Latinoamericanas
Pescadores chilenos entregaron 17 peticiones para incluir en polémica ley de pesca
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Luego de la marchar en Santiago los representantes de los cientos de pescadores exigieron nuevamente que se aumenten las millas de protección para el sector artesanal y que sea el Consejo Nacional de Pesca el que siga fijando las cuotas en cada pesquería y no un comité científico.
Alrededor de 600 pescadores le entregaron al subsecretario de pesca, Pablo Galilea, una demanda con 17 peticiones que esperan se incluya en el nuevo articulado del proyecto de ley de pesca que se discute en el Congreso.
Los pescadores marcharon en Santiago porque se oponen a una iniciativa que ha sido apadrinada por el ministro chileno de Economía, Pablo Longueira y que consideran perjudicial.
El Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de los industriales, defiende que esta ley es necesaria para dar sostenibilidad al sector ante la sobreexplotación de los recursos, pero los pescadores responsabilizan de ese colapso a las empresas y temen que los cambios consoliden la «privatización» del mar.
Según cifras oficiales, la pesca extractiva da empleo a unas 128 mil personas, de las que 86 mil 132 son pescadores artesanales, de quienes a su vez dependen cinco mil empleos indirectos.
En tanto, el sector industrial ocupa a unos cinco mil trabajadores en las flotas y a 32 mil en las plantas procesadoras.
Entre las especies afectadas por la sobreexplotación está el jurel, que representa casi la mitad de las capturas y cuya pesca ha caído de 4,5 millones de toneladas anuales en 1995 a menos de 300 mil este año.
El Gobierno, en cambio, defiende que los trabajadores artesanales aumentarán sus cuotas y asegura que con esta ley podrán aglutinar 55 por ciento de los desembarques, frente al 45 por ciento de la industria.
Los pescadores, por su parte, piden que se aumenten las millas de protección para el sector artesanal y que sea el Consejo Nacional de Pesca el que siga fijando las cuotas en cada pesquería y no un comité científico.
La nueva Ley de Pesca, en la que destacan temas como la preservación del ecosistema, el uso obligatorio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en inglés), pago de patentes, pesca de arrastre y cuotas de pesca, debe entrar en vigencia el 1 de enero, de lo contrario el sector quedará sin una norma que regule las capturas.