Los parlamentarios no lograron elegir el domingo a uno de sus 130 miembros para que se convirtiera en el cuarto presidente desde 2016 y reemplazara a Merino, que sólo gobernó seis días.

“Estamos en un vacío de poder grave”, dijo a la radio RPP la constitucionalista Beatriz Ramírez. Los congresistas tampoco lograban elegir a los tres miembros directivos que dirigen los debates.

La crisis política empezó el lunes 9 de noviembre cuando el Congreso acusó y destituyó al entonces presidente, Martín Vizcarra, por cargos de corrupción sin pruebas concluyentes.

Merino lo reemplazó, pero su gobierno fue impopular desde el primer momento y provocó protestas multitudinarias. La policía desplegó una violencia extrema con los manifestantes y dos fueron asesinados a tiros. Eso provocó que 13 de sus 19 ministros abandonaran a Merino. Los militares también le restaron su apoyo.

Sin legitimidad, Merino renunció la madrugada del domingo y Vizcarra, un político popular porque inició una cruzada anticorrupción en 2018, reapareció en escena reclamando que el Tribunal Constitucional definiera si su destitución era legítima.

Merino calificó de “ladrón” a Vizcarra, pero el domingo éste le devolvió el improperio y lo llamó “dictadorzuelo”. Vizcarra tiene prohibido salir del país por 18 meses mientras un fiscal lo investiga por supuestamente recibir más de 630.000 dólares por otorgar dos obras de construcción hace seis años, cuando era gobernador de una pequeña provincia del sur de Perú.

Vizcarra fue destituido según una vaga cláusula de la constitución del siglo XIX, que según los expertos puede usarse al antojo de quien la invoque. Aunque en su origen aludía a trastornos mentales de los dignatarios, ahora muchos interpretan que puede aplicarse a casos de corrupción.

La fuerte inestabilidad ha golpeado a un país muy afectado por la pandemia del nuevo coronavirus y los analistas políticos afirman que la crisis constitucional ha puesto en peligro la democracia del país.

“Creo que esta es la crisis democrática y de derechos humanos más grave que hemos visto desde Fujimori”, señaló el analista Alonso Gurmendi refiriéndose al gobierno turbulento del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La noche del sábado, la policía reprimió a miles de manifestantes que repudiaban a Merino. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó de 112 heridos.

Los dos manifestantes muertos eran una evidencia de la brutalidad policial, que también provocó heridos entre la prensa. Jack Pintado, de 22 años, recibió 11 disparos, incluso en la cabeza, mientras que Jordan Inti Sotelo, de 24, recibió cuatro golpes en el tórax cerca del corazón.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la fiscalía como autores mediatos de asesinato agravado a Merino; a su primer ministro, Antero Flores-Aráoz, al ministro del Interior y a varios jefes policiales.

Los defensores de los derechos humanos reportaron además el empleo de gas lacrimógeno cerca de iglesias y hospitales. “Estamos documentando casos de brutalidad policial en el centro de Lima”, escribió en Twitter el sábado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Todo indica que la represión contra manifestantes pacíficos se está intensificando”.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo en un comunicado que los uniformados “pondrán todos sus medios y capacidades en la defensa de su pueblo y del Estado de derecho”.

La noche del domingo, los manifestantes con camisetas y banderas rojiblancas colocaron velas, flores y postales en honor de los dos jóvenes asesinados frente al Parlamento, pero también regresaron a sus hogares sin conocer al nuevo presidente. Las tarjetas mostraban frases como “Sangre derramada, jamás será olvidada”, o “De luto, pero jamás en silencio”.