EFE

GUATEMALA. La comisión legislativa que analiza si se debe retirar la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cerró el viernes la jornada con muchas “dudas”, pese a haber recopilado una decena de testimonios de funcionarios, entre los que faltó, precisamente, el del mandatario, quien no asistió a la citación.

El portavoz presidencial, Heinz Hiemann, se limitó a informar a periodistas que el mandatario fue representado por un abogado durante la comparecencia a la que había sido citado, una vía que podía aprovechar porque se lo permite su fuero presidencial.

Sin embargo, los miembros de la comisión, por unanimidad decidieron no escuchar al jurista Juan Carlos Borrayo porque no llevó un documento en el que estuviera evidenciado su rol de representante, y dieron una nueva cita al presidente para este viernes, el último día que tienen para escucharle porque el domingo deben dar su reporte final al pleno de diputados.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los dos entes que pidieron el antejuicio contra el presidente el 25 de agosto pasado, ratificaron su denuncia este viernes y explicaron que está basada en “indicios”, porque como Morales aún goza de inmunidad no han podido profundizar en las investigaciones.

El fiscal José Curruchiche y el investigador de la Cicig Luis Orozco manifestaron que el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) ocultó información de al menos 6,7 millones de quetzales (919,067 dólares) que recibió para financiar la campaña proselitista de Morales.

El fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, aseguró que durante la investigación se determinó que el partido recibió fondos del “crimen organizado” y que allí se encuadra el delito de lavado de dinero y financiación electoral ilícita, entre otros.

Agregó que para aclarar un acto administrativo “es necesario un debido proceso penal para que se dilucide la responsabilidad de las personas” supuestamente implicadas, y que Morales, como representante legal y secretario general del partido, fue advertido de las consecuencias legales que podría enfrentar por no entregar los informes financieros, pero los omitió desde mayo de 2015.

En una maratónica jornada desfilaron además ante la comisión que preside el diputado opositor Julio Ixcamey, representantes del Tribunal Supremo Electoral, Registro de Ciudadanos, de la Superintendencia de Bancos, entre otros.

“Estamos buscando la verdad histórica de lo que se tiene en papeles”, dijo durante los interrogatorios por separado a los funcionarios Ixcamey.

La mayoría de los miembros de la comisión coincidió en la existencia de “omisión” de información de los recursos que el partido FCN-Nación recibió en 2015 para la campaña electoral cuando Jimmy Morales era su secretario general.

Uno de los diputados aseguró que en ninguno de los más de 960 folios entregados de la primera investigación se señala que el ahora presidente de Guatemala hubiese recibido personalmente dinero para su campaña.

La Fiscalía argumentó que no se trataba de evidenciar eso, sino la omisión de la entrega de informes financieros a las autoridades electorales.

Representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicaron que no pudieron realizar una auditoría financiera al FCN-Nación, porque el partido argumentó que no estaba su contadora para entregar los libros contables y porque Morales no entregó los informes solicitados.

El director del Registro de Ciudadanos (RC), Leopoldo Guerra, detalló que debido a la “omisión” de la información sobre el origen de los fondos, se sancionó con 60,000 dólares al partido de Morales, los cuales fueron cancelados fuera de la fecha establecida, el pasado 5 de septiembre, un día después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobara dar trámite al antejuicio contra Morales antes de que quedara en manos del Congreso.

Aclaró, sin embargo, que el FCN-Nación, administrativamente está vigente y puede celebrar sus asambleas correspondientes.

Pese a las extensas declaraciones, no se vislumbra aún la decisión que tomará la comisión legislativa, ya que varios de sus miembros, incluido su presidente, dijeron que se quedaron con muchas dudas que los funcionarios no pudieron aclarar.

En los interrogatorios, los diputados preguntaron si el antejuicio contra Morales es promovido por asuntos políticos o personales, pero la respuesta quedó en el limbo, ya que los funcionarios aseguraron que no eran ellos los responsables de responder.

El diputado opositor Gabriel Heredia manifestó que querían saber si “el fundamento de las denuncias es legal o se trata de un fundamento político”.

La comisión tiene previsto entregar el próximo domingo el informe de su investigación al pleno del Congreso, el cual debe decidir si levanta o no la inmunidad al presidente mediante una votación en la que serán necesarios 105 de los 158 votos.