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Prisión preventiva fue la medida de coerción más impuesta durante 2016
La provincia Santo Domingo lidera en estas decisiones
SANTO DOMINGO. Aunque la ley dominicana establece que la prisión debe ser la excepción dentro de todas las medidas de coerción que se dicten en los tribunales del país, lo cierto es que esta sigue siendo una de las decisiones preferidas de los jueces.
Las estadísticas más recientes del Poder Judicial así lo revelan. El año pasado las oficinas de Atención Permanente de todo el país fallaron en total 26, 829 casos, de ese total 11, 388 recibieron la prisión preventiva, o sea, casi la mitad de los casos conocidos.
En términos de por cientos, la imposición de prisión preventiva como coerción representó el 42% de las decisiones tomadas.
Cuando se detallan esos datos se evidencia que la provincia Santo Domingo fue la jurisdicción en la que más se impuso la prisión preventiva como coerción con un total de 2, 648 casos, seguido por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se impuso la prisión preventiva en 1, 785 casos.
En tercer lugar quedó la provincia Santiago de los Caballeros con 1, 021 casos y La Altagracia con 766 medidas de ese tipo.
De acuerdo con los datos del Poder Judicial, la provincia Montecristi fue donde menos prisión preventiva se impuso en 2016, al registrar sólo 168 medidas de ese tipo, pero esto también se podría explicar porque fue uno de los lugares con menos número de casos judiciales de todo el país.
Luego de la prisión preventiva, la garantía económica y sus combinaciones, fue la segunda medida más las impuestas en los casos por las Oficinas de Atención Permanente (35%). En 2016 se fallaron 9,814 casos en los que se impuso esa decisión.
En este caso la provincia Santo Domingo y el distrito Nacional llevan casi un empate con 1, 553 y 1, 529 respectivamente. A estas jurisdicciones le sigue la Romana con 803 casos fallados con garantía económica y Santiago con 801.
En cuanto a la presentación periódica, esta fue la tercera medida más adoptada por las Oficinas de Atención Permanente el año pasado. En total 3, 791 casos fueron fallados con esta medida de coerción, siendo La Altagracia (520 casos) la provincia en la que más se adoptó esa medida, le sigue San Cristóbal (489 casos) y San Juan de la Maguana con 432.
Un dato que resalta en las esta estadísticas del año pasado es que en muy pocos casos se deja de imponer medidas de coerción.
El artículo 226 del Código Procesal Penal (CPP) dice que a solicitud del Ministerio Público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en el Código, el juez puede imponer al imputado, las siguientes medidas de coerción: 1) La presentación de una garantía económica; 2) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 3) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5) La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; 6) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga; 7) La prisión preventiva.
Según los datos, la conciliación se da muy poco entre las partes durante la fase de instrucción de los casos judiciales. En 2016 sólo se produjeron cuatro conciliaciones; tres en la provincia Valverde y una en Espaillat. Además, sólo 16 solicitudes de medidas de coerción fueron declaradas inadmisibles.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.