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PLD reacciona ante mención de Danilo Medina en caso Pulpo.
Santo Domingo, RD.-Con un rechazo tajante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a la mención hecha por el Ministerio Público del nombre de Danilo Medina en el caso Pulpo, fue la reacción de la organización de oposición, cuyo principal imputado es el hermano del ex mandatario, Alexis Medina.
El Partido de la Liberación Dominicana rechazó de manera enérgica la mención que hiciera la Procuraduría General de la República del expresidente Danilo Medina en el caso Pulpo.
El partido morado calificó como inaudito e inaceptable que el gobierno utilizara una institución como la Procuraduría General de la Repúblia para hacer públicas acusaciones “difamatorias contra el expresidente de la República”, lo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público en lugar de luchar de forma seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna.
“Para el PLD dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición”, señaló la organización en rueda de prensa celebrada este domingo en su casa nacional.
En la actividad, el secretario general del partido, Charlie Mariotti, quien fungió de vocero, dijo que con esa acción el Ministerio Público se presta a ser parte de un juego político del gobierno para tratar de desviar la atención de los problemas nacionales que afectan al pueblo dominicano.
“…y que esta gestión ha sido incapaz de resolver, tales como la creciente inflación y arestía de la vida, la inseguridad ciudadana, la ineficiencia del sector eléctrico, la ineficiencia de todos los programas sociales que habían sido exitosos en el pasado”, indicaron.
La tarde del viernes, la Procuraduría General de la República dijo a través de un comunicado que Alexis Medina Sánchez logró, “por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”, quien gobernó al país entre 2012 y 2020.
Otra de los señalamientos que hizo es que, supuestamente, las múltiples conductas criminales de “las que se valió Juan Alexis Medina Sánchez, para crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes, bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó su hermano, Danilo Medina Sánchez”.
“El expediente aporta pruebas de cómo el entramado societario vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez se benefició de una relación ventajosa con el Estado, a la vez que destinaba fondos millonarios a través del movimiento “Tornado Fuerzas Vivas” para diversos candidatos políticos del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo campañas de Danilo Medina Sánchez y Gonzalo Castillo Terrero”.
Las autoridades depositaron la acusación formal del caso la mañana del viernes, luego de un año de comenzar con operativos la detención de una serie de personas, entre empresarios y pasados funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.
En la acusación hay 24 personas imputadas.
El listado de los imputados en el caso es el siguiente:
Alexis Medina Sánchez
Wacal Bernabe Méndez
José Dolores Santana
Julián Esteban Suriel
Domingo Santiago Muñoz
Aquiles Christopher
Fernando Rosa
Rafael Antonio Germosen
Wilfredo Hidalgo
Francisco Pagan
Carmen Magalys Medina Sánchez
María Isabel Torres
José Miguel Genao Torres
Pakristy Ramírez
Antonio Florentino
Lina de la Cruz Vargas
Lewyn Castillo
Carlos Alarcón
Rigoberro Alcántara
Francisco Ramón Brea
Víctor Manuel Encarnación
Carlos Montes de Oca
Paola Molina
Rafael Leónidas de Oleo
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.