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El derecho procesal penal y sus falencias en República Dominicana.
SANTO DOMINGO. El derecho procesal penal cada día a través de los casos que se conocen en los tribunales envía el mensaje de que tiene falencias que promueven la impunidad y la falta de la sanción adecuada para los protagonistas de los crímenes y delitos, ya que incluso la propia norma sobre la materia es una especie de protección del delincuente y un mecanismo de revictimización de la victima, así como el derecho civil ha sido concebido para proteger al acreedor e incluso en detrimento del derecho del deudor.
Aunque el caso del apodado «Dotolcito» tal vez no es el mejor escenario para medir las debilidades de la justicia penal en el pais, ya que el legislador y también los jueces siempre interpretan las normas para favorecer al imputado y perjudicar a la victima, aunque generalmente esto ocurre cuando se trata de ilícitos que no necesariamente involucra la muerte de alguien, pero sí en los casos de estafa y otros tipos de delitos menores, aun aquellos que se rigen por leyes especiales como el de trabajo pagado y no hecho.
Un ejemplo de lo afirmado más arriba lo representa Danil Ramírez Santana, el taxista del caso de Jhosua Omar Fernández, quien no fue sometido por el Ministerio Público porque este órgano valoró no hacerlo por razones atendibles, que aunque se habla de su colaboración, pero que la misma no está claramente explicada en el expediente, pese a que los familiares de la victima se sintieron satisfecha con la sentencia, cuyo hecho tuvo lugar en la discoteca Bar Kiss en Naco.
Danil Ramírez Santana, prestó sus servicios a Wesly Vincent Carmona, alias «El Dotolcito», para transportar para él a Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, y Luis Alberto Brito Troncoso, los hombres con los cuales se asoció en el atraco.
De acuerdo con la fiscal a cargo el taxista colaboró y fue fundamental para que El Dotolcito, Chiquito y Luis Alberto fueran condenados la madrugada del 25 de abril.
Señaló, no obstante, que el investigador podría en otra circunstancia decidir sobre la suerte del taxista.
“Es importante que se verifique en la sociedad dominicana que todo aquel que infrinja la ley, no importa quién sea, ni que se crea famoso, tendrá al Ministerio Público de frente para su persecución para decidir la pena justa por el hecho que se cometa”, dijo la fiscal tras la sentencia..
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictaron sentencia condenatoria de 30, 20 y 15 años a los imputados por la muerte del joven Joshua Fernández.
El tribunal condenó al imputado Alison de Jesús Pérez, “Chiquito”, a 30 años de prisión, tras declararle culpable del homicidio de Joshua.
Alias Chiquito, fue sentenciado por asociación de malhechores y robo agravado y deberá pagar una indemnización de cinco millones de pesos a la familia de la víctima.
Mientras que el imputado Luis Alberto Brito, deberá cumplir 20 años de prisión, por asociación de malhechores, robo agravado y porte y tenencia ilegal de armas.
En tanto Wesly Carmona, el «Dotolcito» fue sentenciado a 15 años de prisión, por asociación de malhechores y robo agravado.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.