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Principales Imputados corrupción ahora están en casa y sólo falta ver cómo queda la justicia.
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Por Elba García
La variación de prisión preventiva en República Dominicana no es sólo por una razón de ley, sino que se trata de una débil estrategia del Ministerio Público que ha demostrado en los procesos que se conocen en el sistema de justicia nacional una serie de fallas que no constituyen una garantía de una segura condena aun con la existencia de las pruebas.
El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, varió la medida de prisión preventiva en favor de Alain Rodríguez por una garantía económica de 50 millones de pesos bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida del país y la colocación de un brazalete electrónico.
El 29 de junio de 2021, Jean Alain fue recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El imputado cuando habló imploró al magistrado que presidía el tribunal que le permitiera demostrar su inocencia en libertad.
“Permítame demostrar mi inocencia, comprobarla, mantenerla, pero en libertad como manda la ley, yo no voy para ningún lado”, dijo el exprocurador.
“Otorgar un cese (de prisión) a Jean Alain sería premiar al que obstruye la justicia, al que hace un uso abusivo del derecho y eso no es justicia, lo que puede ser cualquier cosa, pero eso no es justicia”, dijo Yeni Berenice.
Asimismo, reveló que tres personas involucradas en el proceso están bajo el sistema de protección de testigos “por amenazas que han recibido”. Además de que a una persona se le ofreció un millón de pesos para que no declarara.
Los imputados en este caso son además el exdirector de Tecnología de la Información, Javier Forteza; el exdirector administrativo, Jonathan Rodríguez, y Alfredo Solano, ex subdirector administrativo, quienes también guardan prisión en la cárcel de Najayo.
Sin embargo, entre los acusados no figura Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del ex procurador Rodríguez, quien fue implicado al principio en el caso, pero no fue incluido en la acusación final y fue excluido del expediente al entrar en negociaciones con el Ministerio Público.
La preocupación del dominicano con casos como éste es que casi siempre terminan en la impunidad, arma muy poderosa de la partidocracia para que no haya ninguna sanción para los que van a la administración pública a apropiarse del patrimonio del Estado.