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El cuatro por ciento se ha quedado en un sueño a 11 años de su implementación.

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Santo Domingo, R.D.-Alrededor de dos billones de pesos ha gastado el Ministerio de Educación del cuatro por ciento para del Producto Interno Bruto para ese sector desde el ano 2013 cuando fue puesto en ejecución, cuya mejoría en esta materia todavía sigue siendo un sueño y continua con los mismos problemas estructurales.

Esto es evidente y, para muestra, basta conocer hechos como la falta de cupos por carestía de aulas, deserción, malas condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento previo al inicio de cada periodo escolar, baja calidad en materia de enseñanza y aprendizaje.

En 2013, República Dominicana dio un paso significativo al aprobar la Ley 66-97 que estableció la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto para la educación.

Once años después, esa promesa aún parece lejana.

el recorrido del presupuesto

En el artículo 197 de la Ley General de Educación se estableció que “el gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI)”.

En el año 2014 se ejecutó el 3.62% (RD$105,870,312,694), en 2015 el 3.61% (RD$115,865,741,685.97), en 2016, el 3.65% (RD$127,249,369,613.98), en 2017, el 3.74% (RD$142,249,337,113); en 2018 el 3.59% (RD$152,362,430,871), y en 2019, el 3.71% (RD$169,237,795,233), según los informes a los que tuvo acceso este diario sobre la “Situación y evolución de la ejecución presupuestaria de Ministerio de Educación de la República (Minerd)”.

Las asignaciones se realizaron tomando la mayor métrica de las dos indicadas en la ley (el 4% del PIB nominal estimado).

El año 2020 fue el único en el que se ejecutó el 4% para la educación. La ejecución presupuestaria fue de RD$201,501,223,632, el equivalente a 4.51% y la razón se debió, principalmente, a la pandemia del Covid-19, ya que el expresidente Medina planificó un gasto para el sector que se desbordó tras la caída del PIB.

las debilidades

El Covid-19 expuso aún más las debilidades del sistema. Aunque se realizaron esfuerzos para adaptar la educación a formatos digitales, el sistema no estaba preparado para enfrentar los desafíos de la educación a distancia, dejando a miles de estudiantes desconectados de su proceso educativo.

últimos cuatro años

En 2021, el Ministerio de Educación ejecutó un presupuesto de RD186,774,494,865, correspondiente a un 3.51%, mientras que en 2022 el presupuesto devengado fue de RD$226,061,955,766, que representó un 3.61% del PIB.

El año 2023 fue el año en el que más dinero se ejecutó con RD$226,061,955,766, para un 3.71%, en tanto, hasta el primer semestre de 2024 se han ejecutado RD$129,053,043,181, equivalente a 1.73%.

No obstante, los indicadores no han avanzado de acuerdo con la inversión.

La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad señaló en su último informe (2023) que “el porcentaje de niños de 6 a 8 años de edad que no asisten a la escuela pasó de 1.94% en el año escolar 2019-2020 a un 10.41% en el año 2020-2021, bajando a un 6.73% en el 2022-2023”. Además, que “durante el periodo escolar 2019-2020, el 7.83% de los jóvenes de 12 a 14 años no estaban inscritos en la escuela, pero esta cifra se elevó al 17.42% durante la crisis sanitaria”.

Dieron a conocer también que en el año escolar 2020-2021 se dispararon las tasas de reprobación y abandono.

“En Primaria la reprobación llegó hasta un 6% en el año 2021-2022, para descender a un 5.1% en el año escolar 2022-2023. En Secundaria, la repitencia se elevó hasta un 10.5% en el 2020-2021, para caer a un 6.2% en el 2022-2023. La tasa de abandono escolar fue de un 4% en Primaria en el 2020-2021 y ha bajado a un 2.3% en el 2022-2023. En Secundaria la tasa de abandono alcanzó un máximo de 6.3% en el año 2020-2021 y ha bajado hasta el 4.8% en el año 2022-2023”, de acuerdo al documento.

También las cifras del Concurso de Oposición Docente de junio de 2023, revelaron que de los 59,028 aspirantes que realizaron la prueba, solo 13,267 la aprobaron (22.47%).

El Minerd arrastra un déficit de más de 7,000 aulas. “Entre 2021 y 2023 el Minerd ha reportado que solo construyó 1,787 aulas. Para el año 2024 se ha presupuestado la construcción de unas a las 1,800 aulas”, de acuerdo con la investigación del Observatorio Educativo Prof. Rafael Santos, sobre las “Condiciones de finalización del año escolar 2023-2024”, de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

En el informe también dejaron claro que “al final del año escolar 2023-2024, al 34% de los centros educativos públicos les falta entre 1 y 3 docentes titulares del Nivel Inicial. El 71% de las escuelas del Nivel Inicial no cuenta con asistente de preescolar. Al 52% de los centros les faltan entre 1 y 3 docentes del Nivel Primario y las áreas de Lengua Española y Matemática tienen un déficit de docentes de un 21%”.

En cuanto al estado en que se encuentra el mobiliario de los centros educativos públicos, establecieron que al final del año escolar 2023-2024, “solo el 32% de las butacas de las escuelas públicas se encuentra en buen estado. El 57% de las pizarras de los centros educativos no se encuentra en buen estado. El 60% de los escritorios no se encuentra en buen estado.

El 55% de las computadoras, en los centros educativos públicos no funciona bien. Sólo el 32% de las aulas de escuelas públicas tiene abanicos en buen estado y el 14% de las aulas no tiene abanicos. Con relación a las ventanas de las aulas, solo el 52% de estas se encuentra en buen estado”.

Este año escolar 2024-2025 recibe al estudiantado dominicano, que tiene una matrícula de más de dos millones de estudiantes en el sistema educativo público, para 7,839 centros educativos públicos a nivel nacional (noviembre 2023), los cuales no dan abasto con la demanda.

Educación ha realizado acuerdos con 119 colegios para garantizar la continuidad del proceso formativo de los estudiantes sin cupos de las escuelas públicas.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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