La Junta Central Electoral asegura que ya está montada la logística para primarias.
Santo Domingo, RD.-El contribuyente dominicana pagará por las primarias a celebrarse el próximo domingo la suma de 2,416 y 845 mil 800 pesos, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
La explicación es sencilla: del monto total, la Junta Central Electoral (JCE) aportará más de 1,167 millones 736 mil 424 pesos, correspondientes a la asignación presupuestaria que recibe del Poder Ejecutivo.
Mientras el PLD y el PRM aportarán 241 millones 109 mil 375.04 pesos, que corresponde al 40 por ciento de la contribución económica que les concede el Estado. Como se observa, el origen de estos recursos también son de los ingresos del Estado.
La ley otorga a la JCE la facultad de organizar y dirigir los procesos internos con la modalidad de primarias simultáneas, en la que los partidos políticos escogerán a los candidatos que postularán en cargos electivos.
Las primarias simultáneas que celebrarán las dos principales organizaciones políticas del país se celebrarán el próximo domingo, 6 de octubre, y se asemejan a unas elecciones generales en cuanto al costo que implica, logística para su montaje y las expectativas en la población que ha generado.
Pero además, pese a ser un evento de una precampaña, los aspirantes a las nominaciones de candidaturas han llenado el país de propaganda política, y copado los medios de comunicacion y redes sociales de publicidad como si estuvieran en juego los puestos electivos.
Propaganda y montaje
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos limitaba la propaganda durante la precampaña a lo interno de las organizaciones, pero esas restricciones fueron eliminadas por sentencia del Tribunal Constitucional (TC) , por lo que se dio libertad a los aspirantes de promoverse en todos los espacios.
El TC también validó el origen de los recursos para el montaje de las primarias, al rechazar una acción de inconstitucionalidad en contra del texto legal que dispuso que serán organizadas con recursos de la contribución económica que otorga el Estado a los partidos y aportes de la JCE en equipos y logística.En cuanto a la logística, está montada como unas elecciones generales, en cuanto la cantidad de recintos y mesas de votación y personal que trabajará en el proceso y las medidas que ha tenido que adoptar la Junta para garantizar el orden, la seguridad y la transparencia.
En el caso del PLD, las primarias serán abiertas, ya que podrán votar todos los inscritos en el padrón general de la JCE, integrado por 7 millones 422 mil 416 ciudadanos.
Mientras en el PRM solo podrán hacerlo un millón 296 mil 483 electores, debido a que eligió la modalidad de primarias cerradas, es decir, que solo pueden votar los inscritos en el padrón de ese partido.
Un total de 11,427 personas fueron inscritas en la JCE como precandidatos presidenciales, congresionales y municipales, de los cuales 6,710 por el PLD y 4,717 por el PRM.
A partir de la reforma de la Constitución en el 2010, y la aprobación de la Ley de Partidos en el 2018, a la JCE le compete montar tres procesos electorales en menos de un año: las primarias de los partidos en este mes; las elecciones municipal, para elegir los alcaldes, regidores, directores municipales y sus vocales en febrero del 2020, así como las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de ese mismo año.
A este complejo proceso habría que agregar, que si el nivel presidencial no se decide en primera vuelta, a la JCE le corresponderá montar otro proceso para junio.
Ese día quedó abierta de manera oficial la precampaña en la que participan los aspirantes a cargos de elección popular.
Fue la fecha límite para que los partidos inscribieran en la JCE sus precandidatos, aunque la institución concedió un plazo de 10 días para hacer corrección en las listas.
El próximo domingo los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno realizarán sus primarias simultáneas, mientras las demás organizaciones que escogieron otras modalidades de elección para seleccionar su candidatos tendrán plazos hasta el 27 de este mes.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
