Editorial
Poner Candado Después que le Roban es una Cultura Nacional
El Ministerio Público es un órgano que adolece de todas las fallas que caracterizan a todas las entidades de un Estado que realmente no funciona o que cuando menos no tiene la fortaleza institucional suficiente para garantizar a la sociedad la sanción del crimen y el delito.
Nadie pone en dudas que el problema de los órganos que tienen como misión investigar el crimen y el delito, como son el Ministerio Público y la Policía Nacional, no están en capacidad de satisfacer las expectativas de la gente en esta materia, ya sea por falta de presupuesto o por negligencia, falta de formación o complicidad.
El Estado dominicano se apoya en vender una percepción que nada tiene que ver con la realidad, porque tanto los fiscales y los policías cuando no adolecen de capacidad o formación, es que no tienen la voluntad de hacer las cosas bien hechas, pero todo tiene que ver con que ellos son impactados por un problema integral, que es transversal a todos los órganos públicos de la sociedad, que es la corrupción y la debilidad institucional.
La puesta en libertad de un sujeto que parece que no ha dejado dudas de que mató a su compañero de 351 puñaladas envía un mensaje preocupante a los dominicanos.
Realmente, es una situación que no puede dejar tranquilo a nadie, porque lo ocurrido en este sentido deja claro que el Estado dominicano no tiene la fuerza para garantizar el estado de derecho y la impartición de justicia en el país.
Ahora mismo tienen una gran importancia los megas expedientes de corrupción y en cuyos casos se ve una preocupación y un protagonismo del Ministerio Público que no es menos que admirable, pero la pregunta que se impone es si los de abajo no tienen el mismo derecho que sus casos tengan la misma atención de la autoridad competente.
Lo que ocurre en los lugares de recepción de denuncias y querellas del Ministerio Público es un ejemplo de que los megas expedientes tal vez tengan tanto seguimiento porque se trata de casos con un profundo sentido político, lo cual no es malo, ya que la corrupción administrativa conduce el país hacia su total colapso, pero por qué no se hace más esfuerzo para que el órgano persecutor y la Policía Nacional aumenten su eficiencia en sus niveles más bajos para que no muera la esperanza de justicia que tanto anhela el ciudadano.
Dos casos han revelado y confirmado lo denunciado por este periódico en lo que respecta a la conducta del Ministerio Público en su parte más baja, lo ocurrido en La Romana, donde un sujeto de atrincheró y mató a varias personas, entre civiles y policías, y la sentencia del tribunal de San Francisco de Macorís con un hombre que aparentemente ha cometido un crimen bochornoso para la sociedad.
La cuestión es que estos casos son un espejo de lo mal que está el país en el marco del castigo a los que cometen crímenes que no tienen ninguna justificación y que lo escandaloso del caso no despierta algún interés especial de los que tienen la misión de buscar la sanción correspondiente
No es descabellado preguntarse: Cuál será el próximo caso, porque que nadie tenga dudas de que se producirán otros hechos de este tipo que indignan a la población en general.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana