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Piden Cámara Diputados respalde despenalización aborto en tres excepciones
La organización recordó que, de los 35 países del continente, República Dominicana es uno los cinco, junto a El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, en los que el aborto todavía se considera un delito en todas las circunstancias, incluso cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Organizaciones feministas protestaron este jueves frente al Congreso Nacional en rechazo a la aprobación del Código Penal que mantiene la penalización absoluta del aborto.
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:1/06/2017
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Colectiva Mujer y Salud de la República Dominicana exhortó a los legisladores del país a proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y de sus familias, integrando excepciones en la penalización del aborto cuando se produzcan determinados supuestos.
La solicitud de la entidad se produce con motivo del reinicio de la discusión sobre el Código Penal en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, e insta a despenalizar la interrupción del embarazo en los casos en los que la mujer corra peligro de muerte, el embarazo sea resultado de una violación o incesto, o el embarazo no sea viable.
La organización llamó a la Comisión a escuchar el reclamo de la ciudadanía de garantizar el bienestar de aquellas familias que puedan verse enfrentadas a una situación difícil, que atente contra su dignidad y la vida de sus integrantes.
“Estos 15 legisladores tienen sobre sus hombros una ardua tarea, pero estamos seguras de que decidirán en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano”, apuntó un comunicado del colectivo.
Para la entidad, el proyecto de Código presentado por la Comisión de Género de la Cámara y respaldada por 40 diputados presenta una salida efectiva al debate.
De lo contrario, “la Comisión podría seguir obstaculizando la necesaria modernización del Código Penal, que data de 1884, pues no contaría con el apoyo de la mayoría de las y los legisladores de esa alta Cámara, como se demostró el pasado mes de julio, cuando fue rechazado el informe de la Comisión de Justicia que no incluía las causales”.
“En República Dominicana urge un nuevo Código Penal y para que éste sea una realidad la Comisión de Justicia debe tomar en cuenta el respaldo que la mayoría de las y los legisladores y los altos funcionarios del Gobierno han expresado a favor de un CP que proteja la vida, la salud y la dignidad de las mujeres”, agregó la nota.
La organización recordó que, de los 35 países del continente, República Dominicana es uno los cinco, junto a El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, en los que el aborto todavía se considera un delito en todas las circunstancias, incluso cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer.
“Necesitamos un Código Penal que continúe avanzando en el camino del progreso y procure el desarrollo social de la nación, como se ha hecho en el 86% de los países del continente”, señaló la directora ejecutiva de la Colectiva, Cinthya Velasco.
Explicó que una de las principales causas de mortalidad materna son los abortos inseguros y que las más afectadas son las mujeres pobres y las niñas, pues la República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos infantiles y adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2009).
A fecha 16 de julio de 2017, en el país habían muerto 94 mujeres por causas relacionadas al embarazo, es decir, “cada dos días murió una mujer embarazada”, apuntó .EFE
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Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia
Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
Balance de incidentes y atención médica durante el asueto
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.