SANTO DOMINGO. Desde que en diciembre pasado se supo que la empresa Odebrecht pagó sobornos para conseguir las obras de infraestructura que le han adjudicado en el país, empezó una ola de expresiones de inconformidad ciudadana en contra de la corrupción y la impunidad.

Esa inconformidad se tornó en protestas cuando el 22 de enero, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles en la denominada “Marcha Verde por el Fin de la Impunidad”, que recorrió la avenida 27 de Febrero, partiendo de la Máximo Gómez, hasta el Parque Independencia, bajando por la 30 de Marzo.

La marcha, ya con forma de movimiento social y sin identificarse con ninguna agrupación política, ha realizado movilizaciones en distintas partes del país, logrando atraer a ellas un gran número de personas.

Esas presiones, que obligaron al propio presidente de la República, Danilo Medina, a referirse a ellas durante su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, son -a juicio de algunos analistas- un factor determinante para que las investigaciones por los sobornos de Odebrecht se mantengan abiertas en el país.

En ello coinciden la politóloga Rosario Espinal y el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Iván Ogando.

Espinal entiende que, dada la proyección internacional que tiene el caso de Odebrecht, al Gobierno se le hace difícil hacer un borrón y cuenta nueva, por lo que es probable que esta vez se haga justicia.

“Si fuera un caso local, hace rato que estaría enterrado, pero es un caso internacional donde hay una información que sale de otros lugares y no la controla el Gobierno”, plantea la politóloga, aunque mantiene sus reservas sobre los resultados de la investigación, “en un país donde nunca se ha hecho justicia y donde los políticos no van a la cárcel”.

Por eso, resalta la importancia de la Marcha Verde, porque entiende que ha sido una campaña para que el Gobierno actúe y no deje pasar el caso.

Ogando también es de opinión de que, gracias a las manifestaciones del movimiento, el tema de los sobornos de Odebrecht se ha mantenido en el tapete.

“Creo que la demanda que transmite es un elemento de presión importante, igual que algunos medios de comunicación que han mantenido el tema. Sin eso, no se le hubiese dado la importancia y relevancia dentro de la agenda de la Procuraduría”.

Además de la Marcha Verde, el 9 de mayo, un grupo de estudiantes ocupó por varias horas la sede del Ministerio Público pidiendo que se den a conocer los nombres de los implicados en el caso. Con igual demanda, el pasado martes otro grupo de manifestantes pertenecientes al movimiento Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) intentó establecer un campamento en las afueras de la Procuraduría, pero fueron levantados a la fuerza por agentes policiales.

Los agentes también impidieron, lanzando bombas lacrimógenas, la entrada al edificio de varios diputados que ese día acudieron al lugar en solidaridad –dijeron- con los que iban a levantar el campamento.

La información del soborno la dio el Departamento de Justicia de Estado Unidos al hacer público un acuerdo al que arribó con Odebrecht. El documento detalla que entre los años 2001 y 2016 la referida empresa repartió US$788 millones en pagos irregulares en unos 12 países. En República Dominicana la cifra de “propina” se estableció en US$92 millones, pero no se revelaron nombres de quienes recibieron ese dinero.

La incógnita deberá ser desvelada luego que la Procuraduría coteje y traduzca los documentos que anunció ayer haber recibido desde Brasil, cumpliéndose así el plazo que dio el procurador General, Jean Alain Rodríguez, al asegurar que, a más tardar el 19 de mayo recibiría los nombres de los sobornados.

“Aunque el acuerdo (con Odebrecht) establece que después de homologado, la empresa tiene un plazo máximo de 60 días para entregar informaciones, hemos logrado que, a más tardar el 19 de mayo próximo, esta multinacional se comprometa a entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) la lista de quiénes recibieron esos pagos ilícitos, así como también, todos los testimonios, documentos, archivos, libros, registros y cualquier otro medio de prueba que tenga en su poder”.

Esa declaración la hizo el Procurador el 19 de abril, luego de que el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, homologara el acuerdo al que arribó con Odebrecht, según el cual, la constructora pagará al Estado dominicano una multa de US$184 millones y cooperará con la investigación. A cambio, la Procuraduría, aplicando el criterio de oportunidad incoado en el acuerdo, librará descargo a la empresa, “sus sucursales, subsidiarias y/o personas jurídicas de su grupo económico…”.

Dicho acuerdo, a decir de los integrantes de la Marcha Verde, exime de responsabilidad a parte de los implicados, por lo que vendría a favorecer la impunidad en el país.

En sus manifestaciones, la Marcha Verde mantiene el lema de que se den a conocer los nombres de los sobornados. Su consigna tiene tres pilares: cárcel a los corruptos, recuperación del dinero robado y cancelación de los contratos que la empresa tiene vigentes. Uno de ellos es la central termoeléctrica de Punta Catalina, cuya contratación la investiga una comisión.

“Estas consignas y reclamos van más allá de los sobornos, por eso, cuando salgan los nombres será sólo el principio de un proceso, pues el tema de las sobrevaluaciones y el daño que se le ha hecho al país son mucho mayor que todo lo relacionado con los sobornos”, comenta el periodista Jonathan Liriano, una de las caras visibles de un movimiento que aún no tiene una figura de cohesión definida.

Al hacer un repaso sobre el efecto de las protestas realizadas, Liriano está convencido de que, gracias a ellas, en el país se está investigando. “El patrón de comportamiento del Ministerio Público dirigido desde el Palacio es que, sin importar la magnitud del caso, no se hace nada. Y si el Ministerio Público está accionando ahora, es porque esa ciudadanía está en las calles”, enfatiza.

Afirma que el movimiento no se detendrá hasta que caiga el último de los implicados, y ya tienen agendadas nuevas protestas para lo que resta de mes y el siguiente.