Reportaje A Fondo
¿Por qué los hombres van menos al médico y cómo afecta esto a su salud?
Los hombres visitan al médico de familia un 8% menos que las mujeres en España. Los expertos advierten de los efectos perniciosos de que se sometan a muchos menos controles preventivos
Tienen cinco años menos de esperanza de vida. Tienen más probabilidades de morir en un accidente o en un suicidio. Pero echando un vistazo a la sala de espera de un centro de salud, se diría que los hombres no tienen ningún problema. Y ese es, precisamente, parte del problema. La Encuesta Europea de Salud en España puso cifras a esta tendencia: un 21% de hombres y un 29,2% de mujeres aseguraron haber asistido a la consulta del médico de familia en las últimas cuatro semanas. La diferencia es más amplia en la primera juventud, pero se mantiene alrededor de los 10 puntos porcentuales hasta los 65 años, cuando las cosas empiezan a igualarse.
Benno de Keijzer, médico y profesor de Antropología especializado en estudios de género en la Universidad Autónoma de México, lo resume de forma elocuente: “Los varones suelen ir al médico cuando son chicos, hasta los 13 años. Después desaparecen para volver a aparecer de mayores, con unos 60 y ya con algunos achaques”, explica en un intercambio de audios. “Salvo la gran excepción de que sí encontramos a jóvenes y adolescentes, los sábados y viernes en la noche, poblando los servicios de urgencia de los hospitales”.
De Keijzer, autor de varios estudios sobre el tema, señala otro factor más, relacionado con el machismo: “El cuidado ha sido históricamente feminizado. A las mujeres les toca cuidar a los menores y a los mayores, y hay una estrecha relación entre el heterocuidado y el autocuidado”. Abunda en esta idea Anastasia Téllez, antropóloga y directora del Observatorio de las Masculinidades, para explicar que la edad, la educación y el contexto son importantes. “Hay muchas formas de entender la masculinidad”, señala en conversación telefónica. “Y hay muchos hombres que, cuando empiezan a tener hijos, o a cuidar de sus padres, se incorporan en el cuidado como nunca lo habían hecho antes. Incorporan nuevos hábitos y se los aplican a sí mismos”.
Sin embargo, la figura del hombre que evita al doctor por miedo a perder el control, a salir de ahí con una dieta, unas pastillas o un diagnóstico funesto, goza de una estupenda salud. Al menos metafóricamente. “Muchos siguen viendo como un símbolo de debilidad que el médico, no digamos la médica, tenga el poder de cambiarle el estilo de vida”, explica Téllez. Son los hombres que no se ponen casco si trabajan en la obra, los que dicen: “Nunca falté a mi trabajo, aun teniendo 40 de fiebre”, “Nunca me eché protector solar”. “Es el concepto de masculinidad asociado al riesgo, a la valentía y a la fortaleza”.
Numerosos estudios en los últimos años, publicados en diferentes publicaciones, han señalado esta relación entre ideología y reticencia a ir al médico. Como señala la psicóloga Diana Sánchez, coautora de uno de ellos, se han estudiado las diferencias biológicas entre hombres y mujeres para explicar por qué ellas viven más. También se han analizado sus diferencias psicológicas para entender por qué los hombres se suicidan más. “Pero una posible explicación es que los hombres son más reticentes a ir al médico. Y una vez que van, son menos honestos”. La biología o la fisiopatología han estudiado cómo el género puede marcar nuestra esperanza de vida, pero también hay equipos que lo hacen teniendo en cuenta estos determinantes sociales, como el de María José Calero García, investigadora de las diferencias de género en el envejecimiento de la Universidad de Jaén.
El miedo de que miren ‘ahí abajo’
Según la Encuesta Merck: Hombres, Cáncer y Tabúes de 2022, los hombres se someten a muchos menos controles preventivos que las mujeres, con un 61% de estas frente a un 43%. Entre las pruebas que cita, sobresale el cáncer colorrectal. Las diferencias en la revisión de cánceres específicamente masculinos y femeninos son evidentes. Un 60% de los hombres no se revisa la próstata con la periodicidad necesaria, mientras que solo un 24% de mujeres evita la prueba de cérvix.
“Es por miedo, desinformación, virilidad… y que no nos gusta que nos miren ahí abajo”, explica Mario Domínguez Esteban, urólogo del hospital universitario Marqués de Valdecilla, quien apunta también a una cuestión educacional. “Las mujeres están acostumbradas a ir al médico. Desde jóvenes empiezan a consultar todos los años al ginecólogo, porque se les ha transmitido que hay riesgos por cáncer y lo han integrado. A los hombres no se les ha transmitido esta necesidad”.
Se está empezando a hacer. Hay países que tienen programas de concienciación sobre la necesidad de ir al médico específicamente dirigidos al hombre. Brasil, Irlanda y Australia, por poner tres ejemplos, aunque según señala Benno de Keijzer, “son acciones marginales, insuficientes y tardías”. A nivel global también existe Movember, un movimiento dedicado a concienciar y recaudar fondos para acelerar la investigación de enfermedades que afectan a los hombres, como el cáncer de próstata y el de testículos.
Pero es difícil cambiar con anuncios y campañas una realidad tozuda, cimentada en costumbres interiorizadas. Las mujeres empiezan a visitar al ginecólogo a entre los 13 años y los 15 años. La primera visita del hombre al urólogo se suele dar pasados los 45. Ellas se acostumbran desde adolescentes a exploraciones dolorosas e invasivas, mientras que ellos ven con terror una intervención que, además, puede poner en tela de juicio su idea de masculinidad. “Muchos hombres tienen miedo a lo que les podamos hacer en el chequeo urológico, a la exploración rectal”, confirma el doctor Domínguez. “Y es algo que a veces es necesario, pero no siempre está presente”.
Estos prejuicios y esta falta de educación se trasladan a lo que ve diariamente Domínguez en su consulta. “Muchos hombres no sienten la necesidad de ir al médico hasta que se encuentran mal. Y muchos no vienen concienciados, sino obligados. Me encuentro a pacientes de 50 años que vienen diciendo: ‘No, si yo me encuentro fenomenal, pero mi pareja me ha obligado”.
La idea de que el hombre sea más reacio a acudir al médico está cada vez más extendida, pero tiene sus detractores. Luis Llanes, jefe de urología del Hospital de Getafe, señala distintos estudios médicos para argumentar que “existen importantes excepciones a esta opinión generalizada, porque hay pocos estudios de población general en los que se hayan comparado los patrones de consulta de hombres y mujeres con enfermedades similares”. No tiene sentido comparar el cáncer de mama (que afecta a mujeres jóvenes y se supera en un 90% de los casos) o el de cuello uterino (con una tasa de supervivencia del 67%) con el de próstata (que afecta a hombres mayores y se supera en un 85% de los casos) o el de testículos (en un 95%).
Hay otros factores, explica el doctor Llanes, como el empleo, el tamaño familiar o el estado civil, que, según algunos expertos, “podrían ser importantes para explicar las diferencias de género en las consultas”. El género no define, o no debería definir, la relación con el médico. Pero la educación y los prejuicios se manifiestan en aspectos triviales. Comer una ensalada, usar protector solar, llorar o ir al médico no son acciones que sirvan para definir la masculinidad de una persona, pero ha pervivido durante demasiado tiempo la idea de que así es. La masculinidad tóxica condiciona el comportamiento de millones de hombres; también la forma en la que habitan y cuidan de sus cuerpos.
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La embajada estadounidense afirma: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado” en la designación de nuevos funcionarios de la Corte
En lo que parece ser una razón más de indignacion de los paises latinoamericanos, según una publicaciñn del periódico El Pais de España, la cual es reproducida inextensa por este diario, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este martes de que su Gobierno consultó con el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre una supuesta injerencia en la elección de dos magistrados, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien, según la información del mandatario, sería nombrada para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
“Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras”, dijo Arévalo en una conferencia de prensa y en un comunicado emitido más tarde por el Gobierno. “Esta situación es altamente irregular y preocupante. Acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones entre nuestro Gobierno y el de Estados Unidos. Por ello, hemos comenzado las consultas con el Departamento de Estado para aclarar esta situación”, informó el mandatario.
Consuelo Porras en Guatemala, en septiembre de 2025.Congreso de Guatemala
Guatemala deberá designar este año a los nuevos magistrados de la Corte para el periodo 2026-2031. Para integrar ese ente, el Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos, la principal del país, votan a lo interno para nombrar a un magistrado titular y un suplente eligiendo así cinco magistrados titulares y cinco suplentes que dirigirán esa Corte.
Las declaraciones del presidente surgieron luego de que uno de los candidatos que apoyaba el Ejecutivo a través de su bancada oficial y de diputados aliados, Rony López, actual magistrado suplente de la CC, quien ha denunciado al MP por seguimiento y amenazas, perdió los votos y en su lugar comenzó a correr el rumor de que el actual magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, sería reelecto.
Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia en 2018 con Zury Ríos, la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, acusado de haber cometido un genocidio contra las poblaciones indígenas de Guatemala. Además, ha sido criticado por sus fallos judiciales en los que anuló la condena por genocidio contra Ríos Montt, por fallar a favor del expresidente condenado por corrupción Otto Pérez Molina y por beneficiar al líder del Barrio 18, Aldo Ochoa.
Medios locales, que han documentado dos lobbys pagados por políticos de oposición y algunos empresarios de la élite guatemalteca, atribuyen el apoyo de la mayoría de diputados y de la embajada de Estados Unidos a favor de Barreto debido a ese cabildeo. La embajada estadounidense en Guatemala no respondió a las consultas sobre la denuncia del presidente. John Barrett, encargado de negocios de la embajada, dijo en la red social X que “como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.
Reportaje A Fondo
Una segunda vida para los disfraces de Carnaval: la idea de Río para que los residuos de la fiesta no acaben en el vertedero
El proyecto ‘Sustenta Carnaval’ ha recuperado casi 70 toneladas de los vestuarios que se usan en el Sambódromo, reduciendo emisiones e integrando a población en riesgo de exclusión social
Río de Janeiro.-En la bella canción del sambista carioca Martinho da Vila llamada ‘Para tudo se acabar na quarta feira (Para que todo se acabe el miércoles)’ el compositor exalta, con cierta melancolía, a los artesanos del carnaval, esas personas anónimas que trabajan todo el año “empeñadas en construir la ilusión” para que después, todo se termine el Miércoles de Ceniza. El carnaval es, por definición, la fiesta de la alegría efímera, pero en el caso del Sambódromo de Río de Janeiro, con sus monumentales desfiles, esa fugacidad tiene un coste ambiental considerable. En las noches en que reinan las escuelas de samba, desfilan decenas de miles de personas vestidas con aparatosos disfraces, unos 100.000 cada año. Su vida útil es lo que se tarda en cruzar el gran estadio del carnaval durante el desfile, menos de 90 minutos. Hasta hace pocos años, después de brillar bajo los focos y los aplausos muchos de ellos acababan en el vertedero. Para luchar contra ese problema ambiental y convertir el residuo en oportunidad, hace unos años surgió el proyecto ‘Sustenta Carnaval’.
La sede de la organización está en la zona portuaria de Río, a pocos pasos de la Cidade do Samba, el gigante recinto donde se construyen las carrozas y se confeccionan los disfraces del carnaval. Aquí el almacén es menos opulento, pero igualmente colorido: montañas de disfraces se acumulan en el suelo y suben varios metros hasta casi tocar el techo en algunos puntos. Son los restos de los carnavales de otros años, que tras pasar por aquí tendrán una segunda oportunidad: los clientes de a pie más creativos pueden llevarse piezas tras un módico precio en función del peso, pero además hay convenios con agrupaciones carnavalescas con menos recursos o incluso con ayuntamientos de otras ciudades que buscan organizar un carnaval más económico. También se donan a escuelas públicas, o se alquilan a compañías teatrales y rodajes de cine. La idea es reciclar de todas las maneras posibles. De momento, en los últimos cinco años, los impulsores de la idea ya han salvado de la basura 66 toneladas.
Pululando entre esta marea de sombreros, faldas, plumas y todo tipo de tejidos aparece, siempre sonriente, Jean Santos, el coordinador técnico del proyecto. Recuerda divertido la aventura del primer año: “Fue un test, alquilamos un camión y recolectamos tres toneladas. Las colocamos provisionalmente en mi casa y en casa de una amiga, fue una locura”. En realidad, las propias escuelas de samba recopilan sus propios disfraces para reutilizar lo que se pueda al año siguiente (tras un minucioso trabajo de descarte, reconversión, pintura, tinte, etc).
No obstante, muchas no tienen los recursos ni la logística necesaria para movilizar camiones, personal y almacenes y acaban desechando parte de sus disfraces. Durante años, muchos quedaban acumulados al final del Sambódromo durante horas, pero generaban problemas incluso de seguridad, porque se generaban auténticas montañas que dificultaban la salida del recinto de los componentes de las escuelas, un flujo continuo que dura toda la madrugada durante cinco noches consecutivas.
El proyecto ha sido premiado incluso en el Reino Unido y ha logrado la certificación ISO20121, por su minucioso trabajo para mitigar la huella de carbono de estas piezas. Se sabe que la industria textil es de las más contaminantes del mundo, y según estudios de ‘Sustenta Carnaval’ un kilo de un estos disfraces generalmente sintéticos y procedentes de China o India ha supuesto, a lo largo toda su trayectoria, la emisión de 47,2 kilos de CO2 equivalente. Por eso estiman que con todo lo que se ha reusado hasta ahora se ha evitado la emisión de más de 3.115 toneladas de CO2 en a la atmósfera.
Pero la preocupación no es sólo ambiental, sino también social. En el almacén de Río trabajan personas en riesgo de exclusión social y parte de los disfraces son transformados en carteras por mujeres inmigrantes y vecinas de una favela de la ciudad de Niterói. En el propio almacén de la organización estos días se imparten talleres de reciclaje de disfraces y accesorios.
‘Sustenta Carnaval’ cuenta con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente del ayuntamiento de Río y de la Liga Independiente de las Escuelas de Samba, pero faltan recursos. Santos explica que el sueño que acarician ahora es poder construir un entresuelo para ganar espacio y clasificarlo todo. Además, así también podrían impartir clases continuamente. “Nuestro sueño es que las personas que trabajan todos los años en el carnaval puedan hacer un curso y certificarlas como profesionales. Hoy en día ya hay cursos de posgrado en temas de carnaval, pero sobre todo en el mundo académico. La gente que está en la base no está certificada, nuestra idea es revertir eso”, dice optimista. Mientras tanto, una vez termine el carnaval, la rueda volverá a ponerse en marcha: será hora de hacer espacio para otra veintena de toneladas y de ir pensando en cómo aprovechar esa infinidad de posibilidades.
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En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado
Históricamente, Centroamérica ha sido dominada por cuatro grandes tendencias: la violencia política, el intervencionismo extranjero, la desigualdad económica y social, y la ausencia de regímenes democráticos. Es decir, de regímenes estructurados en torno a un Estado de derecho más o menos viable, instituciones legítimas y, sobre todo, una administración capaz de gestionar lo público con eficacia y eficiencia.
Con excepciones, tales tendencias suelen acompañarse de algunos factores inexorables: el militarismo, la corrupción y la exclusión de la mayoría de la población, ya sea por razones étnicas, sociales, económicas o políticas. Y aunque fueron brevemente neutralizadas tras la firma del Plan de Paz de Esquipulas II (7 de agosto de 1987), en las últimas dos décadas Centroamérica ha iniciado un proceso de involución que recuerda -pero todavía no sobrepasa- los horrores de la década perdida de los años 1980.
En efecto, Centroamérica logró reencauzar sus esfuerzos de reconstrucción y reconciliación de forma gradual durante el decenio de 1990, mismo que produjo elecciones libres en todos los países, el relanzamiento del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y lo que parecía ser una etapa de estabilidad. Pero, lamentablemente, todo aquello se volvió un espejismo.
Ya para inicios del siglo XXI empezaron a despuntar nuevas, y a reverdecer viejas, disfunciones en toda la zona. Ello fue resultado de una combinación de factores como la reaparición de poderes fácticos, en particular el crimen organizado; el gradual debilitamiento de las democracias electorales; el lento proceso de reactivación económica prometido pero no concretado por el libre comercio; la inconclusa transición hacia modelos de gobierno y de sociedad más inclusivos, y el abandono del desarrollo sostenible como concepto guía del sistema regional. Pronto afloraron nuevas formas de violencia y represión, y se iniciaron masivas olas migratorias hacia Estados Unidos. En pocos años, Nicaragua cayó presa de una dictadura atroz gracias al llamado Pacto Ortega-Alemán (2000), Honduras experimentó un nuevo golpe de Estado (2009), se produjeron un sinnúmero de eventos como el asesinato de periodistas y dirigentes ambientalistas y sociales, y aparecieron poderosas redes de narcotraficantes y renovadas tensiones geopolíticas. Estos elementos configuran hoy una región que en poco tiempo, y pese a la masiva ayuda recibida de la Cooperación Internacional, ha sucumbido ante los avatares de su propia historia.
Acabar con las guerras domésticas -y particularmente con el terrorismo de Estado- fue uno de los logros más notables del Procedimiento de Esquipulas II. Sin embargo, desde entonces Centroamérica ha sido víctima de “otras violencias” no menos graves y dolorosas. Quizá la mayor de ellas sea la resultante de las acciones del crimen organizado y ordinario, cuyas raíces en el área eran de larga data, pero que se aceleraron y profundizaron como resultado de una triple coyuntura: el descalabro institucional de las democracias electorales a partir del año 2008; los rápidos cambios acaecidos en la producción, la comercialización y el control de las redes de del narcotráfico internacional, y el aumento y diversificación de los flujos de cocaína proveniente de Colombia, resultantes de las nuevas condiciones domésticas en ese país (acordadas en el plan de paz de 2016).
Ello vino acompañado de un incremento de otras formas de crimen organizado no menos perniciosas, como la trata de personas, el tráfico de armas, los diversos tipos de contrabando (oro, bienes culturales y naturales, cigarrillos, cosméticos y licores, entre otros) y el fenómeno de las pandillas o “maras”, que impusieron un virtual “estado de sitio” en amplios espacios urbanos del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Las extorsiones, secuestros, estafas cibernéticas y, más recientemente, el aumento de los femicidios y los actos de violencia contra otras poblaciones en condición de vulnerabilidad son también expresiones de una realidad que afecta a todas las sociedades centroamericanas.
El miedo y la zozobra que acompañan siempre a la violencia, y en particular a la violencia criminal cuando esta se entroniza y produce una percepción generalizada de inseguridad e indefensión, han traído como consecuencia el retorno de las propuestas de mano “super dura”, que se han posicionado como “únicas e idóneas” para neutralizar tales fenómenos. Ese fue el caldo de cultivo que permitió el arrollador triunfo en el Salvador del presidente Nayib Bukele, quien fue capaz de someter a las “maras” de su país por medio de políticas represivas ampliamente apoyadas por la población. Si bien el costo de esas políticas en términos de libertades públicas y calidad democrática ha sido devastador, las mismas han catapultado a Bukele como líder internacional de un “modelo” de Estado que repudia a la democracia liberal y propone sustituirla por un régimen autocrático unipersonal.
En este momento, Centroamérica experimenta el descalabro de las frágiles democracias electorales que se habían logrado. Este proceso de deterioro ha sido resultado de las disfunciones propias de regímenes políticos que, en distintas proporciones y formas, han tenido como características comunes la ausencia de políticas públicas inclusivas, el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza, una masiva corrupción y el ya mencionado aumento de la violencia criminal. Todos estos fenómenos han producido, más recientemente, el surgimiento de liderazgos populistas que, emulando a otros en América Latina, Estados Unidos y Europa, proponen soluciones “contra la dominación de los de siempre” (a quienes se señala como beneficiarios de la corrupción), y de un entramado presuntamente cómplice de estos, conformado por medios de comunicación, poderes judiciales, partidos políticos, agentes legislativos y algunos sectores económicos privados.
Además del caso salvadoreño ya mencionado, hay dos ejemplos muy claros (aunque también muy distintos) de esta tendencia. El primero, de perfiles decimonónicos, es la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que desde 2018 domina al país a sangre y fuego a través de mecanismos de represión que recuerdan los peores días del somocismo, e incluso los superan. Estos mecanismos, algunos tipificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyen -además de asesinatos, torturas, desapariciones y persecución de medios y periodistas independientes– el destierro, las expropiaciones arbitrarias y la eliminación de la nacionalidad de quienes el régimen considera enemigos. El segundo caso, sorpresivo y para muchos inaudito, es el de Costa Rica. Allí gobierna, con amplio respaldo popular, Rodrigo Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial, quien fue electo en 2022 con una propuesta antisistema. Neoliberal en lo económico y conservador (aunque laico) en lo social, Chaves ha satanizado los entendimientos políticos predominantes en el país desde 1948, promovido la confrontación entre el Ejecutivo y los demás poderes de la República (incluido el Tribunal Supremo de Elecciones), deteriorado la libertad de expresión y de prensa, alimentado deliberadamente la polarización social y, últimamente, deslegitimado la institucionalidad judicial, que es la única que hasta ahora ha impedido el éxito de su proyecto político.
Los tres países restantes también discurren por sendas complicadas. En Guatemala, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, desde antes de su toma de posesión (2024), libra una batalla sin descanso contra el llamado “Pacto de Corruptos”, un conglomerado de poderes fácticos que buscan afanosamente su caída por medio de permanentes conspiraciones que involucran a la Fiscal General y a jueces corruptos del Poder Judicial. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro -quien fue electa con altas expectativas tras dos mandatos de un presidente que terminó indultado por Trump luego de haber sido condenado en los tribunales estadounidenses por narcotráfico- hoy propone anular los últimos comicios generales (noviembre de 2025) en medio de un proceso electoral de gran opacidad, persiguiendo fines de muy dudosa naturaleza. Mientras tanto, en Panamá el clima político y social se ha enrarecido en la administración de Raúl Mulino, un presidente que fue electo como sustituto del candidato de su partido, el expresidente Ricardo Martinelli, quien fue encontrado culpable de corrupción e inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral para ocupar cargos públicos.
Todo lo anterior se produce en un contexto de reconstitución hegemónica de los Estados Unidos, cuyo gobierno ha retomado su dominio histórico, basado en al menos dos ámbitos: el enfrentamiento con China y el apoyo público -e incluso la interferencia abierta en procesos electorales internos- a los gobiernos y líderes dispuestos a cumplir con sus designios en la zona (especialmente en temas migratorios y de inversiones en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la minería, de combate al narcotráfico y de cooperación militar). Además, buena parte de los gobiernos centroamericanos se han sumado a la diplomacia estadounidense en los foros multilaterales, alineándose en temas como el apoyo a Israel, las críticas a la Agenda 2030, el cambio climático, la invasión rusa a Ucrania, etc. Ese sometimiento, sin duda, recuerda al predominante durante la Guerra Fría.
La democracia vive hoy horas oscuras en Centroamérica, horas que, pareciera, no serán más luminosas en el futuro previsible.
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