Más Noticias
Son legales las pruebas presentadas contra encartados del caso Odebrecht, dice el PEPCA.
SANTO DOMINGO.- Las pruebas presentadas en en el juicio del caso Odebrecht fueron defendidas por el Ministerio Público este lunes.En consecuencia, la fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió que fuera rechazada la objeción de la defensa del imputado Víctor Díaz Rúa a la testigo Jissel del Carmen Paulino Cáceres, la número 11 que presentará el Ministerio Público en la continuación del juicio.
La fiscal Ortiz resaltó que el órgano de la persecución penal entregó al tribunal todas las órdenes judiciales que amparan la información financiera relacionada con el imputado Víctor Díaz Rúa y con todas sus empresas.
“Hasta ahora así lo hemos hecho con cada uno de los imputados, porque todas las actuaciones del Ministerio Público están apegadas a la ley”, destacó.
Al responder preguntas de los periodistas que cubren el proceso, Ortiz dijo que las constantes objeciones a los testigos, de parte de los abogados defensores, forman parte de la estrategia que han agotado desde el principio: “Tratar de objetar lo más posible la incorporación probatoria”.
Agregó que, tal y como sucedió con respecto a la testigo María del Carmen Álvarez, se espera que el tribunal rechace la objeción planteada, tras percatarse de la existencia de la autorización judicial para la incorporación de estas evidencias. “Eso mismo sucederá en este momento”.
La magistrada Mirna Ortiz dijo que hasta el momento han logrado incorporar 412 pruebas con 10 testigos que han declarado, de un total de 28 que serán presentados como parte de la oferta probatoria del Ministerio Público.
“Ya probada su información societaria y su participación accionaria en diversas empresas, ahora pretendemos establecer su patrimonio declarado en bancos e instituciones financieras y el movimiento de esas cuentas, así como los ingresos que este ha percibido por salario durante los períodos en que ejerció la función pública”, agregó con respecto a los informes financieros de Díaz Rúa.
Además de Díaz Rúa, por este caso son enjuiciados Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.
Con las pruebas, el Ministerio Público procura demostrar su vinculación con los sobornos que pagó la multinacional brasileña.
Mirna Ortiz forma parte del equipo litigador en el juicio, el cual encabeza el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo se retiraron a deliberar sobre la objeción planteada por los abogados de Díaz Rúa y a la que se adhirieron las defensas de otros de los imputados.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.