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Proyectos pendientes en casi el final de primera legislatura del Congreso Nacional.
Santo Domingo, R.D.-La primera legislatura ordinaria del Congreso Nacional, iniciada el pasado 16 de agosto del periodo 2428 y que finaliza el 8 de diciembre, registra 112 días hábiles de trabajo, la cual esta próxima a finalizar con una serie de proyectos de leyes pendientes.
Sin embargo, estos continúan acumulando aún una deuda significativa para la sociedad, manteniendo sin aprobar leyes que son ordenadas por la Carta Magna modificada en 2010.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, está consciente y lo ha calificado en ocasiones anteriores como el “pasivo legislativo” que tiene este poder del Estado dominicano.
Algunas de estas son la reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social, la actualización de la Ley 2274 del año 1884 que contiene el Código Penal, modernización del Código de Trabajo establecido en la Ley 16-92.
Además, leyes que representan un alto grado de importancia para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Tal es el caso del referéndum, que es un procedimiento jurídico y político por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación.
Asimismo, otros que conforman la sección de mecanismos de participación ciudadana como lo es el plebiscito y referéndum aprobatorio.
A pesar del diálogo y trabajo que intentan, en algunas ocasiones, realizar los legisladores para enviar al Poder Ejecutivo estas leyes, todavía no han podido alcanzar el consenso necesario, lo que les obliga a postergar estos temas importantes.
“Acción del Congreso es inconstitucional”
Precisamente, con este 2024 han transcurrido tres años desde que el Tribunal Constitucional (TC) emplazara al Congreso Nacional a dictar las leyes reservadas en los artículos 203, 210 y 272 de la Carta Magna.
Estos artículos versan sobre el referendo, referendo aprobatorio, plebiscito e iniciativa normativa municipal, que son procesos que buscan asegurar que los ciudadanos sean escuchados ante debates importantes, como lo son temas de Estado y Gobierno.
El TC emitió la sentencia TC/0113/21 en la que consideró que, desde la reforma constitucional de 2010, ha pasado el tiempo suficiente, razonable y prudente para su aprobación.
Los jueces consideraron que esto ha privado a los ciudadanos del derecho de ser consultados en sus opiniones para que puedan ser consideradas previos a la toma de grandes decisiones nacionales, aunque reconoce las facultades que la Constitución establece al Congreso Nacional, como poder independiente y soberano.
En cuanto a esa acción directa, el TC declaró como inconstitucional por omisión legislativa absoluta en que ha incurrido el Congreso Nacional respecto de la emisión de leyes reservadas en la Constitución en los artículos anteriormente establecidos.
“71 leyes pendientes”
El secretario de asuntos jurídicos de la Fuerza del Pueblo y exdiputado de San Juan, Henry Merán, informó en abril de este año que son exactamente 71 leyes las que deben ser edificadas o requieren de una modificación. Este resultado fue producto de un levantamiento realizado por esa organización política.
El presidente emérito del TC, Milton Ray Guevara, confirmó pasado 27 de junio esta cifra durante una entrevista realizada por un medio de comunicación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció en enero que designaría una comisión conformada por especialistas para la ejecución de una revisión de las leyes complementarias de la Carta Magna. No obstante, todavía la delegación de legisladores no ha sido instituida.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.