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SCJ destaca transformación judicial para protección del Estado de Derecho
Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.
Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.
Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.
“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.
“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.
Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.
En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.