Nacionales
Plantean acuerdo salarial incluya total de empleados
COINCIDEN CON OPINIONES DEL GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL
Representantes. Los líderes del sector sindical consideran que una propuesta tan interesante como la de Valdez Albizu debe beneficiar a los empleados públicos y privados, con énfasis en los pensionados.
Delegados del sector sindical apoyaron la propuesta del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, referente a la firma de un pacto para mejorar los salarios en el país, sobre la base de que este englobe a todos los asalariados.
El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, consideró que una propuesta tan interesante debe fundamentarse en beneficiar a los empleados públicos, privados, con énfasis en los pensionados.
Asimismo, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, destacó que una iniciativa de ese tipo debe tomar en cuenta a los miles de trabajadores que quedan fuera cada vez que se hace una modificación al sueldo mínimo.
“Si es un pacto debe tener la novedad de salir de la rutina del salario mínimo. Esos trabajadores que quedan excluidos tienen una situación todavía peor, porque los que devengan el mínimo al menos tienen la esperanza de que su sueldo se discute, pero ellos no”, indicó Abreu.
Agregó que a menos que los empleados que devengan por encima del mínimo no mantengan un convenio colectivo con sus empleadores o que éstos decidan aumentarlos periódicamente, sus sueldos se mantienen estancados durante años.
Del Río expresó que para dinamizar la economía es necesario mejorar los salarios globales porque los actuales sólo contribuyen a generar más pobreza. Pero para ello sería necesario eliminar el Comité Nacional de Salario (CNS), que es el organismo encargado de revisar los salarios mínimos, para establecer otro mecanismo que permita evaluar todos los sueldos periódicamente.
Abreu y Del Río plantearon que tal como indicó el gobernador, el jornal debe ajustarse no sólo tomando en cuenta la inflación, sino todas las necesidades de los trabajadores: comida, vestimenta, ahorro, entre otras.
Además, manifestaron que para hacer un ajuste real al salario es fundamental considerar la capacidad de consumo que los empleados han perdido a lo largo de los años y que no han podido recuperar por no estimarse la inflación acumulada.
“Los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva porque los salarios se han quedado atrás, por debajo, y no han recuperado ni recuperarán aún con los aumentos salariales que logremos. Hay que hacer un pacto que permita recoger la inflación y actualizar los salarios para devolverles la capacidad de compra a los trabajadores”, expresó Abreu.
Del Río también enfatizó que un pacto para mejorar los salarios debe ir acorde con la estabilidad económica, porque de nada serviría que los empleados tengan mayor poder adquisitivo si los precios de los productos son inconstantes.
“Si aumentan los precios en la misma proporción que los salarios, como generalmente sucede, lo que podríamos lograr no tendría ningún sentido”, externó.
En definitiva, Abreu y Del Río aprobaron que Albizu favoreciera la iniciativa de crear un pacto en el sector laboral, pero enfatizaron que tendría que ser independiente de la reforma al Código de Trabajo.
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Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.