Nacionales
Prisión preventiva fue la medida de coerción más impuesta durante 2016
La provincia Santo Domingo lidera en estas decisiones
SANTO DOMINGO. Aunque la ley dominicana establece que la prisión debe ser la excepción dentro de todas las medidas de coerción que se dicten en los tribunales del país, lo cierto es que esta sigue siendo una de las decisiones preferidas de los jueces.
Las estadísticas más recientes del Poder Judicial así lo revelan. El año pasado las oficinas de Atención Permanente de todo el país fallaron en total 26, 829 casos, de ese total 11, 388 recibieron la prisión preventiva, o sea, casi la mitad de los casos conocidos.
En términos de por cientos, la imposición de prisión preventiva como coerción representó el 42% de las decisiones tomadas.
Cuando se detallan esos datos se evidencia que la provincia Santo Domingo fue la jurisdicción en la que más se impuso la prisión preventiva como coerción con un total de 2, 648 casos, seguido por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se impuso la prisión preventiva en 1, 785 casos.
En tercer lugar quedó la provincia Santiago de los Caballeros con 1, 021 casos y La Altagracia con 766 medidas de ese tipo.
De acuerdo con los datos del Poder Judicial, la provincia Montecristi fue donde menos prisión preventiva se impuso en 2016, al registrar sólo 168 medidas de ese tipo, pero esto también se podría explicar porque fue uno de los lugares con menos número de casos judiciales de todo el país.
Luego de la prisión preventiva, la garantía económica y sus combinaciones, fue la segunda medida más las impuestas en los casos por las Oficinas de Atención Permanente (35%). En 2016 se fallaron 9,814 casos en los que se impuso esa decisión.
En este caso la provincia Santo Domingo y el distrito Nacional llevan casi un empate con 1, 553 y 1, 529 respectivamente. A estas jurisdicciones le sigue la Romana con 803 casos fallados con garantía económica y Santiago con 801.
En cuanto a la presentación periódica, esta fue la tercera medida más adoptada por las Oficinas de Atención Permanente el año pasado. En total 3, 791 casos fueron fallados con esta medida de coerción, siendo La Altagracia (520 casos) la provincia en la que más se adoptó esa medida, le sigue San Cristóbal (489 casos) y San Juan de la Maguana con 432.
Un dato que resalta en las esta estadísticas del año pasado es que en muy pocos casos se deja de imponer medidas de coerción.
El artículo 226 del Código Procesal Penal (CPP) dice que a solicitud del Ministerio Público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en el Código, el juez puede imponer al imputado, las siguientes medidas de coerción: 1) La presentación de una garantía económica; 2) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 3) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5) La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; 6) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga; 7) La prisión preventiva.
Según los datos, la conciliación se da muy poco entre las partes durante la fase de instrucción de los casos judiciales. En 2016 sólo se produjeron cuatro conciliaciones; tres en la provincia Valverde y una en Espaillat. Además, sólo 16 solicitudes de medidas de coerción fueron declaradas inadmisibles.
diariolibre.com
Nacionales
Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia
Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
Balance de incidentes y atención médica durante el asueto
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.