¿Por qué un poder constituyente?

Por Narciso Isa Conde

Crear un  poder constituyente, ya sea para fundar una nación o para refundar o reformar sus bases constitucionales, es un derecho que le asiste al soberano, al pueblo soberano… cuando se torna necesario para superar una crisis,  o una situación insoportable, o un sistema institucional y/o constitucional que afecta significativamente su existencia y sus condiciones de vida.

El poder se refiere a la fuerza y voluntad del pueblo y lo constituyente se relaciona con un proceso llamado a cambiar la Constitución de la República o el estatus político que sirve de base al régimen o a la institucionalidad que el pueblo rechaza por sus resultados comprobadamente contrarios y ajenos a sus intereses y aspiraciones en un periodo determinado.

Aquí, en República Dominicana, ahora se trata de un conjunto de instituciones que conforman un sistema de corrupción e impunidad, una dictadura constitucional corrompida y corruptora que protege un latrocinio.

Se trata de barrer con un lodazal de males que a su vez  contribuye en gran esa cala a  generar procesos de empobrecimientos material y espiritual que provocan enormes calamidades y aberraciones sociales en el campo de la alimentación, salud, seguridad social, educación, ingresos salariales y pensiones, seguridad ciudadana, viviendas, sanidad ambiental, preservación del territorio (suelo, subsuelo y sobre-suelo), el patrimonio público y natural de la nación, derechos de género, integridad de la juventud y la niñez, rol de los cuerpos armados…

En el caso dominicano,  un proceso constituyente destinado a producir una nueva constitución o  a reformar sustancialmente la vigente,  necesitaría obligatoriamente desembocar en una ASAMBLEA CONSTITUTENTE SOBERANA por elección y con participación popular; dado que la revisión y/o reemplazo de la Constitución neoliberal y autoritaria del 2010 está constitucionalmente secuestrada por una Asamblea Nacional Legislativa  altamente corrompida, integrante de la institucionalidad putrefacta que es necesario remplazar.

• UN TEMA QUE SE TORNA EN RETO.

El movimiento Marcha Verde, que no cesa de crecer demandando fin de la impunidad que protege ese deterioro y a sus principales responsables y beneficiarios, ha colocado a flor de piel –y a manera de reto- de la Nación Dominicana la necesidad de debatir la pertinencia de un proceso constituyente que culmine en una ASAMBLEA CONSTITUYENTE electa democráticamente como parte de una ruptura y una transición imprescindibles para lograr democracia real y fin del sistema de corrupción e impunidad.

Tal determinación no puede ni debe sujetarse a las actuales instituciones pervertidas, que tienen bloqueada la necesidad de una Constitución que sustituya  las instituciones actuales (Poder Ejecutivo, Congreso, Consejo de la Magistratura, Sistema Judicial, Sistema Electoral, “Altas Cortes”, Cámara de Cuentas….), cree el orden institucional y redefina el modelos económico, social y político del país.

Porque las instituciones vigentes  -incluido el gobierno actual y el sistema de partidos tradicionales-  no sirven para cambiar lo que está mal en este país. Más bien fueron hechas para generar todos los males que agobian a la inmensa mayoría de nuestra sociedad, sustentar y proteger las mafias políticas, militares y empresariales enriquecidas,  no solo por la vía de la explotación y sobre-explotación del gran capital privado, sino también tanto del robo y el saqueo ilegal del presupuesto nacional y del patrimonio de la Nación como del ejercicio de todas la modalidades de delitos de Estado y privados.

Si algo ha logrado el movimiento Marcha Verde, es demostrar (ante gran parte de la sociedad dominicana y el mundo) que las instituciones establecidas, los altos funcionarios electos y nombrados, y los gobiernos de turno no sirven para ponerle fin a la impunidad porque forman parte de un sistema de corrupción encabezado por el propio Presidente de la República, quien usa sistemáticamente su poder y el de los grupos dominantes para impedir el castigo y la limpieza que la sociedad está demandando.

Y esto obliga a reflexionar la manera de superar este “tranque” en el marco de este orden  político-jurídico  perverso. Que más allá de los espacios de libertad conquistados en las últimas décadas, niega democracia real e impone mecanismos electorales controlados por ese engendro político-económico que domina al Estado, disponiendo de infinitos recursos sucios para hacer trampas y adulterar resultados, dentro de una competencia clientelista-mercantilizada y disponiendo a la vez de enormes ventajas.

Esto nos obliga a pensar que estamos frente a un desafío muy superior y mucho más difícil de superar del que no pocos/as previeron, porque si bien la creación paralela del poder constituyente puede y debe ser asumida desde ahora mediante el ejercicio de la democracia y el poder de calle, es realmente impensable realizar una Asamblea Constituyente Soberana y Participativa en el contexto de esta institucionalidad, de este gobierno y otros  gobiernos que ella PUEDA CONDICIONAR.

POR TANTO, LA RUPTURA DE ESTE ORDEN INSTITUCIONAL CORROMPIDO ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA ABRIR EL PASO A UNA NUEVA TRANSICIÓN DEMOCRATIZADORA.