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Presidente del Tribunal Constitucional asume funciones y responde dudas sobre neutralidad
Santo Domingo, R.D. Napoleón Estévez Lavandier asumió la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) con promesas de imparcialidad, en aparente respuesta a los cuestionamientos de representantes de los partidos de la oposición y las críticas de Alejandro Vargas, juez de esa corte.
Ayer, la vicepresidenta Raquel Peña juramentó al grupo de cinco nuevos jueces y dos sustitutos que reemplazan a quienes tenían 12 años en sus puestos, desde la fundación del Tribunal, incluyendo a su presidente, Milton Ray Guevara.
Los magistrados, posteriormente, se desplazaron hasta la sede del Tribunal Constitucional para tomar posesión.
Se trata del senador de Fuerza del Pueblo Bautista Rojas Gómez y del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Fadul.
Ambos habrían presentado “excusas formales por motivo de salud”, según informó la Presidencia.
El nuevo presidente de la Alta Corte aseguró que sus decisiones serán independientes de intereses particulares y partidarios.
“Los jueces son totalmente independientes y el Tribunal, como cuerpo, es totalmente independiente de todo tipo de interés particular que pueda existir, tanto partidario o (como) no partidario, o de cualquier otro tipo que se quiera (n) mencionar”, dijo.
El 2 de diciembre, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez había ligado al magistrado Estévez con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y advirtió que sería designado como presidente del TC, pero sin presentar pruebas.
El Consejo Nacional de la Magistratura anunció la elección de Estévez Lavandier el 12 de diciembre.
Estévez había sido juez de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desde el año 2019.
En la Suprema Corte de Justicia a Estévez Lavandier le tocó ser el juez de la instrucción para las investigaciones por lavado de activos y narcotráfico que lleva a cabo el Ministerio Público contra cuatro legisladores del PRM y uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Son ellos Faustina Guerrero Cabrera (PRM), Nelson Rafael Marmolejos Gil (PRM) y Héctor Darío Féliz Féliz (PRD), de la Operación Falcón. También para el caso contra Sergio -Gory- Moya (PRM) y Rosa Amalia Pilarte López (PRM).
Advertencia
Estévez Lavandier compartirá el estrado con José Alejandro Vargas, el juez que, a la semana siguiente de la designación de Estévez, advirtió que nunca el TC había estado tan en peligro como ahora.
Vargas dijo que varios de sus colegas que abandonarían la posición le habían expresado la preocupación de que el TC pueda verse influenciado por intereses particulares y advirtió que, si eso pasara, les iban a ver las garras y que él no iba a guardar silencio.
“Yo no puedo dejar pasar esta circunstancia para hacerles un llamado, para que defiendan la democracia. Que no traten de imponer criterios”, avisó.
Estévez Lavandier respondió a esta inquietud.
“No he podido hablar con el magistrado todavía para saber cuáles son esos temores que él tiene. Sin embargo, le puedo asegurar que no debe haber ningún tipo de temor. El Tribunal Constitucional va a seguir siendo el garante de la supremacía de la Constitución y el defensor del ordenamiento jurídico, así como de los derechos fundamentales”, acotó.
Evaluación
De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el trabajo del CNM fue minucioso para poder escoger a cinco personas entre 113 aspirantes.
“La sociedad fue testigo del ejercicio minucioso y sopesado que debió realizar el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar las plazas que se habían de llenar”, indicó.
Toma de posesión
Estévez Lavandier pronunció un discurso al concluir el acto de toma de posesión que se realizó en el mismo edificio donde funciona el órgano extrapoder y minutos después de ser juramentado en el Palacio Nacional.
En el acto tomaron posesión, además, Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Esperanza Ferreira Reyes y Amaury Amílcar Reyes Torres.
También, el primer sustituto del presidente, Miguel Valera Montero, y la segunda sustituta, Eunisis Vásquez Acosta, respectivamente.
En su alocución, Estévez Lavandier sostuvo que mantendrán los altos estándares de transparencia y de rendición de cuentas.
Pondrán a disposición de la sociedad mecanismos de evaluación periódica del desempeño del pleno y seguirán la labor pedagógica en torno a la Carta Magna y sobre sus sentencias.
Al recibir los símbolos y el mallete del Tribunal Constitucional (TC) por parte de su antecesor Milton Ray Guevara, el nuevo presidente de ese órgano, Napoleón Estévez Lavandier, garantizó que en los próximos nueve años que corresponden a su periodo defenderá y sobrepondrá la soberanía, la nacionalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, guiándose de la Constitución como “sagrada herramienta”.
El nuevo presidente del TC aseguró que, junto a los 12 magistrados, que incluyen a los ocho que todavía no han agotado el periodo para el cual fueron escogidos, están preparados para enfrentar “exitosamente (…) todos los retos que los ciudadanos y ciudadanas pongan ante esa jurisdicción”.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.