Nacionales
Abinader da primer palazo para extensión de la Línea 1 del Metro
Published
2 años agoon
By
LA REDACCIÓN
Santo Domingo, R.D.-El primer picazo fue dado por el presidente Abinader este miércoles para la extensión de Línea 1 del Metro de Santo Domingo cuya obra busca ampliar la capacidad del sistema de transporte, conectando el sector Punta de Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, con la localidad de San Felipe de la misma demarcación.
De acuerdo con las autoridades, la ampliación del sistema ferroviario entraría en funcionamiento al término de los próximos tres años.
La inversión para la ejecución del proyecto será de unos 185 millones de dólares y beneficiará a cerca de 372 mil habitantes.
Abinader destacó el positivo impacto de la obra para el medioambiente, porque se traduce a una menor emisión de gases nocivos y la adaptación al cambio climático.
La extensión tendrá una longitud de 2.5 kilómetros y se tienen programadas la entrada en vigor de dos paradas adicionales.
La última estación poseerá un parqueo, con el objetivo reducir el uso de los vehículos personales, y una cochera-taller con capacidad para más de 14 trenes.
Rafael Santos Pérez, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó que las obras dejadas en ejecución incluyen la ampliación de la Carretera Hermanas Mirabal.
El funcionario explicó que la vía se llevará hasta la última estación de la que sería la Línea 1B del Metro de Santo Domingo y que contará con cuatro carriles.
Inauguran centro de formación ferroviaria
Durante el acto, Luis Abinader inauguró el Centro Tecnológico Julie Ares, del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), donde se capacitará a los operadores de trenes, de estaciones y servicios al usuario, del sistema ferroviario nacional.
El gobernante expresó que el centro tendrá una oferta formativa robusta, para capacitar el personal que necesita el sector ferroviario, el Metro de Santo Domingo y para todo el país.
«Estamos apostando desde el gobierno por una formación profesional, que cada vez se parezca más a la sociedad del conocimiento y que siente unas bases más sólidas y mejor ajustadas a la empleabilidad» afirmó.
Esta escuela operará en las instalaciones del Centro de Formación Mamá Tingó e incluye talleres de operación ferroviaria, informática, ciberseguridad, secretariado, electricidad, electrónica, contabilidad, secretariado y ventas.
Otras disciplinas incorporadas son: emprendimiento para PYMES, Introducción al Marketing Digital, Manejo de Redes Sociales y contabilidad para PYMES.
«Queremos nuevos empleos y mejores empleos, lo cual se traduce en dinamizar nuestra economía y prepararla para el futuro», agregó Abinader.
El recinto cuenta con dos aulas equipadas con simuladores de operación de trenes, un taller de electricidad y electrónica, dos aulas para informática, aula teórica, oficinas administrativas, área de espera y salón de recepción en el área central del edificio.
Choferes piden auxilio al gobierno
La Federación Nacional de Transportistas Democráticos solicitó al Jefe de Estado que tome medidas para garantizar los medios de subsistencia de casi 1,500 choferes que saldrán de circulación por la ampliación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo.
«Estamos aquí con la esperanza de que con las autoridades podamos buscar una salida salomónica a la situación para que esos choferes que son padres de familia tengan otra vía para buscarse el sustento», expresó el presidente de la entidad, Fermín López.
De acuerdo a López, la primera etapa mermó en un 50% la actividad de los carros públicos y en un 80% la demanda de las guaguas. «Con la extensión de esta primera línea seremos mermados casi en un 100%», añadió.
Los conductores esperan que puedan ser incluidos en el programa de Transporte Escolar (Trae), el Metro de Santo Domingo, los corredores públicos y sean pensionados los conductores en edad de retiro.
Las rutas afectadas son las que corresponden a las siguientes numeraciones: 49, 107, 45 y 18.
De igual forma, conductores de La Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano) reclamaron al Gobierno que se les incluya en las soluciones previstas para este grupo.
«Reclamamos participación en el Metro de Punta porque nos van a sacar de circulación y nosotros hemos sido los operadores de esa ruta durante años», puntualizó Freddy Pérez, secretario general de la Asociación de Choferes De Villa Mella (Asochovim).
Nacionales
Tribunal escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio
Published
14 horas agoon
marzo 9, 2026
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Puede leer
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Audiencia preliminar de exjefe de la DEA en el país es aplazada para abril.
Published
14 horas agoon
marzo 9, 2026
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Ejecutivas de colegio Da Vinci reciben ratificacion de medida de coercion.
Published
14 horas agoon
marzo 9, 2026
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.
