Latinoamericanas
Perú crispado sigue esperando la proclamación de su presidente
LIMA.- Una semana después de las elecciones presidenciales, Perú sigue sin conocer al ganador oficial de los comicios, con el izquierdista Pedro Castillo convertido, hasta el momento, en el candidato más votado y la derechista Keiko Fujimori centrada en que se atiendan sus denuncias de un «fraude en mesa».
Desde que durante la noche del 6 de junio, cuando se conoció que ambos candidatos habían recibido prácticamente el 50 % de la votación, la crispación política no ha amainado y amenaza, más bien, con poner en riesgo la legitimidad del que finalmente sea proclamado gobernante para el período 2021-2026.
Este domingo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las cifras de las actas contabilizadas del balotaje habían llegado al 99,935 %, con una ventaja de 49.420 votos a Castillo sobre Fujimori.
El candidato del partido Perú Libre recibe hasta el momento 8.833.185 votos, mientras que la candidata de Fuerza Popular tiene 8.783.765, lo que en votos válidos representa un 50,14 % y 49,86 % del sufragio, respectivamente.
El pequeño porcentaje de votos, que ya han sido procesados pero aún están por contabilizar, está comprendido en 56 actas que aún deben ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presentar algún error material, impugnación o falta de firmas, entre otros asuntos.
Sin embargo, su conclusión al 100 % no implicará la inmediata promulgación del vencedor de los comicios, ya que aún se debe esperar a que se revisen todos los pedidos de nulidad de actas, impulsados, en su mayoría, por Fujimori, tras haber denunciado que se ha querido cometer un «fraude en mesa» durante el balotaje.
TENSIÓN PALPABLE
Mientras se resuelven esas solicitudes, la tensión es palpable en todo el país, con manifestaciones y marchas de protesta de los seguidores de uno y otra candidata que, desde su perspectiva, exigen que «se respete» su voto.
Fujimori lideró durante la noche del sábado un mitin ante miles de ciudadanos que antes marcharon por el centro histórico de Lima para manifestar su rechazo al «fraude en mesa», exigir que los pedidos de anulación de votos se analicen en audiencias públicas y remarcar que esta es una lucha entre «la libertad y el comunismo».
En la vecina orilla, los seguidores de Castillo acusan al fujimorismo de querer torcer la voluntad popular, remarcan que se debe preservar el voto de miles de personas de zonas rurales del país y consideran que los recursos de Fujimori solo buscan retrasar la finalización del conteo.
La candidata enfatizó que, en realidad, hay un «fraude en mesa» orquestado por Perú Libre, para «vulnerar el resultado electoral» y señaló que esto se da en un contexto que tiene a Perú como «el nuevo epicentro de una confrontación entre el comunismo y una economía libre, la izquierda y el centro-derecha, el estatismo y el mercado libre, la libertad de prensa y la libertad de expresión».
Castillo pidió, por su parte, a las autoridades electorales que no «prolonguen más» la publicación de los resultados y aseguró que en su país se debe terminar con la polarización.
«No más polarización en el país. Dejamos en manos de las autoridades para que estas cosas no se prolonguen más. Seremos respetuosos de la voluntad popular del pueblo peruano», sostuvo.
En medio de la tensión política que afronta el país, el diario El Comercio afirmó este domingo que los acontecimientos que se han presentado durante los días posteriores a la segunda vuelta han «hecho ya un daño tremendo a la frágil institucionalidad nacional».
«El eficiente conteo de la ONPE -con actualizaciones públicas regulares- no fue suficiente para salvaguardar el proceso electoral de críticas. Con resultados tan apretados (…) la integridad y solvencia institucional del sistema han sido puestos a prueba, y su respuesta ha sido deficiente», sostuvo.
Por ese motivo, remarcó que»autoridades, candidatos y simpatizantes tienen hoy que actuar con extrema responsabilidad», ya que «en el escenario actual, las consecuencias de no hacerlo son incalculables».
Para el periodista y analista Augusto Álvarez Rodrich este enfrentamiento «de muchos de una mitad frente a muchos de la otra mitad del país… deja el sabor de una lucha de clases que estaba contenida, pero que la elección destapó».
En un artículo publicado en el diario La República, consideró que esta situación «no va a parar ni cuando la ONPE termine de contar los votos dentro de ¿unas? semanas, ni cuando, el 28 de julio, arranque la nueva presidencia».
«Esto recién empieza», enfatizó.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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