La Junta Central Electoral asegura que ya está montada la logística para primarias.
Santo Domingo, RD.-El contribuyente dominicana pagará por las primarias a celebrarse el próximo domingo la suma de 2,416 y 845 mil 800 pesos, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
La explicación es sencilla: del monto total, la Junta Central Electoral (JCE) aportará más de 1,167 millones 736 mil 424 pesos, correspondientes a la asignación presupuestaria que recibe del Poder Ejecutivo.
Mientras el PLD y el PRM aportarán 241 millones 109 mil 375.04 pesos, que corresponde al 40 por ciento de la contribución económica que les concede el Estado. Como se observa, el origen de estos recursos también son de los ingresos del Estado.
La ley otorga a la JCE la facultad de organizar y dirigir los procesos internos con la modalidad de primarias simultáneas, en la que los partidos políticos escogerán a los candidatos que postularán en cargos electivos.
Las primarias simultáneas que celebrarán las dos principales organizaciones políticas del país se celebrarán el próximo domingo, 6 de octubre, y se asemejan a unas elecciones generales en cuanto al costo que implica, logística para su montaje y las expectativas en la población que ha generado.
Pero además, pese a ser un evento de una precampaña, los aspirantes a las nominaciones de candidaturas han llenado el país de propaganda política, y copado los medios de comunicacion y redes sociales de publicidad como si estuvieran en juego los puestos electivos.
Propaganda y montaje
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos limitaba la propaganda durante la precampaña a lo interno de las organizaciones, pero esas restricciones fueron eliminadas por sentencia del Tribunal Constitucional (TC) , por lo que se dio libertad a los aspirantes de promoverse en todos los espacios.
El TC también validó el origen de los recursos para el montaje de las primarias, al rechazar una acción de inconstitucionalidad en contra del texto legal que dispuso que serán organizadas con recursos de la contribución económica que otorga el Estado a los partidos y aportes de la JCE en equipos y logística.En cuanto a la logística, está montada como unas elecciones generales, en cuanto la cantidad de recintos y mesas de votación y personal que trabajará en el proceso y las medidas que ha tenido que adoptar la Junta para garantizar el orden, la seguridad y la transparencia.
En el caso del PLD, las primarias serán abiertas, ya que podrán votar todos los inscritos en el padrón general de la JCE, integrado por 7 millones 422 mil 416 ciudadanos.
Mientras en el PRM solo podrán hacerlo un millón 296 mil 483 electores, debido a que eligió la modalidad de primarias cerradas, es decir, que solo pueden votar los inscritos en el padrón de ese partido.
Un total de 11,427 personas fueron inscritas en la JCE como precandidatos presidenciales, congresionales y municipales, de los cuales 6,710 por el PLD y 4,717 por el PRM.
A partir de la reforma de la Constitución en el 2010, y la aprobación de la Ley de Partidos en el 2018, a la JCE le compete montar tres procesos electorales en menos de un año: las primarias de los partidos en este mes; las elecciones municipal, para elegir los alcaldes, regidores, directores municipales y sus vocales en febrero del 2020, así como las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de ese mismo año.
A este complejo proceso habría que agregar, que si el nivel presidencial no se decide en primera vuelta, a la JCE le corresponderá montar otro proceso para junio.
Ese día quedó abierta de manera oficial la precampaña en la que participan los aspirantes a cargos de elección popular.
Fue la fecha límite para que los partidos inscribieran en la JCE sus precandidatos, aunque la institución concedió un plazo de 10 días para hacer corrección en las listas.
El próximo domingo los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno realizarán sus primarias simultáneas, mientras las demás organizaciones que escogieron otras modalidades de elección para seleccionar su candidatos tendrán plazos hasta el 27 de este mes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
