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Presidente de Guatemala falta a citación con comisión que le investiga

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EFE

GUATEMALA. La comisión legislativa que analiza si se debe retirar la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cerró el viernes la jornada con muchas “dudas”, pese a haber recopilado una decena de testimonios de funcionarios, entre los que faltó, precisamente, el del mandatario, quien no asistió a la citación.

El portavoz presidencial, Heinz Hiemann, se limitó a informar a periodistas que el mandatario fue representado por un abogado durante la comparecencia a la que había sido citado, una vía que podía aprovechar porque se lo permite su fuero presidencial.

Sin embargo, los miembros de la comisión, por unanimidad decidieron no escuchar al jurista Juan Carlos Borrayo porque no llevó un documento en el que estuviera evidenciado su rol de representante, y dieron una nueva cita al presidente para este viernes, el último día que tienen para escucharle porque el domingo deben dar su reporte final al pleno de diputados.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los dos entes que pidieron el antejuicio contra el presidente el 25 de agosto pasado, ratificaron su denuncia este viernes y explicaron que está basada en “indicios”, porque como Morales aún goza de inmunidad no han podido profundizar en las investigaciones.

El fiscal José Curruchiche y el investigador de la Cicig Luis Orozco manifestaron que el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) ocultó información de al menos 6,7 millones de quetzales (919,067 dólares) que recibió para financiar la campaña proselitista de Morales.

El fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, aseguró que durante la investigación se determinó que el partido recibió fondos del “crimen organizado” y que allí se encuadra el delito de lavado de dinero y financiación electoral ilícita, entre otros.

Agregó que para aclarar un acto administrativo “es necesario un debido proceso penal para que se dilucide la responsabilidad de las personas” supuestamente implicadas, y que Morales, como representante legal y secretario general del partido, fue advertido de las consecuencias legales que podría enfrentar por no entregar los informes financieros, pero los omitió desde mayo de 2015.

En una maratónica jornada desfilaron además ante la comisión que preside el diputado opositor Julio Ixcamey, representantes del Tribunal Supremo Electoral, Registro de Ciudadanos, de la Superintendencia de Bancos, entre otros.

“Estamos buscando la verdad histórica de lo que se tiene en papeles”, dijo durante los interrogatorios por separado a los funcionarios Ixcamey.

La mayoría de los miembros de la comisión coincidió en la existencia de “omisión” de información de los recursos que el partido FCN-Nación recibió en 2015 para la campaña electoral cuando Jimmy Morales era su secretario general.

Uno de los diputados aseguró que en ninguno de los más de 960 folios entregados de la primera investigación se señala que el ahora presidente de Guatemala hubiese recibido personalmente dinero para su campaña.

La Fiscalía argumentó que no se trataba de evidenciar eso, sino la omisión de la entrega de informes financieros a las autoridades electorales.

Representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicaron que no pudieron realizar una auditoría financiera al FCN-Nación, porque el partido argumentó que no estaba su contadora para entregar los libros contables y porque Morales no entregó los informes solicitados.

El director del Registro de Ciudadanos (RC), Leopoldo Guerra, detalló que debido a la “omisión” de la información sobre el origen de los fondos, se sancionó con 60,000 dólares al partido de Morales, los cuales fueron cancelados fuera de la fecha establecida, el pasado 5 de septiembre, un día después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobara dar trámite al antejuicio contra Morales antes de que quedara en manos del Congreso.

Aclaró, sin embargo, que el FCN-Nación, administrativamente está vigente y puede celebrar sus asambleas correspondientes.

Pese a las extensas declaraciones, no se vislumbra aún la decisión que tomará la comisión legislativa, ya que varios de sus miembros, incluido su presidente, dijeron que se quedaron con muchas dudas que los funcionarios no pudieron aclarar.

En los interrogatorios, los diputados preguntaron si el antejuicio contra Morales es promovido por asuntos políticos o personales, pero la respuesta quedó en el limbo, ya que los funcionarios aseguraron que no eran ellos los responsables de responder.

El diputado opositor Gabriel Heredia manifestó que querían saber si “el fundamento de las denuncias es legal o se trata de un fundamento político”.

La comisión tiene previsto entregar el próximo domingo el informe de su investigación al pleno del Congreso, el cual debe decidir si levanta o no la inmunidad al presidente mediante una votación en la que serán necesarios 105 de los 158 votos.

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Parlamento venezolano rechaza reconocimiento de la Eurocámara a González Urrutia

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Agencia EFE

Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por el chavismo, rechazó este jueves la decisión de la Eurocámara de reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, como presidente electo en las elecciones del 28 de julio. El resultado oficial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

Durante una sesión transmitida por el canal estatal VTV, la AN condenó «la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios» y exhortó a respetar «la decisión del pueblo venezolano» que «eligió» a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del país.

Asimismo, instó a «los europarlamentarios fascistas» a abandonar «la fracasada estrategia neocolonialista» de «cambio de régimen» en Venezuela y pidió que se concentren en «las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras».

Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el acuerdo, manifestó que «el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano», en referencia al resultado oficial de los comicios, que fue calificado de fraudulento por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respalda a González Urrutia.

El bloque antichavista sostiene que su candidato es el presidente electo, sustentando este reclamo con el «83,5%» de las actas electorales, publicadas en una página web y posteriormente descalificadas como falsas por el Gobierno y la Fiscalía.

Tras el reconocimiento de la Eurocámara, el líder de la PUD, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, solicitó a la Unión Europea que actúe para que en Venezuela «se haga valer la soberanía expresada en las urnas».

La resolución del Parlamento Europeo, que no es vinculante, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También reconoce a María Corina Machado, principal aliada de González Urrutia, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.

Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a pesar de la insistencia de numerosos países, aún no publica los resultados desagregados por centro de votación, como establece su propia normativa.

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Venezuela solicita orden de captura contra Milei por «robo de avión»; situación similar a la de RD

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Agencias

CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei -a quien abrió «una averiguación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.

La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión» también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.

En febrero de este año el Gobierno de Estados Unidos confiscó un avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada en violación de las leyes federales de control de exportaciones.

El avión de carga, un Boeing 747-300M, partió desde Argentina, donde estaba retenido desde 2022, y aterrizó en un aeropuerto no revelado en la Florida.

Antes de su venta a la estatal venezolana, la aeronave era propiedad de Mahan Air, una compañía a la que Washington señala por su apoyo a las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada por Estados Unidos como una organización terrorista.

Situación en RD
La situación es muy similar a la ocurrida el pasado 2 de septiembre en República Dominicana cuando la justicia dominicana decidió enviar la aeronave a Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.

El Gobierno de República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.

Según Álvarez, en mayo de este año “el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión”.

La respuesta de Argentina al proceso de Maduro
El Gobierno de Argentina repudió este miércoles la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente, Javier Milei, por el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.

«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

Según el Gobierno de Milei, «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».

«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», añade el comunicado.

En declaraciones transmitidas este miércoles por el canal estatal VTV, el fiscal general, de Venezuela Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados «se encuentran tramitando la orden de aprehensión» contra Milei, su hermana Karina y Bullrich.

Explicó que, en el caso del avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».

Por otra parte, Saab informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino» y aseveró que se podría «estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El fiscal, quien llamó «fascista» y «neonazi» a Milei, dijo que en Argentina se aplica un «programa de violencia institucional premeditado» contra su población, por lo que señaló al mandatario argentino como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y como «un peligro brutal para todo el hemisferio».

Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.

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Aumentan a 26 los muertos por explosión de camión cisterna en Haití

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Agencia Efe

Puerto Príncipe.- Ha aumentado a 26 la cifra de fallecidos en el choque y posterior explosión ayer de un camión con combustible en la comunidad de Miragoane, en el oeste de Haití, informó este domingo el departamento de Protección Civil (PC) de ese país.

El director general de Protección Civil de Haití, Emmanuel Pierre, dio a conocer la información a la prensa local, precisando que, entre otras cosas, anoche se registraron otras dos muertes en los hospitales Sainte Thérèse y Saint Boniface, cerca de donde ocurrió el suceso.

En Haití, todas las estructuras gubernamentales se han movilizado para acudir en ayuda de las víctimas de esta tragedia, ocurrida en el departamento de Nippes, y es probable que el número de muertos vuelva a aumentar en las próximas horas debido a las heridas graves sufridas por decenas de personas.

El camión cisterna chocó contra otro camión averiado en la carretera y su tanque se perforó, lo que aprovecharon habitantes del lugar para tomar combustible, a pesar de las advertencias del conductor de no acercarse demasiado. Fue entonces cuando se produjo la explosión.

Este domingo en su página de Facebook, el Ministerio de Sanidad informó de que, desde ayer, sus distintos departamentos están plenamente movilizados «para prestar un apoyo vital a los compatriotas víctimas de la trágica explosión» de un camión cisterna en Miragoâne.

«Desde los primeros momentos de la catástrofe se puso en marcha una respuesta coordinada para prestar asistencia médica y logística a los heridos», afirmó el ministerio.

Hasta la fecha, cuatro centros sanitarios ofrecen asistencia a más de 50 personas, mientras que 11 ambulancias se encargan del transporte y los traslados interhospitalarios de los pacientes que requieren atención especializada.

Este domingo, el ministro de Salud, Georges Fils Brignol, presidió una reunión de urgencia para evaluar la situación, ajustar las estrategias y adoptar las soluciones necesarias para una respuesta adecuada y eficaz.

«Las operaciones de evacuación a centros sanitarios especializados continúan sin interrupción, con el fin de garantizar una atención óptima a las víctimas de quemaduras», anunció el Ministerio de Salud, que reafirmó su compromiso de prestar todo el apoyo necesario para aliviar a las víctimas de esta tragedia.

El primer ministro haitiano, Garry Conille, visitó a las víctimas de la explosión y participó en la evacuación de los heridos graves a Puerto Príncipe en un helicóptero de las Naciones Unidas. Aprovechó la ocasión para anunciar que el Gobierno recibirá pronto sus helicópteros para poder salvar vidas en cualquier circunstancia.

Conille elogió la dedicación del personal médico que está haciendo todo lo posible para salvar la vida de las víctimas. «Con gran emoción», dijo que había visitado el hospital Saint Boniface en Fonds des Blancs para ayudar a evacuar a las víctimas.

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