Santo Domingo, RD.-Por alegadamente violar la política nacional de datos abiertos del Estado, la casa editorial Actualidad Escolar solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) investigar al ministro de Educación, Ángel Hernández, junto al director de la recién creada “Unidad Editorial”, Manuel de Jesús Núñez Asencio.Nacionales
Editorial solicita investigar ministro de Educación por contratos públicos.
Santo Domingo, RD.-Por alegadamente violar la política nacional de datos abiertos del Estado, la casa editorial Actualidad Escolar solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) investigar al ministro de Educación, Ángel Hernández, junto al director de la recién creada “Unidad Editorial”, Manuel de Jesús Núñez Asencio.Indican que “resulta inexplicable, desde el ámbito del derecho, el plan antiético de Hernández Castillo, de sustituir toda la industria editorial para que esta sea asumida por universidades, intelectuales y academias cuyas adjudicaciones y arbitraria selección ha sido denunciada por Actualidad Escolar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas”.
Según la denuncia interpuesta por la editora, Hernández Castillo a través del proyecto Libro Abierto, ha procurado que los libros de texto y materiales para la enseñanza sean producidos por universidades, intelectuales y academias, sustituyendo así la actividad de las empresas editoras.
El documento de la denuncia difundido por la editora señala que, supuestamente, el ministro de Educación deliberó y participó en la elaboración de la Ordenanza número 3-2022, mediante la cual se dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto y materiales para la enseñanza, “sin advertir el evidente conflicto de interés existente entre el ministro y los agentes del sector de la educación superior, del cual éste proviene”, dijo Actualidad Escolar.
De acuerdo con la denuncia interpuesta “la consecuencia lógica de la participación protagónica, que no tangencial, del ministro Ángel Enrique Hernández Castillo en la elaboración de la Ordenanza número 3-2022, vulnera el principio de imparcialidad y objetividad y transgrede los deberes y prohibiciones contemplados en la Ley número 41-08”.
En lo que concierne a Núñez Asencio, por medio de la denuncia expresaron que funge como director de la Unidad Editorial, de manera concomitante con sus funciones de coordinador en el Ministerio de Cultura, que “ es constitucionalmente proscrito”.
“Lo anterior se encuentra constitucionalmente proscrito por el artículo 144 de nuestra norma fundamental, que señala lo siguiente: ‘Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia’,” afirma la editora.
Además, aseguraron que Núñez Asencio ha anunciado sus aspiraciones de presidir la Academia Dominicana de la Lengua, “que fue contratada por la referida Unidad Editorial”.
La solicitud de investigación depositada por la casa editorial ante la Digeig, resaltó que estos funcionarios han obstaculizado e incumplido los compromisos institucionales instaurados en el V Plan de Acción de Gobierno Abierto al despojar a la ciudadanía de fiscalizar las contrataciones otorgadas para el proyecto “Libro Abierto”.
Editorial Actualidad Escolar está representada por Luz Díaz Rodríguez, Rosalina Trueba y Arturo Manuel Villegas.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.