El procurador Jean Alain Rodríguez y la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, sostienen que ese plazo permitirá completar decenas de diligencias de cooperación jurídica internacional y cientos de gestiones locales de información.
Alegan que los documentos han surgido durante la ampliación de las pesquisas realizadas dentro del plazo que otorgó el magistrado Ortega Polanco, lo que permitirá depositar una acusación mucho más robusta, que garantice obtener condenas contra quienes sean formalmente imputados.
Destacan que es indispensable que el juez Ortega Polanco otorgue la solicitud que a tales fines ese organismo le presentó, resaltando que la misma es totalmente procedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 370 de Código Procesal Penal. “Es imprescindible extender por 4 meses adicionales el indicado plazo, debido a que esto permitirá seguir profundizando más las investigaciones efectuadas hasta el momento por el Ministerio Público”, acotó, tras explicar que esa solicitud partió de una recomendación de los fiscales de carrera a cargo de la investigación del caso.
Dicen confiar plenamente que dentro de un criterio objetivo y para bien del proceso investigativo, el magistrado Ortega Polanco tenga a bien aprobar la requerida prolongación del plazo.
Asimismo, el Ministerio Público pide al tribunal que se mantenga la medida de coerción en contra de los imputados, quienes se encuentran en liberad, tras variársele la prisión preventiva.
En junio del pasado año el juez había otorgado un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar la acusación en contra de los imputados, el cual vence el día 8 de febrero.
En el caso figuran como acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Ruddy González, César Sánchez, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Temístocles Montás, Máximo D¥Oleo, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Tommy Galán y Bernardo Antonio Castellanos.
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