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Presidente observa ley que crea el Ministerio de Justicia.
Santo Domingo, R.D.-El proyecto de ley que propone crear el Ministerio de Justicia y que fue aprobado el pasado 23 de julio por el Senado de la República, el cual tiene el propósito de otorgarle las funciones administrativas del sistema de justicia del pais, fue observado por el presidente Luis Abinader.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió el pasado lunes enviar una correspondencia a la cámara alta para observar esta ley, elaborada por los senadores Cristóbal Castillo Venerado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo (FP).
El presidente Luis Abinader, quien elaboró la misiva, compartió su visión sobre lo que debe ser esta nueva institución gubernamental, la cual contempla la modificación de tres artículos, junto a sus numerales y párrafos.
El Senado de la República aceptó a unanimidad, con 26 votos, las variaciones propuestas por el Gobierno, por lo que fue enviada nuevamente al primer mandatario con el objetivo de lograr la promulgación.
Modificaciones
La Presidencia plantea la reformulación del artículo 6, para aclarar que el diseño de la política criminal del Estado es una potestad del Poder Ejecutivo, como lo establece el artículo 169 de la Constitución. Sin embargo, especificar que la coordinación y ejecución “conlleva esfuerzos de distintas dependencias”.
Además, sugirió alteraciones al artículo 9 para “precisar” las atribuciones que tendría lo que podría ser la nueva entidad del Gobierno.
Estas son las siguientes: “Coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública, coordinar el Sistema Nacional de Derechos Humanos; coordinar el Sistema Penitenciario y Correccional; coordinar los asuntos registrales bajo su competencia; participar en la formulación de la política criminal del Estado, conforme a las instrucciones dadas para ello por el presidente de la República. Las demás atribuciones que le confieren las leyes”.
Por último, estableció un nuevo texto sobre las competencias que deberá asumir el viceministro del Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad, con relación a la formulación de la política del Estado.
El párrafo que contiene el artículo delimita que este proceso se realizará “sin menoscabo de las funciones que corresponden a otros órganos y entes del Poder Ejecutivo, así como sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia”.
Nuevo ministerio
Los senadores visualizaron la integración de estos viceministerios para garantizar el funcionamiento institucional.
Estos son el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia; de Representación Judicial y Extrajudicial; de Políticas Penitenciarias y Correccionales; así como de Asuntos Registrales, Políticas Públicas contra la Criminalidad, Derechos Humanos y Servicios a la Ciudadanía.
También, el documento establece que el titular de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitos: ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no podrá desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.
La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido —en ese momento identificado como Secretaría de Justicia— transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de delimitar las atribuciones de persecución criminal que caracterizan al Ministerio Público, separándolas de asignaciones “meramente funcionales y administrativas”.
Por lo que, según los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.