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Piden Cámara Diputados respalde despenalización aborto en tres excepciones
La organización recordó que, de los 35 países del continente, República Dominicana es uno los cinco, junto a El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, en los que el aborto todavía se considera un delito en todas las circunstancias, incluso cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Organizaciones feministas protestaron este jueves frente al Congreso Nacional en rechazo a la aprobación del Código Penal que mantiene la penalización absoluta del aborto.
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:1/06/2017
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- La Colectiva Mujer y Salud de la República Dominicana exhortó a los legisladores del país a proteger la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y de sus familias, integrando excepciones en la penalización del aborto cuando se produzcan determinados supuestos.
La solicitud de la entidad se produce con motivo del reinicio de la discusión sobre el Código Penal en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, e insta a despenalizar la interrupción del embarazo en los casos en los que la mujer corra peligro de muerte, el embarazo sea resultado de una violación o incesto, o el embarazo no sea viable.
La organización llamó a la Comisión a escuchar el reclamo de la ciudadanía de garantizar el bienestar de aquellas familias que puedan verse enfrentadas a una situación difícil, que atente contra su dignidad y la vida de sus integrantes.
“Estos 15 legisladores tienen sobre sus hombros una ardua tarea, pero estamos seguras de que decidirán en favor de los mejores intereses del pueblo dominicano”, apuntó un comunicado del colectivo.
Para la entidad, el proyecto de Código presentado por la Comisión de Género de la Cámara y respaldada por 40 diputados presenta una salida efectiva al debate.
De lo contrario, “la Comisión podría seguir obstaculizando la necesaria modernización del Código Penal, que data de 1884, pues no contaría con el apoyo de la mayoría de las y los legisladores de esa alta Cámara, como se demostró el pasado mes de julio, cuando fue rechazado el informe de la Comisión de Justicia que no incluía las causales”.
“En República Dominicana urge un nuevo Código Penal y para que éste sea una realidad la Comisión de Justicia debe tomar en cuenta el respaldo que la mayoría de las y los legisladores y los altos funcionarios del Gobierno han expresado a favor de un CP que proteja la vida, la salud y la dignidad de las mujeres”, agregó la nota.
La organización recordó que, de los 35 países del continente, República Dominicana es uno los cinco, junto a El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, en los que el aborto todavía se considera un delito en todas las circunstancias, incluso cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer.
“Necesitamos un Código Penal que continúe avanzando en el camino del progreso y procure el desarrollo social de la nación, como se ha hecho en el 86% de los países del continente”, señaló la directora ejecutiva de la Colectiva, Cinthya Velasco.
Explicó que una de las principales causas de mortalidad materna son los abortos inseguros y que las más afectadas son las mujeres pobres y las niñas, pues la República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos infantiles y adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2009).
A fecha 16 de julio de 2017, en el país habían muerto 94 mujeres por causas relacionadas al embarazo, es decir, “cada dos días murió una mujer embarazada”, apuntó .EFE
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.