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El PLD recurre a transfuguismo para pedir exclusión 176 candidatos que perdieron en primarias.
La exclusión de 176 candidatos fue solicitado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la Junta Central Electoral (JCE) de personas que participaron en las primarias por esa organización política y aspiran por otros partidos para las elecciones de febrero.
El PLD, a través de una instancia sometida por el delegado ante la JCE, José Ramón Fadul, y José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, pidieron retirar las candidaturas, amparados en el artículo 49 de la Ley de Partidos, la de Régimen Electoral y la sentencia 100-2019 y 073-2020, del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Los candidatos compitieron en las primarias como precandidatos para los puestos de alcaldes, regidores, directores y vocales de distritos municipales
“Es imperativo que la Junta Central Electoral proscriba la práctica de la doble postulación en el nivel municipal, debido a los efectos que dicha práctica genera para la soberanía popular y la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y el sistema político y partidarios en sentido general”, señaló el PLD a través de una nota de prensa.
Las 176 candidatura, figuran por los partidos Al País, Alianza por la Democracia, (APD), Demócrata Institucional, (PDI), Humanista Dominicano (PHD), Unidad Nacional (PUN), de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), Socialista Verde (Pasove), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Frente Amplio, Fuerza de Pueblo (LFP) y el Movimiento Municipal NPC.
Mediante la sentencia 073-2020 el TSE confirmó el rechazo a tres candidatos a regidores y un suplente por el municipio de Imbert, porque habían participado en las primarias por un partido (Partido Revolucionario Moderno) y ahora aspiraban por una organización diferente (Partido Reformista Social Cristiano).
El TSE se basó en el artículo 134 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral impide a los candidatos que participaron por un partido en un proceso, vayan por otro partido en el mismo año. El TSE explicó en el dispositivo de la sentencia 073-2020 que el legislador sí puede regular el ejercicio del derecho a ser elegible en el nivel municipal porque el constituyente sí configuró una reserva legal para desarrollar las condiciones de los candidatos que opten por alguno de los puestos de elección en ese nivel”.
La Alta Corte refirió la sentencia 100-2019, que buscaba anular la candidatura de Leonel Fernández, que estableció que el legislador no se encuentra autorizado para añadir condiciones o requisitos de elegibilidad en los niveles presidencial, senatorial y de diputados. Dice que actuando bajo esta autorización dada por el constituyente es entonces que el legislador configura en la Ley 176-07, los diferentes requisitos, para optar por los cargos.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.