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Presidente del Tribunal Constitucional asume funciones y responde dudas sobre neutralidad
Santo Domingo, R.D. Napoleón Estévez Lavandier asumió la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) con promesas de imparcialidad, en aparente respuesta a los cuestionamientos de representantes de los partidos de la oposición y las críticas de Alejandro Vargas, juez de esa corte.
Ayer, la vicepresidenta Raquel Peña juramentó al grupo de cinco nuevos jueces y dos sustitutos que reemplazan a quienes tenían 12 años en sus puestos, desde la fundación del Tribunal, incluyendo a su presidente, Milton Ray Guevara.
Los magistrados, posteriormente, se desplazaron hasta la sede del Tribunal Constitucional para tomar posesión.
Se trata del senador de Fuerza del Pueblo Bautista Rojas Gómez y del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Fadul.
Ambos habrían presentado “excusas formales por motivo de salud”, según informó la Presidencia.
El nuevo presidente de la Alta Corte aseguró que sus decisiones serán independientes de intereses particulares y partidarios.
“Los jueces son totalmente independientes y el Tribunal, como cuerpo, es totalmente independiente de todo tipo de interés particular que pueda existir, tanto partidario o (como) no partidario, o de cualquier otro tipo que se quiera (n) mencionar”, dijo.
El 2 de diciembre, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez había ligado al magistrado Estévez con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y advirtió que sería designado como presidente del TC, pero sin presentar pruebas.
El Consejo Nacional de la Magistratura anunció la elección de Estévez Lavandier el 12 de diciembre.
Estévez había sido juez de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desde el año 2019.
En la Suprema Corte de Justicia a Estévez Lavandier le tocó ser el juez de la instrucción para las investigaciones por lavado de activos y narcotráfico que lleva a cabo el Ministerio Público contra cuatro legisladores del PRM y uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Son ellos Faustina Guerrero Cabrera (PRM), Nelson Rafael Marmolejos Gil (PRM) y Héctor Darío Féliz Féliz (PRD), de la Operación Falcón. También para el caso contra Sergio -Gory- Moya (PRM) y Rosa Amalia Pilarte López (PRM).
Advertencia
Estévez Lavandier compartirá el estrado con José Alejandro Vargas, el juez que, a la semana siguiente de la designación de Estévez, advirtió que nunca el TC había estado tan en peligro como ahora.
Vargas dijo que varios de sus colegas que abandonarían la posición le habían expresado la preocupación de que el TC pueda verse influenciado por intereses particulares y advirtió que, si eso pasara, les iban a ver las garras y que él no iba a guardar silencio.
“Yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerles un llamado, para que defiendan la democracia. Que no traten de imponer criterios”, avisó.
Estévez Lavandier respondió a esta inquietud.
“No he podido hablar con el magistrado todavía para saber cuáles son esos temores que él tiene. Sin embargo, le puedo asegurar que no debe haber ningún tipo de temor. El Tribunal Constitucional va a seguir siendo el garante de la supremacía de la Constitución y el defensor del ordenamiento jurídico, así como de los derechos fundamentales”, acotó.
Evaluación
De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el trabajo del CNM fue minucioso para poder escoger a cinco personas entre 113 aspirantes.
“La sociedad fue testigo del ejercicio minucioso y sopesado que debió realizar el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar las plazas que se habían de llenar”, indicó.
Toma de posesión
Estévez Lavandier pronunció un discurso al concluir el acto de toma de posesión que se realizó en el mismo edificio donde funciona el órgano extrapoder y minutos después de ser juramentado en el Palacio Nacional.
En el acto tomaron posesión, además, Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Esperanza Ferreira Reyes y Amaury Amílcar Reyes Torres.
También, el primer sustituto del presidente, Miguel Valera Montero, y la segunda sustituta, Eunisis Vásquez Acosta, respectivamente.
En su alocución, Estévez Lavandier sostuvo que mantendrán los altos estándares de transparencia y de rendición de cuentas.
Pondrán a disposición de la sociedad mecanismos de evaluación periódica del desempeño del pleno y seguirán la labor pedagógica en torno a la Carta Magna y sobre sus sentencias.
Al recibir los símbolos y el mallete del Tribunal Constitucional (TC) por parte de su antecesor Milton Ray Guevara, el nuevo presidente de ese órgano, Napoleón Estévez Lavandier, garantizó que en los próximos nueve años que corresponden a su periodo defenderá y sobrepondrá la soberanía, la nacionalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, guiándose de la Constitución como “sagrada herramienta”.
El nuevo presidente del TC aseguró que, junto a los 12 magistrados, que incluyen a los ocho que todavía no han agotado el periodo para el cual fueron escogidos, están preparados para enfrentar “exitosamente (…) todos los retos que los ciudadanos y ciudadanas pongan ante esa jurisdicción”.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.