y la igualdad social, es decir, que ambos al final de cuentas abogan por causas que giran alrededor de los derechos ciudadanos.
Lo otro es que con esta figura jurídica se pone a prueba el Estado Social Democrático y de Derecho de que tanto se habla en el país y que está consignado en el artículo 8 de la Constitución de la República.
Es un verdadero reto para la democracia nacional, la cual es un principio de la Constitución, cuya amenaza a este respecto proviene del órgano que tiene la misión de dirigir y montar el proceso electoral, el cual ha presentado un proyecto de ley para reglamentar las candidaturas independientes que borra los avances que ha tenido el país en torno al derecho, valor y principio de igualdad.
El tema luce interesante en función de que el constitucionalismo dominicano siga por el camino trazado por la Constitución del 2010 y todo el derecho internacional, lo cual parece distorsionarse de una mala manera en algunas circunstancias como la que ocurre actualmente con las candidaturas independientes.
Todas las violaciones que se cometan en los actuales momentos implican que el país se dirige a un sistema de fuerza que se sale del principio de razonabilidad y de legalidad que caracteriza a todas las sociedades que han abrazado el neo-constitucionalismo y consecuentemente el Estado Social Democrático y de Derecho.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana