Nacionales
Plantean acuerdo salarial incluya total de empleados
COINCIDEN CON OPINIONES DEL GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL
Representantes. Los líderes del sector sindical consideran que una propuesta tan interesante como la de Valdez Albizu debe beneficiar a los empleados públicos y privados, con énfasis en los pensionados.
Delegados del sector sindical apoyaron la propuesta del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, referente a la firma de un pacto para mejorar los salarios en el país, sobre la base de que este englobe a todos los asalariados.
El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, consideró que una propuesta tan interesante debe fundamentarse en beneficiar a los empleados públicos, privados, con énfasis en los pensionados.
Asimismo, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, destacó que una iniciativa de ese tipo debe tomar en cuenta a los miles de trabajadores que quedan fuera cada vez que se hace una modificación al sueldo mínimo.
“Si es un pacto debe tener la novedad de salir de la rutina del salario mínimo. Esos trabajadores que quedan excluidos tienen una situación todavía peor, porque los que devengan el mínimo al menos tienen la esperanza de que su sueldo se discute, pero ellos no”, indicó Abreu.
Agregó que a menos que los empleados que devengan por encima del mínimo no mantengan un convenio colectivo con sus empleadores o que éstos decidan aumentarlos periódicamente, sus sueldos se mantienen estancados durante años.
Del Río expresó que para dinamizar la economía es necesario mejorar los salarios globales porque los actuales sólo contribuyen a generar más pobreza. Pero para ello sería necesario eliminar el Comité Nacional de Salario (CNS), que es el organismo encargado de revisar los salarios mínimos, para establecer otro mecanismo que permita evaluar todos los sueldos periódicamente.
Abreu y Del Río plantearon que tal como indicó el gobernador, el jornal debe ajustarse no sólo tomando en cuenta la inflación, sino todas las necesidades de los trabajadores: comida, vestimenta, ahorro, entre otras.
Además, manifestaron que para hacer un ajuste real al salario es fundamental considerar la capacidad de consumo que los empleados han perdido a lo largo de los años y que no han podido recuperar por no estimarse la inflación acumulada.
“Los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva porque los salarios se han quedado atrás, por debajo, y no han recuperado ni recuperarán aún con los aumentos salariales que logremos. Hay que hacer un pacto que permita recoger la inflación y actualizar los salarios para devolverles la capacidad de compra a los trabajadores”, expresó Abreu.
Del Río también enfatizó que un pacto para mejorar los salarios debe ir acorde con la estabilidad económica, porque de nada serviría que los empleados tengan mayor poder adquisitivo si los precios de los productos son inconstantes.
“Si aumentan los precios en la misma proporción que los salarios, como generalmente sucede, lo que podríamos lograr no tendría ningún sentido”, externó.
En definitiva, Abreu y Del Río aprobaron que Albizu favoreciera la iniciativa de crear un pacto en el sector laboral, pero enfatizaron que tendría que ser independiente de la reforma al Código de Trabajo.
listindiario.com
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.