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El cuatro por ciento se ha quedado en un sueño a 11 años de su implementación.
Santo Domingo, R.D.-Alrededor de dos billones de pesos ha gastado el Ministerio de Educación del cuatro por ciento para del Producto Interno Bruto para ese sector desde el ano 2013 cuando fue puesto en ejecución, cuya mejoría en esta materia todavía sigue siendo un sueño y continua con los mismos problemas estructurales.
En 2013, República Dominicana dio un paso significativo al aprobar la Ley 66-97 que estableció la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto para la educación.
Once años después, esa promesa aún parece lejana.
el recorrido del presupuesto
En el artículo 197 de la Ley General de Educación se estableció que “el gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI)”.
En el año 2014 se ejecutó el 3.62% (RD$105,870,312,694), en 2015 el 3.61% (RD$115,865,741,685.97), en 2016, el 3.65% (RD$127,249,369,613.98), en 2017, el 3.74% (RD$142,249,337,113); en 2018 el 3.59% (RD$152,362,430,871), y en 2019, el 3.71% (RD$169,237,795,233), según los informes a los que tuvo acceso este diario sobre la “Situación y evolución de la ejecución presupuestaria de Ministerio de Educación de la República (Minerd)”.
Las asignaciones se realizaron tomando la mayor métrica de las dos indicadas en la ley (el 4% del PIB nominal estimado).
El año 2020 fue el único en el que se ejecutó el 4% para la educación. La ejecución presupuestaria fue de RD$201,501,223,632, el equivalente a 4.51% y la razón se debió, principalmente, a la pandemia del Covid-19, ya que el expresidente Medina planificó un gasto para el sector que se desbordó tras la caída del PIB.
las debilidades
El Covid-19 expuso aún más las debilidades del sistema. Aunque se realizaron esfuerzos para adaptar la educación a formatos digitales, el sistema no estaba preparado para enfrentar los desafíos de la educación a distancia, dejando a miles de estudiantes desconectados de su proceso educativo.
últimos cuatro años
En 2021, el Ministerio de Educación ejecutó un presupuesto de RD186,774,494,865, correspondiente a un 3.51%, mientras que en 2022 el presupuesto devengado fue de RD$226,061,955,766, que representó un 3.61% del PIB.
El año 2023 fue el año en el que más dinero se ejecutó con RD$226,061,955,766, para un 3.71%, en tanto, hasta el primer semestre de 2024 se han ejecutado RD$129,053,043,181, equivalente a 1.73%.
No obstante, los indicadores no han avanzado de acuerdo con la inversión.
La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad señaló en su último informe (2023) que “el porcentaje de niños de 6 a 8 años de edad que no asisten a la escuela pasó de 1.94% en el año escolar 2019-2020 a un 10.41% en el año 2020-2021, bajando a un 6.73% en el 2022-2023”. Además, que “durante el periodo escolar 2019-2020, el 7.83% de los jóvenes de 12 a 14 años no estaban inscritos en la escuela, pero esta cifra se elevó al 17.42% durante la crisis sanitaria”.
Dieron a conocer también que en el año escolar 2020-2021 se dispararon las tasas de reprobación y abandono.
“En Primaria la reprobación llegó hasta un 6% en el año 2021-2022, para descender a un 5.1% en el año escolar 2022-2023. En Secundaria, la repitencia se elevó hasta un 10.5% en el 2020-2021, para caer a un 6.2% en el 2022-2023. La tasa de abandono escolar fue de un 4% en Primaria en el 2020-2021 y ha bajado a un 2.3% en el 2022-2023. En Secundaria la tasa de abandono alcanzó un máximo de 6.3% en el año 2020-2021 y ha bajado hasta el 4.8% en el año 2022-2023”, de acuerdo al documento.
También las cifras del Concurso de Oposición Docente de junio de 2023, revelaron que de los 59,028 aspirantes que realizaron la prueba, solo 13,267 la aprobaron (22.47%).
El Minerd arrastra un déficit de más de 7,000 aulas. “Entre 2021 y 2023 el Minerd ha reportado que solo construyó 1,787 aulas. Para el año 2024 se ha presupuestado la construcción de unas a las 1,800 aulas”, de acuerdo con la investigación del Observatorio Educativo Prof. Rafael Santos, sobre las “Condiciones de finalización del año escolar 2023-2024”, de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
En el informe también dejaron claro que “al final del año escolar 2023-2024, al 34% de los centros educativos públicos les falta entre 1 y 3 docentes titulares del Nivel Inicial. El 71% de las escuelas del Nivel Inicial no cuenta con asistente de preescolar. Al 52% de los centros les faltan entre 1 y 3 docentes del Nivel Primario y las áreas de Lengua Española y Matemática tienen un déficit de docentes de un 21%”.
En cuanto al estado en que se encuentra el mobiliario de los centros educativos públicos, establecieron que al final del año escolar 2023-2024, “solo el 32% de las butacas de las escuelas públicas se encuentra en buen estado. El 57% de las pizarras de los centros educativos no se encuentra en buen estado. El 60% de los escritorios no se encuentra en buen estado.
El 55% de las computadoras, en los centros educativos públicos no funciona bien. Sólo el 32% de las aulas de escuelas públicas tiene abanicos en buen estado y el 14% de las aulas no tiene abanicos. Con relación a las ventanas de las aulas, solo el 52% de estas se encuentra en buen estado”.
Este año escolar 2024-2025 recibe al estudiantado dominicano, que tiene una matrícula de más de dos millones de estudiantes en el sistema educativo público, para 7,839 centros educativos públicos a nivel nacional (noviembre 2023), los cuales no dan abasto con la demanda.
Educación ha realizado acuerdos con 119 colegios para garantizar la continuidad del proceso formativo de los estudiantes sin cupos de las escuelas públicas.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.