SANTO DOMINGO. El Procurador General de la República está retado a presentar, ya sea a finales de enero, como él anunció, o el 7 de febrero, fecha en que se cumplen los ocho meses otorgados por el juez para presentar acusación en el caso Odebrecht, las pruebas del pago de los US$92 millones en soborno a funcionarios públicos.

Jean Alain Rodríguez, quien encabeza personalmente la investigación, deberá hacer valer documentos, testimonios de quienes formaron parte del entramado internacional que distribuyó millones de dólares a funcionarios y se benefició con cientos de millones de pesos desde el 2001 hasta el 2014, y otras pruebas, ya que las delaciones premiadas que les suministraron las autoridades de Brasil sólo tendrían valor en la fase instructiva del proceso, no así para el juicio de fondo que debe ser oral y contradictorio.

Contrario a lo hecho en Perú, donde el Ministerio Público fue a Brasil e interrogó a Marcelo Odebrecht, expresidente de la multinacional, cuyos audios han sido de dominio público, la República Dominicana, a la fecha, ha trabajado con los documentos clasificados que le dieron a mediados del año, los cuales sirvieron para que a los catorce imputados por el caso les fueran impuestas medidas de coerción.

En caso de que Jean Alain Rodríguez no solicite una extensión de plazo para presentar actos conclusivos, tendría que presentar como testigos a los delatores Luis Antonio Mameri, vicepresidente y Líder Empresarial del área internacional de energía de Odebrecht para América Latina; Marco Vasconcelos Cruz, exgerente de Odebrecht en Dominicana; Luiz Eduardo Da Rocha Soares, quien laboraba en el área administrativa y financiera, y a Luis Franca y Marcos Bilinski, quienes laboraban en el Meinl Bank, entre otros, en la solicitud de auto apertura a juicio en el plazo que le otorgó el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.

El Procurador deberá definir, de acuerdo con los mecanismos que pone a su disposición el Código Procesal Penal y el Poder Judicial, el mecanismo para que rstos delatores que colaboraron con la justicia brasileña, se incorporen al juicio preliminar en RD, para explicar el modo en que se distribuían los sobornos y muestren evidencias de pagos.

Otro de los aspectos a definir por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Procurador General, es si procede hacer un interrogatorio o anticipo de prueba a Marcelo Odebrecht, Luiz Eduardo Soares y Fernando Migliaccio, debido a que un documento de la justicia brasileña indica que delatores del caso Odebrecht informaron que la estructura física de la División de Operaciones Estructuradas, desde donde la empresa hacía pagos irregulares a oficiales gubernamentales, fue parcialmente transferida a la República Dominicana.

El expediente también destaca que Eduardo Soares y Migliaccio, se mudaron a Miami, Estados Unidos, desde donde viajaban semanalmente a la República Dominicana.

Conforme a las investigaciones del caso “Lava Jato”, la Constructora Norberto Odebrecht transfirió recursos desde la República Dominicana para realizar supuestos pagos de sobornos a funcionarios de la empresa Petróleos Brasileiros (Petrobras).