Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público pidió a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenar a Alexis Medina a 20 años de prisión y el decomiso de los bienes ilícitos, por su culpabilidad en el caso de la Operación Antipulpo.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por su titular, Mirna Ortiz, solicitan al tribunal que la condena impuesta a Alexis Medina se cumpla en la cárcel de Najayo.

También pidieron al tribunal el decomiso de todos los bienes ilícitos, la inhabilitación por el mismo período para prestar servicios o ser contratado por intermediarias de intermediación financiera, mercados de valores y entidades públicas, así como la degradación cívica.

Mientras que, en cuanto a Fernando Rosa (exdirector de Fonper) y Carmen Magaly Medina Sánchez, pidieron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo Hombres y Mujeres, así como el pago de una multa de 400 salarios mínimos para cada uno, el decomiso de sus bienes y la inhabilitación.

En tanto, en torno a los imputados Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel, Lina de la Cruz Vargas, Liny Valenzuela Paola, Carlos Andrés Monte de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino, Fulvio Antonio Gómez y Sergio Alfonso Brea Martínez, solicitaron que sean condenados a 10 años de prisión para ser cumplidos en Najayo Hombres y Mujeres, el decomiso de sus bienes, multas de 200 salarios mínimos y su inhabilitación por el mismo período.

En cuanto a Freddy Hidalgo (exdirector de Salud Pública) y Antonio Germosen Andújar (excontralor general de la República), pidieron que sean condenados a 5 años de prisión para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.

En tanto que, en cuanto a Aquiles Alejandro Crisfopfer Sánchez (exfiscalizador de la Oficina Supervisora de Obras del Estado – OISOE), solicitaron que sea condenado a 3 años de prisión cumplida, y para Víctor Encarnación Montero, una condena de 3 años de prisión suspendida y el decomiso de sus bienes por 15 millones de pesos.

Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado  como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.

La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.

El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.

Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.

La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.

La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.

Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del  Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de  garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.

La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.

Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.