Nacionales
Prisión preventiva fue la medida de coerción más impuesta durante 2016
La provincia Santo Domingo lidera en estas decisiones
SANTO DOMINGO. Aunque la ley dominicana establece que la prisión debe ser la excepción dentro de todas las medidas de coerción que se dicten en los tribunales del país, lo cierto es que esta sigue siendo una de las decisiones preferidas de los jueces.
Las estadísticas más recientes del Poder Judicial así lo revelan. El año pasado las oficinas de Atención Permanente de todo el país fallaron en total 26, 829 casos, de ese total 11, 388 recibieron la prisión preventiva, o sea, casi la mitad de los casos conocidos.
En términos de por cientos, la imposición de prisión preventiva como coerción representó el 42% de las decisiones tomadas.
Cuando se detallan esos datos se evidencia que la provincia Santo Domingo fue la jurisdicción en la que más se impuso la prisión preventiva como coerción con un total de 2, 648 casos, seguido por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se impuso la prisión preventiva en 1, 785 casos.
En tercer lugar quedó la provincia Santiago de los Caballeros con 1, 021 casos y La Altagracia con 766 medidas de ese tipo.
De acuerdo con los datos del Poder Judicial, la provincia Montecristi fue donde menos prisión preventiva se impuso en 2016, al registrar sólo 168 medidas de ese tipo, pero esto también se podría explicar porque fue uno de los lugares con menos número de casos judiciales de todo el país.
Luego de la prisión preventiva, la garantía económica y sus combinaciones, fue la segunda medida más las impuestas en los casos por las Oficinas de Atención Permanente (35%). En 2016 se fallaron 9,814 casos en los que se impuso esa decisión.
En este caso la provincia Santo Domingo y el distrito Nacional llevan casi un empate con 1, 553 y 1, 529 respectivamente. A estas jurisdicciones le sigue la Romana con 803 casos fallados con garantía económica y Santiago con 801.
En cuanto a la presentación periódica, esta fue la tercera medida más adoptada por las Oficinas de Atención Permanente el año pasado. En total 3, 791 casos fueron fallados con esta medida de coerción, siendo La Altagracia (520 casos) la provincia en la que más se adoptó esa medida, le sigue San Cristóbal (489 casos) y San Juan de la Maguana con 432.
Un dato que resalta en las esta estadísticas del año pasado es que en muy pocos casos se deja de imponer medidas de coerción.
El artículo 226 del Código Procesal Penal (CPP) dice que a solicitud del Ministerio Público o del querellante, y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se explica en el Código, el juez puede imponer al imputado, las siguientes medidas de coerción: 1) La presentación de una garantía económica; 2) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 3) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informa regularmente al juez; 4) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5) La colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; 6) El arresto domiciliario, en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga; 7) La prisión preventiva.
Según los datos, la conciliación se da muy poco entre las partes durante la fase de instrucción de los casos judiciales. En 2016 sólo se produjeron cuatro conciliaciones; tres en la provincia Valverde y una en Espaillat. Además, sólo 16 solicitudes de medidas de coerción fueron declaradas inadmisibles.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Nacionales
MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.