Latinoamericanas
Perú crispado sigue esperando la proclamación de su presidente
LIMA.- Una semana después de las elecciones presidenciales, Perú sigue sin conocer al ganador oficial de los comicios, con el izquierdista Pedro Castillo convertido, hasta el momento, en el candidato más votado y la derechista Keiko Fujimori centrada en que se atiendan sus denuncias de un «fraude en mesa».
Desde que durante la noche del 6 de junio, cuando se conoció que ambos candidatos habían recibido prácticamente el 50 % de la votación, la crispación política no ha amainado y amenaza, más bien, con poner en riesgo la legitimidad del que finalmente sea proclamado gobernante para el período 2021-2026.
Este domingo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las cifras de las actas contabilizadas del balotaje habían llegado al 99,935 %, con una ventaja de 49.420 votos a Castillo sobre Fujimori.
El candidato del partido Perú Libre recibe hasta el momento 8.833.185 votos, mientras que la candidata de Fuerza Popular tiene 8.783.765, lo que en votos válidos representa un 50,14 % y 49,86 % del sufragio, respectivamente.
El pequeño porcentaje de votos, que ya han sido procesados pero aún están por contabilizar, está comprendido en 56 actas que aún deben ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presentar algún error material, impugnación o falta de firmas, entre otros asuntos.
Sin embargo, su conclusión al 100 % no implicará la inmediata promulgación del vencedor de los comicios, ya que aún se debe esperar a que se revisen todos los pedidos de nulidad de actas, impulsados, en su mayoría, por Fujimori, tras haber denunciado que se ha querido cometer un «fraude en mesa» durante el balotaje.
TENSIÓN PALPABLE
Mientras se resuelven esas solicitudes, la tensión es palpable en todo el país, con manifestaciones y marchas de protesta de los seguidores de uno y otra candidata que, desde su perspectiva, exigen que «se respete» su voto.
Fujimori lideró durante la noche del sábado un mitin ante miles de ciudadanos que antes marcharon por el centro histórico de Lima para manifestar su rechazo al «fraude en mesa», exigir que los pedidos de anulación de votos se analicen en audiencias públicas y remarcar que esta es una lucha entre «la libertad y el comunismo».
En la vecina orilla, los seguidores de Castillo acusan al fujimorismo de querer torcer la voluntad popular, remarcan que se debe preservar el voto de miles de personas de zonas rurales del país y consideran que los recursos de Fujimori solo buscan retrasar la finalización del conteo.
La candidata enfatizó que, en realidad, hay un «fraude en mesa» orquestado por Perú Libre, para «vulnerar el resultado electoral» y señaló que esto se da en un contexto que tiene a Perú como «el nuevo epicentro de una confrontación entre el comunismo y una economía libre, la izquierda y el centro-derecha, el estatismo y el mercado libre, la libertad de prensa y la libertad de expresión».
Castillo pidió, por su parte, a las autoridades electorales que no «prolonguen más» la publicación de los resultados y aseguró que en su país se debe terminar con la polarización.
«No más polarización en el país. Dejamos en manos de las autoridades para que estas cosas no se prolonguen más. Seremos respetuosos de la voluntad popular del pueblo peruano», sostuvo.
En medio de la tensión política que afronta el país, el diario El Comercio afirmó este domingo que los acontecimientos que se han presentado durante los días posteriores a la segunda vuelta han «hecho ya un daño tremendo a la frágil institucionalidad nacional».
«El eficiente conteo de la ONPE -con actualizaciones públicas regulares- no fue suficiente para salvaguardar el proceso electoral de críticas. Con resultados tan apretados (…) la integridad y solvencia institucional del sistema han sido puestos a prueba, y su respuesta ha sido deficiente», sostuvo.
Por ese motivo, remarcó que»autoridades, candidatos y simpatizantes tienen hoy que actuar con extrema responsabilidad», ya que «en el escenario actual, las consecuencias de no hacerlo son incalculables».
Para el periodista y analista Augusto Álvarez Rodrich este enfrentamiento «de muchos de una mitad frente a muchos de la otra mitad del país… deja el sabor de una lucha de clases que estaba contenida, pero que la elección destapó».
En un artículo publicado en el diario La República, consideró que esta situación «no va a parar ni cuando la ONPE termine de contar los votos dentro de ¿unas? semanas, ni cuando, el 28 de julio, arranque la nueva presidencia».
«Esto recién empieza», enfatizó.
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.