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Presidente del Tribunal Constitucional asume funciones y responde dudas sobre neutralidad
Santo Domingo, R.D. Napoleón Estévez Lavandier asumió la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) con promesas de imparcialidad, en aparente respuesta a los cuestionamientos de representantes de los partidos de la oposición y las críticas de Alejandro Vargas, juez de esa corte.
Ayer, la vicepresidenta Raquel Peña juramentó al grupo de cinco nuevos jueces y dos sustitutos que reemplazan a quienes tenían 12 años en sus puestos, desde la fundación del Tribunal, incluyendo a su presidente, Milton Ray Guevara.
Los magistrados, posteriormente, se desplazaron hasta la sede del Tribunal Constitucional para tomar posesión.
Se trata del senador de Fuerza del Pueblo Bautista Rojas Gómez y del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Fadul.
Ambos habrían presentado “excusas formales por motivo de salud”, según informó la Presidencia.
El nuevo presidente de la Alta Corte aseguró que sus decisiones serán independientes de intereses particulares y partidarios.
“Los jueces son totalmente independientes y el Tribunal, como cuerpo, es totalmente independiente de todo tipo de interés particular que pueda existir, tanto partidario o (como) no partidario, o de cualquier otro tipo que se quiera (n) mencionar”, dijo.
El 2 de diciembre, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez había ligado al magistrado Estévez con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y advirtió que sería designado como presidente del TC, pero sin presentar pruebas.
El Consejo Nacional de la Magistratura anunció la elección de Estévez Lavandier el 12 de diciembre.
Estévez había sido juez de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desde el año 2019.
En la Suprema Corte de Justicia a Estévez Lavandier le tocó ser el juez de la instrucción para las investigaciones por lavado de activos y narcotráfico que lleva a cabo el Ministerio Público contra cuatro legisladores del PRM y uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Son ellos Faustina Guerrero Cabrera (PRM), Nelson Rafael Marmolejos Gil (PRM) y Héctor Darío Féliz Féliz (PRD), de la Operación Falcón. También para el caso contra Sergio -Gory- Moya (PRM) y Rosa Amalia Pilarte López (PRM).
Advertencia
Estévez Lavandier compartirá el estrado con José Alejandro Vargas, el juez que, a la semana siguiente de la designación de Estévez, advirtió que nunca el TC había estado tan en peligro como ahora.
Vargas dijo que varios de sus colegas que abandonarían la posición le habían expresado la preocupación de que el TC pueda verse influenciado por intereses particulares y advirtió que, si eso pasara, les iban a ver las garras y que él no iba a guardar silencio.
“Yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerles un llamado, para que defiendan la democracia. Que no traten de imponer criterios”, avisó.
Estévez Lavandier respondió a esta inquietud.
“No he podido hablar con el magistrado todavía para saber cuáles son esos temores que él tiene. Sin embargo, le puedo asegurar que no debe haber ningún tipo de temor. El Tribunal Constitucional va a seguir siendo el garante de la supremacía de la Constitución y el defensor del ordenamiento jurídico, así como de los derechos fundamentales”, acotó.
Evaluación
De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el trabajo del CNM fue minucioso para poder escoger a cinco personas entre 113 aspirantes.
“La sociedad fue testigo del ejercicio minucioso y sopesado que debió realizar el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar las plazas que se habían de llenar”, indicó.
Toma de posesión
Estévez Lavandier pronunció un discurso al concluir el acto de toma de posesión que se realizó en el mismo edificio donde funciona el órgano extrapoder y minutos después de ser juramentado en el Palacio Nacional.
En el acto tomaron posesión, además, Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Esperanza Ferreira Reyes y Amaury Amílcar Reyes Torres.
También, el primer sustituto del presidente, Miguel Valera Montero, y la segunda sustituta, Eunisis Vásquez Acosta, respectivamente.
En su alocución, Estévez Lavandier sostuvo que mantendrán los altos estándares de transparencia y de rendición de cuentas.
Pondrán a disposición de la sociedad mecanismos de evaluación periódica del desempeño del pleno y seguirán la labor pedagógica en torno a la Carta Magna y sobre sus sentencias.
Al recibir los símbolos y el mallete del Tribunal Constitucional (TC) por parte de su antecesor Milton Ray Guevara, el nuevo presidente de ese órgano, Napoleón Estévez Lavandier, garantizó que en los próximos nueve años que corresponden a su periodo defenderá y sobrepondrá la soberanía, la nacionalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, guiándose de la Constitución como “sagrada herramienta”.
El nuevo presidente del TC aseguró que, junto a los 12 magistrados, que incluyen a los ocho que todavía no han agotado el periodo para el cual fueron escogidos, están preparados para enfrentar “exitosamente (…) todos los retos que los ciudadanos y ciudadanas pongan ante esa jurisdicción”.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.