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Revelan 25% de destacamentos policiales tiene acceso a Internet.
Santo Domingo, R.D.-Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), reveló que sólo un 25 por ciento de los destacamentos policiales del país tiene acceso a la Internet, por lo que, entre sus prioridades, trabajará para garantizar que todas las dotaciones tengan acceso a la red.
Gómez Mazara indicó que uno de los ejes temáticos de las políticas del Gobierno dominicano es el tema de la inseguridad, la cual se acrecienta por la falta de intercambio de informaciones sobre el registro de las denuncias en los destacamentos a través de la web, y que el INDOTEL se enfocará en la conectividad del 100 por ciento de las dotaciones policiales para contribuir a reducir los delitos en la nación.
“Si una persona incurre en un acto delictivo y lo registran en el destacamento de la Calle José Martí, que de paso te van a recibir con libreta y lapiceros, pero si hace tres días esa misma persona tuvo una trifulca en el sector Villa Duarte, no hay un sistema que conecte ese tipo de información. Indotel tiene entre sus responsabilidades garantizar la conectividad de los destacamentos del país”, dijo.
En ese sentido, el funcionario sostuvo que también se ocupará de manera responsable en reducir la brecha digital creando las condiciones para que la internet llegue a los lugares más apartados del país, lo que contribuirá a que las comunidades accedan a las informaciones que ofrece la red para desarrollar sus capacidades técnicas y escolares.
“Indotel jugará el rol de aproximar la tecnología al ciudadano, que la gente sepa que en sus problemas elementales hay una solución tecnológica. En Indotel hay un fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones que tiene como objetivo ese tipo de labor, y nosotros, en coordinación con el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), lo lograremos”, enfatizó.
Deploró que textos oficiales como la Constitución de la República tengan problemas de sintaxis y faltas ortográficas, por lo que la institución que dirige trabajará para que estos documentos, mediante una aplicación muy elemental, sean corregidos.
“Es de muy mal gusto que cualquier institución redacte algo y tú lo recibas, desafortunadamente, lleno de faltas ortográfica. Indotel superará, con el uso de una aplicación, esa falencia”, aseguró Gómez Mazara al ser entrevistado en el programa televisivo Mckinney, que se transmite los sábados a las 11:00 p.m. por Color Visión.
Dijo que en estos dos primeros años, su única actitud será generar los niveles de transparencia y eficiencia en el Indotel y devolverle a la gente el espíritu de que la condición de ser funcionario es un ejercicio de servicio público, así que será receptivo y tolerante a las críticas.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.